La Comisión Primera de la Cámara sesionó en torno a las difíciles condiciones de seguridad que afrontan los líderes sociales en el país. Según datos revelados por el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, desde el 1° de enero de 2024 hasta el pasado 31 de julio, fueron asesinados 17 defensores de derechos humanos, de quienes hacen parte líderes sociales, así como firmantes del Acuerdo de Paz.
Ante esta situación, desde el Congreso de la República se lanzó una voz de alerta, en medio de una audiencia pública citada por congresistas del conservatismo, Cambio Radical y el Centro Democrático. Esa célula legislativa exigió a varios estamentos del Gobierno nacional entrar a responder sobre las medidas que se están tomando desde la Casa de Nariño para garantizar la seguridad y el bienestar de estas personas en el territorio nacional.
En el Congreso se hicieron presentes el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos; la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruíz; el ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez Gómez; el alto comisionado para la Paz, José Otty Patiño Hormaza; el director general de la Policía Nacional, general William René Salamanca Ramírez; el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, y el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, además de la Fundación sin Olvido, en cabeza de Luz Marina Giraldo, y el Sindicato de Trabajadores Unidad Nacional de Protección (Sintraunp), con la vocería de Camilo Torres.
Salidas a la crisis
Tras algunas de las inquietudes presentadas por los congresistas Carlos Felipe Quintero, Jorge Eliécer Tamayo, Jorge Alejandro Ocampo, Duvalier Sánchez, entre otros, el primero de los ministerios en pasar al tablero fue el de Justicia. Al respecto, Ángela María Buitrago explicó que "se están investigando las denuncias por amenazas y hostigamientos en contra de estas personas e incluso los procesos negociación de paz con grupos armados que pretenden reducir los ataques sistemáticos contra este grupo poblacional”.
Según conoció EL NUEVO SIGLO, la Corte Suprema de Justicia, que se conectó virtualmente a la diligencia en la Cámara de Representantes, anunció que desde hace varios meses trabaja en conjunto con el Ministerio de Justicia para darle herramientas más contundentes a la justicia en esta materia, entre las que se encuentra la fortaleza en las condenas contra instigadores y homicidas de líderes sociales, así como una protección para grupos sociales especiales en alto riesgo.
El asesor de paz de la oficina del alto comisionado para la Paz de la Presidencia de la República, Otty Patiño, explicó que “los frentes que tiene el Gobierno nacional para conversar de paz con los diferentes grupos armados enfocan un punto de esa negociaciones en el respeto a la vida, la integridad y el trabajo comunitario de los líderes sociales, que se incluye en todas las regiones del país donde el Estado debe hacer presencia”.
Sin embargo, “la Fuerza Pública debe entrar a combatir contra aquellas organizaciones al margen de la ley que no continúen los procesos de paz con el Gobierno”, advirtió Patiño. Por su parte, el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, señaló que la presencia de los uniformados está garantizada en todo el país y que no hay territorios vedados para la Fuerza Pública.
La UNP, en el ojo del huracán
Las últimas semanas han sido caóticas para la Unidad Nacional de Protección. El descubrimiento de una caravana disidente en vehículos de la Unidad, sumado a las denuncias del senador José Vicente Carreño al señalar que en un vehículo de la entidad se dio el traslado de heridos de la guerrilla desde zonas de conflicto en Arauca, y el hallazgo de un secuestrado en la misma región, no son buen presagio para la entidad.
El director del sindicato de la UNP dijo que “muchos son asesinados por la negligencia en atención y respuesta por parte de la Unidad Nacional de Protección de Colombia y la Defensoría del Pueblo está al tanto de este tipo de hechos que hemos documentado varias denuncias con pruebas ante esa institución”. Tras el debate, la célula legislativa confirmó que adelantará el seguimiento respectivo a la efectividad de las medidas de protección.