UN INFORME de la Contraloría General en torno al proceso de reconstrucción del archipiélago de San Andrés y Providencia, afectado por el paso del huracán Iota en noviembre de 2020, generó ayer un nuevo foco de tensión entre el expresidente Iván Duque y el actual gobierno de Gustavo Petro.

Según el ente de control fiscal, el proceso de reconstrucción “ha sido un proceso desafiante y multifacético, que requirió una gestión integral y adaptada a las necesidades específicas de la comunidad”.

Aseguró, además que “este organismo de control realiza, desde el año 2020, un especial seguimiento a los recursos invertidos en la reparación y reconstrucción de las islas de Providencia y Santa Catalina, realizando diversas acciones y evaluaciones detalladas”, en distintos proyectos.

La Contraloría indicó que el proyecto arrancó en enero de 2021, “con una asignación presupuestal de $ 646.218 millones de pesos, aportados por la Ungrd y ejecutados por Findeter, de los cuales se han desembolsado $ 625.854 millones correspondientes a un avance financiero del 96,84%”.

Destacó la ejecución de obras en 1831 viviendas, dentro de las cuales 765 casas integrales fueron reparadas, al igual que otras 330 tipo 2 y 4 y 736 viviendas ajustadas al lote VAL.

“De las 1831 viviendas construidas, 1684 han sido entregadas oficialmente a los beneficiarios. Sin embargo, 147 no han sido recibidas por parte de los beneficiarios mediante un acta oficial, toda vez que han presentado solicitudes que están fuera del alcance contractual: viviendas no entregadas por situaciones de salud del beneficiario, solicitudes para que se les haga un reconocimiento económico adicional a la intervención realizada e inconformidades técnicas y sociales”, manifestó la Contraloría.

Igualmente, informó que el Hospital Local de Providencia de primer nivel, se encuentra funcionando y operando oportunamente desde el 1 de octubre de 2023, para lo cual se requirió una inversión de $ 8.889 millones.

En cuanto a los refugios, se estableció que “la Ungrd realizó la contratación para la construcción de 5 refugios temporales para la población de las islas de Providencia y Santa Catalina, ubicados en la iglesia bautista New Life Tabernacle (Suroeste), capilla Divina Misericordia (Casa Baja), escuela de música Tom & Silaya (Punta Rocosa), casa cural de Santa Isabel y en la iglesia Bautista Centro, entregados formalmente el 16 de octubre de 2022, donde se han invertido un total de $ 2.880 millones”.

También destacó logros en cuanto a proyectos de agua potable, que incluyeron dragado embalse agua dulce, optimización planta de tratamiento de agua potable y otros.

Polémica

Frente a ese informe de la Contraloría, el expresidente dijo en su cuenta X que “la Contraloría General destaca la reconstrucción de Providencia como un modelo exitoso y referente histórico en gestión de desastres”.

Asimismo, afirmó que “gracias a todo un equipo maravilloso de personas comprometidas, lo logramos. Cuántas mentiras y calumnias se dijeron con sentido politiquero, pero es con hechos cómo se construye país”.

El pronunciamiento del expresidente va referido a los comentarios de varios sectores de este gobierno Petro, según los cuales el anterior Gobierno no había cumplido con el proceso de reconstrucción, además de alegar sobre la pérdida de un dinero en medio de los trabajos en San Andrés y Providencia, tras el paso de Iota.

Uno de ellos fue el presidente Petro, quien viajó hasta San Andrés días después de ganar las elecciones en 2022. Desde allá cuestionó el programa de reconstrucción. También dijo que era un exabrupto que una casa en la isla tuviera un valor de 600 millones de pesos.

“Son edificaciones para los que no pueden ver la foto, de aproximadamente 70 metros cuadrados. En promedio, esto da casi 10 millones de pesos por metro cuadrado. Entonces, por qué un valor tan sorprendente; cómo puede valer en Providencia una casa en concreto, con tejas de zinc, muchas veces, algo de estructura de acero, 600 millones de pesos”, destacó Petro en aquella oportunidad.

También habló de la necesidad de abrir una investigación por un presunto sobrecosto. Afirmando que: “Eso amerita investigaciones y espero que los órganos de control lo hagan a partir de los costos unitarios”.