SAN ANDRÉS, Providencia y Santa Catalina esperan recuperar la senda del desarrollo y el bienestar de su población, tras el durísimo golpe que recibió el turismo en los dos últimos años, que representa el 90% de sus recursos, por la pandemia y luego por el huracán Iota. Así como tras poner punto final a las demandas de Nicaragua. El nuevo gobernador y el alcalde deben materializar las acciones que le prometieron a sus electores, y ‘aterrizar’ las medidas y beneficios producto de la declaración de zona de frontera que hizo de esta región el Gobierno Nacional.

Los ministerios del Interior; de Relaciones Exteriores; de Hacienda; de Minas y Energía; el de Comercio, Industria y Turismo; así como el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), firmaron el Decreto 0931 el pasado 7 de junio, por medio del cual se determina el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como zona de frontera y unidad especial de desarrollo fronterizo.

La Ley 2135 de 2021 estableció un régimen especial para los departamentos y municipios fronterizos, con el objeto de fomentar el desarrollo integral y diferenciado de estas zonas, en aras de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Dicho decreto establece que una vez se cumpla un año desde la determinación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como zona de frontera y unidad especial de desarrollo fronterizo, el Gobierno nacional deberá hacer una revisión de la efectividad de los beneficios.

La declaración como zona de frontera permitirá dinamizar la infraestructura hotelera, turística y el comercio, de acuerdo con el Gobierno.

De igual forma, según dijo a finales de junio pasado el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, “nos sentaremos con los ministerios a definir los beneficios especiales en materia de precios de combustibles, incluso, algunos temas tributarios que podamos definir para mejorar la economía de la isla”.

El tema de combustibles al que hace referencia el ministro Velasco, tiene que ver con que el tratamiento especial para el archipiélago permitirá, entre otros beneficios, que las aeronaves puedan abastecerse de gasolina con tarifas diferenciales.

Otros beneficios que tendrá el archipiélago por ser declarada zona de frontera es un descuento en las tasas y derechos que son cobradas al pasajero por el uso de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla.

También el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo impulsará un decreto para que no paguen tributos aduaneros los envíos procedentes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que lleguen al resto del territorio nacional.

De igual forma, esta cartera impulsará la inversión con infraestructura, competitividad y aumento de las capacidades de los prestadores de servicios turísticos.

Las inversiones priorizadas apuntan a diversificar la oferta del destino hacia productos de turismo cultural, creativo, de naturaleza y de turismo náutico, para atraer más visitantes nacionales y extranjeros.

Así mismo, se busca fortalecer el comercio de la isla con los países del Caribe. “Con el apoyo de la DIAN y de la Cancillería, se está trabajando en la identificación de los productos que pueden incluirse en la canasta básica fronteriza, para facilitar el acceso a estos bienes y el intercambio con los países del Caribe”, dijo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña.

Para atender la demanda de nuevos créditos que requieran prestadores de servicios turísticos, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Banca de las Oportunidades, proyectan establecer una línea de crédito por 15.000 millones de pesos para apoyar la cadena de valor del sector en el Archipiélago.

Con la expedición de estas y otras medidas se busca reactivación de distintos sectores económicos que se han visto afectados en el último tiempo como consecuencia de operaciones aéreas canceladas, la demora en la reconstrucción de infraestructura comercial, hotelera y residencial tras el paso del huracán Iota en 2020, entre otros, que impactan el turismo y la recreación de la zona.

Esta semana estuvo en San Andrés, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo en el lanzamiento de la estrategia de 'Inclusión Financiera para el Archipiélago', que apunta a apoyar la reactivación de las islas y su diversificación productiva.

Problema de migración

Una problemática que ha crecido en el último tiempo es que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha convertido en una escala obligada en otra de las rutas de migrantes de distintas nacionalidades que buscan llegar a Estados Unidos. Muchos de ellos arriban a las islas y quedan allí varados por semanas, generando una afectación porque no hay infraestructura para su atención.

Otros se demoran poco en San Andrés, de donde salen para Cayo Pescador y desde allí zarpan a Nicaragua, pero corren peligro porque van en embarcaciones que no garantizan su seguridad.

En un reciente informe la Procuraduría dio cuenta que entre 2022 y 2023, la Armada Nacional rescató más de mil migrantes, entre ellos niños, ancianos y mujeres gestantes, que se dirigían hacia las costas de Nicaragua en la ruta a Estados Unidos.

El Ministerio Público urgió al Gobierno nacional a apersonarse de esta problemática. El procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, aseguró que “Migración Colombia, ni la Occre (Oficina de Control, Circulación y Residencia) están tomando las medidas necesarias; se deben redoblar los esfuerzos con mensajes dirigidos a los migrantes, exponiendo los riesgos a los cuales se enfrentan, así como mejorar el control de ingresos de ciudadanos extranjeros en la isla”.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo frente a esta situación que “como medida para frenar los llamados trayectos VIP de migración irregular, instó a las entidades estatales y autoridades competentes a redoblar esfuerzos para la detección y sanción de la venta de actividades no autorizadas por la ley. Y a Migración Colombia, diseñar estrategias de mayor control en los aeropuertos del país para evitar el tránsito irregular de migrantes”.

Del mismo modo, hay preocupación en San Andrés por la sobrepoblación que se ha generado. El censo del DANE señaló que la población total en las islas son 48.000 personas. Sin embargo, los lugareños creen que pasan de las 70.000 porque colombianos que vienen desde el continente como turistas, terminan quedándose, algunos asegurando que son desplazados.

La infraestructura habitacional y de servicios públicos de las islas no dan para ese número de habitantes, más la población flotante de los turistas, por lo que se genera un problema sanitario y de afectación al medioambiente.

Un nuevo enfoque

Hay varios sectores económicos del archipiélago que consideran necesario dar una nueva dimensión a su desarrollo, si bien fortaleciendo el comercio y el turismo, sus principales fuentes, también impulsando el sector agropecuario.

De las 4.400 hectáreas de la isla, 3.233 están catalogadas como Unidades de Producción Agropecuaria. No obstante, se requieren políticas para hacer crecer el sector y que al menos pueda abastecer de alimentos a las islas.

Muchos de los productos agropecuarios que se consumen llegan del continente, y por efectos del transporte marítimo o aéreo son costosos. Un plátano puede costar $ 10.000.

Previo a ello, los pescadores del archipiélago piden al Gobierno nacional y departamental ayudas para tecnificar su actividad y aprovechar de mejor manera la alta riqueza que existe.

En este punto, igualmente se espera que el Gobierno nacional en las conversaciones que tiene previstas con Nicaragua, defina los permisos para que los pescadores raizales y de alta escala colombianos puedan transitar sin ninguna restricción en las aguas que fueron reconocidas a esa nación por el fallo de la Corte Penal Internacional.