Durante la posesión del nuevo contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, el presidente Gustavo Petro le pidió independencia, no solo frente a su Gobierno, sino también respecto al Congreso de la República.
Por eso Rodríguez fue claro al señalar que en su gestión demostrará que solo obedecerá a las funciones que le ordena la Constitución y que este ente de control no va a ser un instrumento para eliminar a la oposición.
De igual manera, en entrevista con EL NUEVO SIGLO, el contralor Rodríguez sostuvo que presentará al Congreso una propuesta de actualización legislativa para fortalecer y hacer verdaderamente un operativo al proceso de responsabilidad fiscal y el consiguiente cobro coactivo, que debe generar la recuperación del recurso público.
También resaltó que la Contraloría General viene realizando un seguimiento permanente a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) para verificar la adecuada y eficaz inversión en el proyecto Hidroituango y que, al mismo tiempo, un grupo élite de la entidad está adelantando auditorías a los contratos involucrados en temas del OCAD-Paz.
Asimismo, recordó su compromiso con el Congreso para presentar un informe del estado actual de cada una de las contralorías territoriales y enfatizó en que estas entidades no pueden convertirse en focos de extorsión a nivel territorial.
La independencia
EL NUEVO SIGLO: Muchos críticos del proceso de elección del Contralor siguen hablando de que su nivel de autonomía frente al Gobierno y las bancadas es muy estrecho ¿Qué responderles?
CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ: Lo manifesté desde mi elección, y tengo que reiterarlo: desde el día en que empecé a ejercer el cargo de Contralor General de la República y hasta que finalice mi período como tal, cumpliré el compromiso de actuar con la debida independencia del Gobierno, pero obedeciendo al principio de colaboración armónica.
Los ejes fundamentales de lo que será mi gestión al frente de la Contraloría empiezan precisamente con la independencia del Contralor y este organismo de control, el desarrollo del principio de colaboración armónica con las diferentes ramas y órganos del poder público y el cambio en las prácticas del control fiscal.
Durante el proceso de elección para ser Contralor, jamás hablé con el Presidente de la República, apenas lo hice el día de mi posesión, cuando me dijo que, sin temor, investigue cualquier atisbo de corrupción que detecte.
Los hechos van a demostrar esa independencia y que el ejercicio de mi cargo como Contralor General de la República no obedecerá sino al cumplimiento de las funciones que me ordena la Constitución y al pleno ejercicio del control fiscal por parte también de los directivos que me acompañarán y de los propios funcionarios de la entidad que hoy orgullosamente encabezo.
Esta Contraloría no va a ser un instrumento para eliminar a la oposición. Esta entidad no puede ser un instrumento que sirva para castigar o para sancionar y para perseguir de manera mezquina a determinado sector.
ENS: ¿Qué nuevos énfasis tendrá el control preventivo y concomitante para hacerlo más efectivo?
CHR: Mediante la reforma constitucional aprobada en 2019, la Contraloría General de la República comenzó a aplicar el llamado control fiscal preventivo y concomitante, que no puede confundirse con el control previo.
Hoy se evalúan los resultados alcanzados desde esa reforma, señalándose por una parte que ha sido un instrumento eficaz contra la corrupción, pero también indicándose por parte de algunos el carácter coadministrativo que puede implicar.
Es pertinente analizar esto con juicio y sin apresuramientos, valorando los resultados positivos y señalando la conveniencia de mirar lo que haya que ajustar.
Las reformas
ENS: ¿Está de acuerdo con acabar la Contraloría y pasar a un Tribunal de Cuentas?
CHR: Igual aplica para el caso de la propuesta de crear un Tribunal de Cuentas en sustitución de la Contraloría. En su momento, presentaremos ante el Congreso nuestra posición sobre el tema, considerando para ello los distintos puntos de vista que se tienen al respecto, a favor y en contra, para plantear lo que sea más conveniente para mejorar y optimizar el control fiscal.
Bienvenidas las opiniones y los criterios de los mismos congresistas, del Gobierno, de expertos en el tema de control fiscal, de excontralores, de la Auditoría General de la República, de los mismos funcionarios y sindicatos de la entidad, de las propias entidades vigiladas y claramente de la propia ciudadanía. También debe valorarse la experiencia al respecto en otros países. En fin, hay mucho por analizar y por considerar, para llegar a una propuesta final de la Contraloría al respecto.
Ese debate sobre el Tribunal de Cuentas tiene que hacerse. Venimos de una reforma reciente al control fiscal y ya viene otra. Las reformas constitucionales fueron aprobadas en el año 2019 y reglamentadas solamente en el año 2020. Considero que debe permitirse su desarrollo para valorar sus resultados. Pero bueno, mientras se debate ese proyecto, la Contraloría va a seguir cumpliendo sus tareas constitucionales, como tiene que ser.
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Enfrentando la impunidad
ENS: ¿Qué responderles a quienes dicen que, salvo contadas excepciones, los fallos de responsabilidad no se pagan y eso da lugar a impunidad rampante? ¿Qué hacer para enfrentar esta situación?
CHR: La gestión de recaudo y resarcimiento ha mejorado; sin embargo, es claro que debe seguirse fortaleciendo dadas las dificultades que entraña per se el cobro coactivo. Y son distintas situaciones que es necesario superar, muchas de ellas ajenas a la gestión del ente de control.
Le puedo citar solo algunas, que impactan la recuperación de los recursos públicos, como por ejemplo el hecho de que los funcionarios o particulares que manejen recursos públicos se insolventen.
También está el hecho de que algunos servidores públicos al momento de tomar posesión de los cargos ya no cuentan con un respaldo económico. A ello se suma la falta de una política pública frente al mercado asegurador y lo que entraña las debilidades en garantías.
Estas y otras razones hacen que dentro de los derroteros que me he impuesto para este cuatrienio esté precisamente mejorar el recaudo de la Contraloría. Esta será para mí una tarea prioritaria de mi gestión. De hecho, mi intención es presentar al Congreso de la República una propuesta de actualización legislativa para fortalecer y hacer verdaderamente operativo el proceso de responsabilidad fiscal y el consiguiente cobro coactivo, que debe generar la recuperación del recurso público.
Cuanto tengamos estructurado ese proyecto, daremos a conocer las alternativas que planteamos al respecto.
Las pesquisas
ENS: Sobre el caso de Reficar ¿en qué están hoy las pesquisas fiscales? Y, así como pasó con Hidroituango, ¿qué posibilidades hay de recuperar parte del billonario descalabro y los sobrecostos?
CHR: Para este caso concreto de Reficar, con ocasión del fallo con responsabilidad fiscal por $2,9 billones se adelanta el respectivo cobro coactivo para quienes fueron hallados responsables fiscales, debiendo indicar que dentro de la respectiva actuación se cuenta con medidas cautelares, además de que en el proceso también se hacen efectivas reclamaciones frente a los asegurados. Vale la pena señalar, además, que la Contraloría General también participa como víctima en los procesos penales para el caso de Reficar, en busca de obtener resarcimiento al patrimonio público. Y, conforme a la legislación vigente, los responsables fiscales se encuentran en el Boletín de Responsables Fiscales, situación que los inhabilita para contratar con el Estado.
ENS: Todo el país tiene la vista puesta en el escándalo de los OCAD-Paz, ¿cuándo la Contraloría dará luces sobre el manejo de estos billonarios recursos?
CHR: Escándalos de corrupción como estos no deben suceder más. Hay que poner un pare, No más, a hechos tan vergonzosos como ha sido este episodio alrededor de proyectos viabilizados por el OCAD-Paz. Lo primero que hay que reconocer aquí es el valioso aporte que prestan los medios de comunicación al recoger las denuncias que prendieron las alarmas sobre la millonaria cantidad de recursos de la paz que podrían haberse desviado.
Lo que puedo anunciar es que un grupo élite de la entidad está adelantando auditorías a los contratos involucrados en temas del OCAD- Paz. Y, por otra parte, se auditarán los contratos que tienen alertas de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), con el fin de determinar el respectivo porcentaje de ejecución y establecer los hallazgos que sean del caso. En resumen, esta Contraloría investiga lo que es de su competencia y ha puesto la lupa sobre los procedimientos seguidos en cuanto a recomendaciones y observaciones formuladas ante este órgano colegiado de decisión. Valga recordar que la Auditoría General de la República analizó la gestión de la CGR al respecto y dijo que se dieron advertencias de presuntas irregularidades.
Contralorías territoriales
ENS: ¿Las contralorías territoriales y municipales deben desaparecer por los señalamientos de politización y politiquería?, ¿o qué hacer para aumentar su efectividad y transparencia?
CHR: El tema de las contralorías territoriales siempre ha sido de amplio debate, en el ejercicio del control fiscal y también del mismo control político. Y tiene que revisarse. Como planteé en el Congreso, en la exposición que hice para sustentar mi entonces candidatura al cargo de Contralor General, es un debate que no podemos rehuir. Por eso mismo, me comprometí con el Congreso a presentarles un informe del estado actual de cada una de las contralorías territoriales, de manera que podamos saber cómo se encuentran, cuál es su capacidad institucional y así tomar medidas frente a cómo se van a fortalecer, que vayan dirigidas a lograr uno de los propósitos que me he impuesto, como es lograr que se pueda tener un desarrollo armónico del control fiscal territorial.
Tengo que hacer énfasis en que estas contralorías no pueden convertirse en focos de extorsión a nivel territorial. Debe existir autonomía e independencia y, a través del Sistema Nacional de Control Fiscal (Sinacof), debe darse una plena armonía y fijar directrices, de manera que finalmente se gane confianza y credibilidad ante la opinión pública. De otra parte, tengo la intención de estar vigilante de los procesos de concurso de méritos para elegir a los contralores territoriales.
CHR: Frente al tema de Hidroituango ¿ya todo está cerrado desde el rol de la Contraloría?
ENS: La Contraloría General de la República, a través de su Delegada de Infraestructura, viene realizando un Seguimiento Permanente a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) para verificar la adecuada inversión, en el proyecto Hidroituango, de los $4,3 billones que fueron recuperados como consecuencia del fallo de responsabilidad fiscal que se profirió en septiembre del año 2021.
Se trata de verificar que dichos recursos efectivamente sean bien invertidos en la construcción y puesta en operación de la primera parte de este proyecto.
También se está verificando que EPM incorpore debidamente el cronograma del proyecto, las acciones y obras necesarias para solucionar adecuadamente los principales riesgos técnicos y ambientales que fueron detectados por el consultor externo y cuya validación final y ejecución será un prerrequisito para que la empresa pueda solicitar el levantamiento de las medidas cautelares impuestas al proyecto Hidroituango por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), luego de sucedido el evento crítico de abril del año 2018.
Y, adicionalmente, se verifica el cumplimiento de las fechas programadas y anunciadas públicamente por EPM, para la entrada en operación de las primeras dos de ocho turbinas que hacen parte de este muy importante proyecto de generación eléctrica, lo cual esperamos que suceda antes del próximo 30 de noviembre.
En la academia y la función pública
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, es abogado de la Universidad Santiago de Cali, magíster en Derecho Constitucional y especialista en Derecho Administrativo. Nació en Palmira (Valle del Cauca), y está casado con Lina María Bedoya Gutiérrez, con quien tiene dos hijos: Manuela y Carlos Andrés.
Tiene una extensa trayectoria en el campo académico y universitario y es así como durante 30 años ha prestado sus servicios a reconocidas instituciones de educación superior, de manera especial en el departamento del Valle del Cauca y en la ciudad de Cali.
Como parte de su ejercicio académico ha publicado dos libros: “Estructura y organización del Estado constitucional colombiano” y “La gestión, el control y la responsabilidad de la administración pública en Colombia”.
En cuanto a su trayectoria en el desempeño de funciones públicas, se destaca el ejercicio como concejal del municipio de Palmira (Valle del Cauca), diputado de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca (sobreviviente del secuestro de los diputados de este departamento), secretario de Desarrollo Institucional del Departamento del Valle del Cauca, contralor general del Departamento del Valle del Cauca, defensor regional del Pueblo del Valle del Cauca, director nacional del Sistema de Defensa Pública de la Defensoría del Pueblo y auditor general de la República, elegido por el Consejo de Estado para el período 2017-2019.
El contralor Rodríguez Becerra se ha comprometido a que su gestión estará orientada por la independencia frente al Gobierno y el Congreso, pero sin descartar la aplicación del principio de colaboración armónica. Para el contralor es fundamental trabajar de manera armónica con el Congreso y que sus informes y actuaciones no estén sujetos a reserva y se conviertan en avisos de advertencia, siendo un insumo importante para las labores de control político.