Sin decisión terminó la primera Sala Plena de la Sala Especial del Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, encargada de decidir si continúa con el estudio del proceso que lesigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez o si traslada la competencia a la Fiscalía General de la Nación.

Fuentes del alto Tribunal explicaron que no hubo consenso sobre la decisión y que ahora le corresponde al magistrado César Reyes proyectar una ponencia de fallo que será estudiada en la próxima Sala Plena prevista para el jueves 27 de agosto.

Quiere decir que, por ahora, la Corte no convocará a sala extraordinaria, a menos que surja algún elemento que obligue a cambiar la agenda.

La Sala Especial de Instrucción está integrada por seis magistrados: César Reyes, ponente de la decisión que por unanimidad fue acogida para imponer a Uribe medida de aseguramiento de detención preventiva el pasado 3 de agosto; Francisco Javier Farfán, Misael Rodríguez, Héctor Alarcón y Marco Antonio Rueda, además de la magistrada Cristina Lombana que fue recusada y por ello no participa del proceso.

La Sala estudia la petición que radicó esta semana la defensa de Uribe, en el sentido de pedirle que traslade la competencia del proceso a la Fiscalía General de la Nación teniendo en cuenta que su cliente renunció a su curul senatorial.

Como ha informado EL NUEVO SIGLO, varios juristas señalan que los cinco magistrados deben analizar si los delitos que se le imputan a Uribe tienen relación directa con su función como congresista. Si establecen  esa relación, el caso seguiría de conocimiento de la Corte Suprema. En caso contrario el expediente pasaría a la Fiscalía.

Justamente ese es uno de los argumentos de la defensa en un extenso documento que radicó esta semana en el que, basado en abundante jurisprudencia de la propia Corte y sentencias de la Corte Constitucional, sostiene que “las conductas punibles que son objeto de investigación, ningún vínculo tienen con la función de congresista” de Uribe Vélez.

Incluso, el abogado Jaime Granados, apoderado del expresidente, descartó que su defendido haya cometido alguna conducta ilegal con dos miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo, como ha dicho la parte civil.

Por ello, el jurista sostiene en el radicado que a su cliente “se le están violando sus derechos fundamentales”, y agrega que la medida de aseguramiento “es abiertamente arbitraria y sin fundamentos legales”.

Otro de los argumentos que planteó la defensa para que el caso pase a la Fiscalía es el origen mismo del proceso por cuanto, según Granados, este no tuvo origen en un debate de control político promovido por el senador Iván Cepeda el 17 de septiembre de 2014.

En ese aspecto, el documento de la defensa sostiene: “El proceso 38.451, derivado de la denuncia que el doctor Álvaro Uribe Vélez presentó en contra de Iván Cepeda Castro, no surge con ocasión del mencionado debate de control político promovido por Cepeda Castro, pues la denuncia ya había sido presentada desde el año 2012, siendo admitido mi prohijado, desde ese mismo año, como Parte Civil, en ese proceso”.

Es decir, para la defensa, los hechos por los que es investigado el exsenador Uribe no tienen relación alguna con su función como congresista.

Granados insiste en que la propia Corte Suprema de Justicia tiene varias sentencias de la Sala Especial de Instrucción y de la Sala Penal del alto Tribunal “en donde han aceptado la pérdida de competencia para investigar delitos como soborno en actuación penal y fraude procesal cuando se cesa en el ejercicio de las funciones de los aforados que son investigados por dichas conductas”.

Así las cosas, se espera que la Sala Especial de Instrucción tome una decisión de fondo sobre su competencia para seguir conociendo de este proceso o lo remita a la Fiscalía General de la Nación.