La Sala Plena de la Corte Constitucional convocó a audiencia pública en el expediente correspondiente al control de constitucionalidad de la Ley por medio de la cual se ratificó el Acuerdo Escazú que suscribió Colombia en materia ambiental. Para el efecto, la Sala consideró que, si bien se han recibido intervenciones oficiales y ciudadanas, al igual que conceptos técnicos y pruebas practicadas en el proceso, resulta necesario convocar un espacio de diálogo abierto que permita confrontar los argumentos presentados.

La audiencia pública que se desarrollará el próximo 26 de abril de manera presencial desde las 8:30 a.m. en las instalaciones del Palacio de Justicia, se adelantará en torno a un eje temático denominado: Aproximaciones a la relación del Acuerdo de Escazú con el principio de seguridad jurídica y el principio de soberanía nacional.

Los participantes responderán preguntas orientadoras que le permitirán a la Corte profundizar sobre si el contenido del instrumento internacional desconoce o no los principios de seguridad jurídica y soberanía nacional, y si aquello incide en otros aspectos relacionados con los requisitos formales y materiales de validez del Acuerdo de Escazú.

Los convocados a la audiencia, entre autoridades públicas, expertos y demás invitados, tendrán hasta 10 minutos para hacer sus intervenciones. Sumado a ello, posterior a la diligencia deberán remitir los escritos de sus intervenciones. 

Cabe destacar que el Acuerdo de Escazú es un instrumento que presta asistencia y protección a las personas que contribuyen a combatir de manera pacífica los delitos que afectan al medio ambiente. Este Tratado entró en vigor el 22 de abril de 2021, es el primero de América Latina y el Caribe respecto al medio ambiente, y pionero en el mundo que incluye disposiciones sobre los derechos de los defensores del medio ambiente. 

Dicho Tratado fue ratificado en el caso de Colombia por la Ley 2273 de 2022, que contó con el respaldo del Gobierno nacional para su discusión en el Congreso.

En su momento fuerzas políticas como el Centro Democrático, así como algunos gremios y sectores alertaron que Escazú significa la pérdida de la soberanía de Colombia, por tratarse de un acuerdo que supone la prevalencia del derecho internacional sobre el orden interno.