LA CORTE Suprema solicitó al presidente Petro declarar en la investigación que adelanta a cinco congresistas y un exparlamentario integrantes de la Comisión de Crédito Público, a quienes supuestamente el Gobierno direccionó tres contratos para que esta célula diera concepto favorable a la solicitud de varios empréstitos a cargos de la Nación.
Esta decisión se formalizó mediante un auto que establece la necesidad de que el mandatario comparezca ante las autoridades judiciales a través de una certificación jurada.
La Corte Suprema ha determinado que la declaración del presidente es esencial para esclarecer los hechos que rodean este caso. La investigación se centra en las presuntas violaciones a las normas de financiación y manejo de recursos públicos, lo que ha generado un amplio debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno actual.
Conforme a lo establecido por el magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos, se ha dado un plazo de tres días hábiles a los sujetos procesales involucrados para que presenten un cuestionario que consideren pertinente para la declaración del presidente. Esta medida garantizaría un proceso transparente y justo, permitiendo a las partes interesadas plantear las preguntas necesarias.
El escándalo de la UNGRD ha sacudido el panorama político colombiano, ya que involucra a funcionarios clave y plantea serias dudas sobre la gestión pública. Las acusaciones incluyen irregularidades en la ejecución de contratos y el uso indebido de fondos destinados a la atención de desastres naturales.
A medida que avanza la investigación, se espera que la declaración del presidente arroje luz sobre los vínculos entre su administración y los congresistas investigados, cuyos nombres son Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado, Karen Astrith Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz.