Después de que el presidente Iván Duque sancionara la Ley de Comida Chatarra, en agosto del año anterior, los promotores y defensores de esta norma llegaron hasta las instalaciones del Ministerio de Salud para denunciar que, a la fecha, no se ha implementado el etiquetado frontal de alimentos.

Frente a ello, las organizaciones y un colectivo de abogados recogieron 9.200 firmas a través de un portal virtual para rechazar las trabas de la cartera para la regulación de esta ley, las cuales fueron entregadas a la dependencia de alimentos de la cartera.

No obstante, denunciaron que el Ministerio, justo un día antes de que se aprobara la ley en el Congreso, expidió la resolución 810 de 2021 que estableció una regulación sobre los sellos, la cual es totalmente diferente a la propuesta en el legislativo. Pero los promotores denuncian que ahora se pretende dar cumplimiento a esta resolución más que a la misma ley.

“En varios países de la región se han implementado sellos negros octogonales, los más efectivos de acuerdo con los estudios; en Colombia la industria y el gobierno quieren imponer un etiquetado confuso que será menos útil para la ciudadanía”, afirmó Yessika Hoyos, abogada y vocera de las organizaciones.

Le puede interesar: Abrieron tres investigaciones a Daniel Quintero

Además, informaron que “llevamos seis años en esta lucha y justo ahora, cuando estamos en la etapa de implementación, hay jugadas que se pueden interpretar como mala fe de los funcionarios”.

Por su parte, el representante a la Cámara y uno de los ponentes del proyecto, Mauricio Toro, señaló que “mientras que los sellos deben ser octogonales para que efectivamente adviertan y haya una alerta, el Gobierno quiere hacerlos circulares para disminuir su impacto y hacerle conejo a la ley. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar para saber qué nos estamos comiendo?”.

Vale recordar que la Ley de Comida Chatarra tiene como objetivo “ofrecer información adecuada a los consumidores en productos altos en contenido de azúcar, sodio, calorías, grasas y otros componentes de los alimentos ultra procesados, para que puedan tomar una decisión informada”.

Al Gobierno nacional le restan seis meses para implementar lo estipulado, por lo que los promotores de la ley hicieron un llamado a que se concrete el cumplimiento de la normativa aprobada en el legislativo, ya que consideran que “de no hacerlo, vulnerarían el derecho a la salud de los consumidores, quienes pueden conocer los contenidos que representan riesgo en algunos alimentos”.