El ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el director de la Policía, el general Henry Sanabria, han sido denunciados ante la Fiscalía por la muerte de un agente y el secuestro de casi 80 más hace unas semanas en Caquetá, en el marco de las protesta campesinas en una petrolera.

La denuncia ha sido presentada por el congresista del Centro Democrático, Óscar Villamizar, quien considera que Velásquez y Sanabria habrían incurrido en omisión de funciones al no intervenir a tiempo durante las protestas.

Villamizar ha explicado que ambos tendrían que haber cumplido con una serie de funciones constitucionales que no se cumplieron y por tanto esa omisión derivó en delitos tales como prevaricación, homicidio agravado, secuestro, o extorsión.

A principios de marzo un grupo de personas irrumpió en las instalaciones que la compañía petrolera Emerald Energy tiene en Los Pozos, en plena Amazonia colombiana, para protestar por el incumplimiento de algunos de los compromisos de la empresa con las poblaciones de alrededor, como pavimentar algunas de vías de acceso.

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Hubo dos muertos como consecuencia de los choques entre campesinos y agentes, un civil y un subteniente de la Policía. Las protestas acabaron por recrudecerse entonces tras un mes, dejando 40 heridos y cerca de ochenta personas retenidas --entre uniformados y trabajadores de la petrolera--, si bien finalmente fueron puestas en libertad tras apenas unos días de cautiverio.

Por estos hechos, el Congreso ya preparara una sesión de control para que el ministro Velásquez y el general de la Policía Sanabria declaren por lo ocurrido en San Vicente del Caguán. El Gobierno central sospecha que las disidencias de las FARC podrían haber organizado y financiado estas protestas.