GRAVES DENUNCIAS contra la JEP hizo el excomisionado de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana, Camilo Gómez, tras la decisión de dicho organismo de incluir en su jurisdicción al exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, como miembro del Ejército Nacional.

En una entrevista con El Tiempo, Gómez manifestó que la determinación es una afrenta tanto para la justicia ordinaria como para el Ejército.

Además, aseguró que, con la intención de incluir el testimonio de Mancuso, la JEP se habría valido de algunas artimañas.

“Es de las cosas más desafortunadas que he visto, desde el punto de vista jurídico e histórico. La JEP se arroga una función que no tiene: definir que Mancuso usurpó funciones públicas, y que actuaba siempre con los militares y con los empresarios, y con funcionarios públicos, y, por lo tanto, se convirtió en una parte de la Fuerza Pública”, destacó.

También dijo existe la probabilidad de que se inicie una persecución contra empresarios, tras declaraciones hechas por el excomandante paramilitar que la JEP ha mantenido ocultas, las cuales vincularían a estas personas con acciones ilícitas, en complicidad con la Fuerza Pública.

“Pues Mancuso está involucrando a mucha gente y la JEP ya tiene los ojos sobre empresas, muchísimas, incluida Ecopetrol, que es pública. Pobrecito Mancuso. Tiene derecho a ser miembro de la Fuerza Pública, pero nadie puede saber por qué, porque la JEP considera que no es momento de dar a conocer las pruebas para esa verdad”, puntualizó.

El excomisionado de paz aseguró a Caracol que, en torno a las negociaciones con Mancuso, observa ciertos intereses económicos. “Mancuso no puede estar en la JEP por clara y expresa disposición constitucional y legal”, manifestó.

“Desde luego no tiene esa capacidad. La JEP pone una función que no tiene. ¿Con qué intenciones? Las desconocemos. Es que, bajo esa teoría, por ejemplo, las Farc dijeron que ellos cobraban impuestos, ¿por eso la JEP los va a declarar como funcionarios de la DIAN? No, eso no tiene sentido ni sustento constitucional ni legal. Lo de Mancuso lo hacen como maroma, porque está prohibido”, indicó Gómez.

En medio de sus declaraciones, afirmó que Mancuso y militares actuaban en coordinación, razón por la que, según dijo, los uniformados también deben ser castigados.

“Eso es cierto y deben castigar a los militares que incurrieron en esa conducta con todo el rigor de la ley, como agravante, además, por ser integrantes de la Fuerza Pública. Eso es sancionable, pero eso no puede conllevar a que Mancuso se vuelva un miembro material y funcional de la Fuerza Pública”, expresó.

En medio de este panorama, el senador de los Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó su preocupación.

“Sumamente preocupado de ver como la JEP en Colombia trata de hacer pasar a Salvatore Mancuso, un reconocido narcotraficante y violador de DD. HH., como si fuera un militar. Sigo esperando la respuesta del Fiscal General Garland sobre mi solicitud para que el Departamento de Justicia rechace cualquier solicitud de extradición de este asesino”, destacó en redes sociales.

Orden de captura

Por su parte, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla impuso medida de aseguramiento contra Mancuso, hoy recluido en una cárcel de los Estados Unidos, por su presunta participación en hechos suscitados cuando fungía como comandante del Bloque Montes de María de la AUC.

“En audiencia de la presente fecha el Despacho de Control de Garantías de esta Sala Especializada decidió imponer a varios postulados una nueva medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, por masivos y sistemáticos crímenes cometidos entre 1997 y 2005”, establece el documento.

Esta es una orden de detención ordenada por el alto Tribunal por delitos como desapariciones forzadas, homicidio de persona protegida, violencia basada en género, desplazamientos forzados, reclutamientos ilícitos y otros crímenes de guerra.

De acuerdo a la información suministrada por Justicia y Paz, han sido más de 130 delitos, la mayoría cometidos en los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar.

Las medidas de aseguramiento impuestas por el tribunal, no afecta la petición hecha por el Gobierno de Colombia a Estados Unidos de extraditar a Mancuso.