El próximo sábado arranca la segunda legislatura del mandato Duque, tras una primera de balance contradictorio. Habrá mucho en juego en materia de reformas de alto calado, gobernabilidad y ajedrez de coaliciones, todo en medio de la puja por el poder regional y local

___________

De los 48 meses de gobierno que le corresponden al presidente Iván Duque, de los cuales está a punto de cumplir los primeros 12, los próximos ocho, a partir del sábado 20 de julio, correspondientes al tiempo efectivo de sesiones en la segunda legislatura parlamentaria, serán determinantes para su mandato.

A diferencia de los gobiernos de Uribe y Santos, que tuvieron la posibilidad de reelección inmediata -con ocho legislaturas para tramitar sus respectivas agendas-, Duque no tiene esa prerrogativa y deberá entregar el poder el 7 de agosto de 2022. Ni un día más.

Lea también: Congreso aprobó 15 proyectos del Gobierno

Así las cosas, las dos primeras legislaturas son las determinantes para este gobierno cuatrienal, pues a partir de la tercera (que comenzará el 20 de julio de 2020) el sol empezará a ponerse a las espaldas del titular de la Casa de Nariño y comenzará a moverse la precampaña por la sucesión presidencial.

Ya Duque tuvo una primera legislatura, pero el balance sobre la misma es distinto, según quien lo haga. Para el Gobierno fue un año muy productivo pues el Congreso le aprobó 15 proyectos de ley y actos legislativos que califica de trascendentales.

Tras el cierre de sesiones parlamentarias el pasado 20 de junio, la Casa de Nariño hizo el inventario: Ley de Financiamiento (o de reforma tributaria), que le otorgó recursos adicionales por más de $8 billones y neutralizó la crisis fiscal; el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que establece las bases programáticas del mandato; y la creación de los ministerios del Deporte y el de Ciencia, Tecnología e Innovación, el primero basado en Coldeportes y el segundo en Colciencias.

El Parlamento también le viabilizó a la Casa de Nariño el proyecto de fortalecimiento del poder sancionatorio de la Superintendencia Nacional de Salud; el Presupuesto General de la Nación para 2019, con los recortes fiscales a bordo; el Presupuesto Bienal de Regalías; y la actualización de la Ley 418, también llamada de Orden Público, que fija las reglas para adelantar procesos de paz.

Igualmente se le dio luz verde a la ley ratificatoria del tratado de ingreso de Colombia a la OCDE; la norma que incentiva el uso de carros eléctricos; la ley de beneficios para militares y policías veteranos; la depuración normativa, anulando más de 11.000 leyes y decretos obsoletos; la Ley de Modernización de las TIC, que sienta las bases para la generalización de la era digital en Colombia, base de la Economía Naranja, uno de los programas bandera y transversales de Duque. También se le dio el sí a Ley Contra el Abigeato así como la norma para hacer más clara y obligatoria la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, que hacía parte del paquete de proyectos anticorrupción.

El Ejecutivo también saca pecho por la aprobación de una de las iniciativas que era parte de sus promesas electorales: el acto legislativo que eliminó la conexidad del narcotráfico y el secuestro con el delito político. Si bien esta restricción no se aplicará de forma retroactiva al acuerdo de paz con las Farc -que el uribismo prometió ajustar durante este gobierno-, sí impactará cualquier posibilidad de un nuevo proceso de paz con el Eln, más aún después de que la negociación ‘heredada’ del gobierno Santos se acabó luego del atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía, en enero pasado.

Por todo ello el Ejecutivo sostiene que, con altas y bajas, la primera legislatura fue muy positiva, sobre todo porque todos los proyectos aprobados y los que quedaron en trámite lo fueron sin que mediara algún tipo de transaccionismo político o “mermelada” presupuestal y burocrática.

Tanto Duque como la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, recalcan que los resultados legislativos comprueban la eficiencia del nuevo método de relacionamiento entre la Casa de Nariño y el Congreso, más aún cuando en esta primera legislatura se estrenó el Estatuto de la Oposición, que obligó a las bancadas a declararse desde el comienzo como gobiernistas (Centro Democrático, La U, conservadores, MIRA y Colombia Justa Libres), independientes (liberales y Cambio Radical) y de oposición (Alianza Verde, Polo, la Farc, Decentes y otras minorías).

¿Fracaso?

Sin embargo, en la otra orilla están quienes consideran que pese a la aprobación de esos 15 proyectos, la primera legislatura no fue la más productiva ni beneficiosa para el Gobierno, pese a que tenía todo el capital político para gastar, al expresidente Álvaro Uribe sentado en el Congreso y a uno de los suyos, Ernesto Macías, del Centro Democrático, presidiendo el Senado.

Lea también: Lecciones de una legislatura sui generis

Los críticos señalan que el Duque sumó sucesivas derrotas como el recorte a la expectativa de recaudo del proyecto original de reforma tributaria (pedía $14 billones), el hundimiento de las reformas política y judicial, el accidentado trámite de varios de los proyectos anticorrupción (incluyendo la forma vergonzante en que fracasó a última hora el que establecía la prohibición de casa por cárcel a corruptos) así como la negativa de la Cámara y la no decisión del Senado sobre las objeciones al proyecto de ley estatutaria de la JEP, que evidenció que pese a que el uribismo tiene el poder presidencial no cuenta con las suficientes mayorías parlamentarias para cumplir con la promesa electoral de ajustar el acuerdo de paz con las Farc, en un país políticamente polarizado al respecto.

También le recriminan a la Casa de Nariño que la mayoría de los proyectos anticorrupción -muchos de ellos derivados de la consulta popular que logró más de 11,6 millones de votos en agosto del año pasado- no avanzaron, uno o dos se hundieron y otros fueron ‘desfigurados’.

Tampoco se pueden olvidar los altisonantes debates sobre mociones de censura a los ministros de Hacienda por el caso de los “bonos de agua” y al de Defensa por las órdenes operacionales para dar más resultados en el campo de batalla, que la izquierda dijo que buscaban revivir los ‘falsos positivos’. Si bien es cierto que las mociones fracasaron y que tampoco prosperó el intento de la oposición por frenar el ascenso del comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, se vio por momentos a un gobierno políticamente débil.

Frente a la tesis gubernamental en torno a que se desterró la “mermelada” presupuestal y burocrática a las bancadas, sobre todo a las gobiernistas, algunos sectores recuerdan que la Casa de Nariño llegó a admitir la inclusión por parte del uribismo de un artículo en el malogrado proyecto de reforma política que daba al Parlamento la posibilidad de direccionar el 20% del presupuesto anual de inversión (más de $9 billones en este 2019) a obras en sus regiones, figura que muchos catalogaron como “súpermermelada” o “mermelada 2.0”. Paradójicamente cuando una iniciativa similar avanzó, impulsada esta vez por el Polo, el Gobierno se opuso y forzó su hundimiento en el Senado.

Incluso varios partidos señalan al Gobierno de no haberle dado importancia a los proyectos de origen parlamentario. Es más, recuerdan que al comienzo del año Duque se reunió con varias bancadas y se comprometió a revisar la agenda de cada colectividad para definir cuáles iniciativas respaldar. Esa promesa, encargada a Mininterior, se incumplió, según algunos voceros partidistas.

Y, por último, es innegable que a lo largo de la primera legislatura hubo varios cortocircuitos entre Gobierno y Parlamento, incluso entre Duque y el Centro Democrático. Mientras que la Casa de Nariño consideró “normales” esos desencuentros, sobre todo en medio de esa “nueva forma de relacionarse con el Congreso”, para algunos analistas lo que se evidenció fue la débil gobernabilidad del Jefe de Estado sobre el Parlamento -a diferencia de Uribe y Santos en su momento- así como la falta de sintonía política y programática de varios ministros con las bancadas, incluso la oficialista, que se ‘rebeló’ en varias ocasiones.

Lo que viene

Visto todo lo anterior, esta segunda legislatura será clave para confirmar o desmentir si lo hecho en la primera fue tan positivo como lo ve el Gobierno o negativo como lo aduce la oposición.

De entrada la Casa de Nariño tiene las esperanzas puestas en dos proyectos de acto legislativo aprobados ya en primera vuelta y que deben surtir sus cuatro debates restantes antes de diciembre.

Lea también: Congreso mostró que es un contrapeso del Ejecutivo: Gil

De un lado está la reforma al Sistema General de Regalías, cuya columna vertebral es aumentar los giros presupuestales a las regiones productoras de petróleo, carbón, gas y otros recursos naturales no renovables. Y, de otro, el acto legislativo que establece que los delitos sexuales en contra de los menores de edad serán conocidos por la justicia ordinaria y no por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Se supone que esta norma no se puede aplicar con retroactividad, pero el Gobierno considera que sí impactaría el juzgamiento de los exguerrilleros de las Farc.

En cuanto a otras reformas, el panorama es incierto. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, indicó que no se insistirá en un nuevo gran ajuste judicial (al estilo del hundido en diciembre pasado), sino que será a ‘cuentagotas’, es decir por proyectos puntuales, decretos y resoluciones. En cuanto a la política, la ministra Gutiérrez prometió un nuevo proyecto para el segundo semestre, pero ha trascendido que la organización electoral tiene un borrador muy adelantado, al que el Gobierno podría ‘colgársele’ e incluso acumular otros proyectos en trámite o a radicar por algunos partidos a partir del sábado próximo. Aun así hay quienes consideran que sería mejor aplazar la iniciativa para marzo, pues no conviene tramitarla de forma paralela a la campaña para los comicios regionales y locales.

Para no pocos analistas, el principal proyecto de esta legislatura sería el de reforma pensional, que ya la ministra de Trabajo, Alicia Arango, anunció será presentado en diciembre o marzo. Aunque el Gobierno recalca que no aumentará la edad de jubilación ni las semanas de cotización, esta iniciativa será muy complicada de pasar en el Parlamento, por obvias razones.

Paradójicamente -según el acuerdo al que llegaron el jueves pasado la Ministra del Interior y delegados de los partidos- el único proyecto que tiene la vía libre asegurada es el que establece la prohibición de la casa por cárcel para sindicados y condenados por delitos de corrupción. Pese a que se hundió en confusas y polémicas circunstancias en junio pasado, en medio de la indignación nacional, ahora Gobierno y bancadas lo impulsarán de nuevo. Sin embargo, seguirá la polémica entre los verdes y el Ejecutivo por el resto de iniciativas anticorrupción.

En cuanto a la agenda de los partidos, hay de todo como en botica. Muchas iniciativas hundidas al final de la anterior legislatura serán presentadas de nuevo, como el alivio a deudores morosos reportados a centrales de riesgo.

Lea también: Gobierno pasa revista a sus primeros 11 meses de gestión

Por otro lado, desde ya se prevé un duro pulso alrededor de proyectos en trámite como el impulsado por el propio Uribe, que establece una tercera prima para trabajadores que ganen menos de tres salarios mínimos, iniciativa a la que se opone el Ministro de Hacienda. Este, a su turno, tiene el desafío de hacer aprobar el proyecto de presupuesto para 2020, que vendrá con recorte a bordo, a menos que el petróleo y el recaudo tributarios sigan repuntando.

También hay expectativa en torno a si la propuesta de imponer la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños se tramita por vía Congreso (de hecho hay un proyecto en curso) o vía referendo, que después de recoger y aprobar las firmas tendría que ir al Legislativo. Igual hay que esperar qué pasará con el pulso de plebiscitos anunciados por defensores y críticos del acuerdo de paz.

Un discurso clave

Así arranca, el próximo sábado, una segunda legislatura clave para Duque, cuya favorabilidad y calificación de gobierno siguen bajas en las encuestas. Si bien ya tiene asegurado los ingresos de la tributaria y en aplicación su Plan de Desarrollo, necesita del Congreso el avance en muchos proyectos clave para afianzar el ritmo de su gestión. Los ajustes al acuerdo de paz continúan siendo una deuda pendiente con el electorado, más aún en medio de escándalos como los de ‘Santrich’, las controversias por la JEP, los asesinatos de líderes sociales, la polarización nacional y la caída en picada de la credibilidad pública en el pacto con esta guerrilla.

Por el momento no se prevé un cambio en cuanto al margen de gobernabilidad de Duque en el Parlamento, ya que los rumores en torno a que liberales o Cambio Radical entrarían a la coalición oficialista han sido desmentidos. Esto era clave, ya que los primeros llegan con Lidio García a la presidencia del Senado y los segundos, con Carlos Cuenca, a la de la Cámara.

Como se ve, habrá mucho en juego a partir del próximo sábado, cuando arranque la segunda legislatura. El discurso de Duque al instalar el Congreso dará muchas pistas al respecto de qué tanto se jugará el Ejecutivo por la vía parlamentaria o si, como dicen algunos analistas, sabedor del poco margen de acción allí, no planteará grandes pulsos políticos ni programáticos en Senado ni Cámara, que además estarán muy distraídos este segundo semestre en las elecciones que definirán si a nivel regional y local se confirma o revierte el mapa político de poder dejado por los comicios presidenciales y congresionales del año pasado.