La segunda legislatura de este cuatrienio gubernamental se termina con saldo en rojo para el Gobierno. De las grandes reformas que presentó al Congreso a  comienzos del año pasado, solo fue aprobada la pensional, pero en medio de un fuerte debate tras el cual no solo ya se anuncia un alud de demandas ante la Corte Constitucional, sino que el propio Ejecutivo admite que la norma contiene errores y presentará una iniciativa para corregirlos el próximo 20 de julio.

Al hacer un corte de cuentas sobre la actividad legislativa, resulta evidente que en los últimos 12 meses las principales apuestas de la Casa de Nariño fracasaron. Sin duda el mayor revés fue el de la reforma a la salud, que terminó hundiéndose en abril pasado en la Comisión Séptima del Senado en tercer debate, debido a que el ministro del ramo, así como la bancada petrista, se opusieron insistentemente a ajustar el articulado en los temas más exigidos tanto por los partidos independientes y de oposición, como por las EPS, las asociaciones de pacientes, la industria farmacéutica, así como la red de clínicas y hospitales y el conjunto de la cúpula gremial.

Aunque el Gobierno procedió a tratar de implementar por vía administrativa una parte de la reforma hundida, al final de cuentas solo pudo avanzar en unos pocos aspectos por vía decreto y decisiones de la Superintendencia de Salud. Lo que sí ocurrió es que la crisis del sistema se profundizó a tal punto que varias EPS terminaron pidiendo su liquidación o su salida del modelo, en tanto que otras fueron intervenidas, sin que hoy esté claro cuál será su futuro.

No le fue mejor a la ley estatutaria de reforma a la educación, que era la iniciativa que menos resistencia había generado desde que comenzó su trámite por la Cámara de Representantes. De hecho, en varias ocasiones la titular de esa cartera, Aurora Vergara, destacó el avance rápido de la iniciativa en primer y segundo debates, afirmando que si bien existían diferencias sobre temas muy puntuales, se había ido construyendo consensos poco a poco.

Es más, el mayor esfuerzo de concertación se logró precisamente en el tercer debate, en la Comisión Primera del Senado, en donde bajo la anuencia gubernamental el articulado fue ajustado de fondo en temas centrales como el respeto a la autonomía universitaria, la preservación de la educación privada, los mecanismos de evaluación docente, las fuentes ciertas de financiación del sistema, la gratuidad como derecho fundamental y otros elementos claves que habían urgido tanto a la academia, como las universidades públicas y no oficiales, a las asociaciones científicas y otras instancias. 

El Gobierno celebró con bombos y platillos este acuerdo, señalando que era una prueba de que, más allá de la polarización política imperante, era viable abocar acuerdos para sacar adelante reformas necesarias para el país. Incluso, señaló que ese era el camino a seguir en el resto de las iniciativas principales. 

Sin embargo, de un momento a otro el acuerdo se rompió, ya que el Gobierno terminó siendo presionado por Fecode, el sindicato de maestros públicos, que como se sabe no solo fue financiador de la campaña presidencial, sino que constantemente el Gobierno lo utiliza para tratar de demostrar capacidad de movilización ciudadana de apoyo a sus reformas y causas políticas. 

La oposición de Fecode al proyecto de ajuste a la reforma, con paro a bordo, llevó a que el Gobierno desconociera la concertación del tercer debate y presentara una ponencia distinta, con los mismos vicios y problemas que se supone ya habían sido corregidos. Al final de cuentas, el rompimiento del acuerdo desembocó en que el proyecto de ley estatutaria se hundiera definitivamente, sin que ni siquiera se abriera la discusión en la plenaria del Senado. Se perdió así más de año y medio de análisis sobre la necesaria reingeniería al sistema de educación. Esto principalmente porque el Gobierno se inclinó por su propuesta inicial de un modelo anacrónico, disfuncional, ideologizante y con un enfoque estatizante. 

Laboral apenas arrancó 

El panorama para la reforma laboral también ha sido bastante complicado, ya que, como se recuerda, el primer proyecto se hundió en junio del año pasado, al cierre de la primera legislatura. El Gobierno presentó un segundo proyecto en el arranque de la segunda, pero su discusión se vio afectada por la prioridad que se le dio a la reforma a la salud en la Comisión Séptima de Cámara. De hecho, solo después de que esta última fuera aprobada en primer debate en esa célula congresional, se abocó el proyecto laboral, que cerró diciembre con apenas 16 artículos aprobados. 

Ya en el primer semestre de este año, la reforma volvió a quedar en el congelador porque se le dio prioridad a la discusión de la pensional en la Cámara. Solo en el último mes, cuando se pensaba que quedaría para discutir después del 20 de julio, se retomó el articulado. La única forma de lograr su aprobación en primer debate fue que el Gobierno aceptara el hundimiento de todo el bloque de artículos que establecía una serie de gabelas sindicales y de derechos colectivos de los trabajadores, que los gremios, los partidos independientes y de oposición, así como los centros de estudios especializados, habían advertido que eran inviables y que lejos de generar empleo producirían despidos, cierres empresariales y otras afectaciones al mercado laboral.

Así las cosas, aunque en el Pacto Histórico sostienen que en la tercera legislatura insistirán en la plenaria de la Cámara en revivir los artículos hundidos, quedó claro que si el Gobierno insiste en esa tesis, esta reforma se hundiría por segunda ocasión. 

Pensional sí, pero…

La otra gran apuesta del Gobierno era la reforma pensional. Tras un trámite de más de un año en la Comisión Séptima y la plenaria del Senado, con fuertes debates a bordo y muchas denuncias en torno a que el Gobierno estaba repartiendo burocracia y presupuesto a parlamentarios para obtener su apoyo, solo el 24 de abril pasado la iniciativa pudo salir de segundo debate. Esto tras un acuerdo con los partidos liberal y de la U en temas cruciales como un umbral de cotización exclusiva para Colpensiones de 2.3 salarios mínimos mensuales (el Gobierno al principio propuso 4 y luego 3), así como la creación de un fondo administrado por el Banco de la República para que manejara los recursos de los aportes pensionales, con un margen de independencia relativa frente al gobierno de turno. 

Sin embargo, al llegar a la Comisión Séptima de la Cámara, y ante el riesgo de un hundimiento en esta célula congresional, el Gobierno y los ponentes decidieron (incluso contra la propuesta presidencial de volver a subir el umbral a 4 salarios mínimos) mantener el texto de Senado, pero introduciéndole más ajustes, sobre todo en el rol de los fondos privados de pensiones y la reglamentación del Fondo Autónomo a cargo del Emisor. El proyecto llegaría, entonces, a último debate en la plenaria de la Cámara con el tiempo ya como principal presión. 

En medio de un fuerte rifirrafe con los partidos independientes y de oposición y de las alertas gremiales, de Asofondos y otros sectores sobre los riesgos de esta reforma, los ponentes del Pacto, en conjunto con los ministros del Interior, Trabajo y Hacienda, decidieron proponer, a última hora, que se acogiera el texto aprobado en Senado, dejando de lado lo debatido en la Comisión Séptima de Cámara (con todos los ajustes introducidos al articulado).

Si bien es cierto que por esta vía se terminó aprobando la reforma pensional en cuarto debate, de inmediato se advirtió que se violaron de forma flagrante los principios de deliberación, publicidad y consecutividad, razón por la cual desde ya se anunciaron demandas ante la Corte Constitucional que, según los expertos, podrían terminar en que la norma fuera declarada inexequible. Incluso, no se descarta que tan  pronto como empiece su análisis en el alto tribunal, sea suspendida en sus efectos, estrenando una facultad al respecto.

Como si fuera poco, en un hecho inédito, tanto desde el punto de vista político como legislativo, el mismo día de la accidentada aprobación de la reforma los ponentes y el Gobierno admitieron que el articulado tenía errores y vacíos muy graves, razón por la cual el próximo 20 de julio, es decir, unos días después de la entrada en vigencia de la norma, se presentará un proyecto de ley para, paradójicamente, reformarla. 

Como se ve, el panorama para las principales apuestas del Gobierno en el Congreso fue bastante complicado en esta segunda legislatura. La negativa a concertar los articulados y la radicalización de las propuestas, unidas a no tener mayorías parlamentarias en ninguna de las dos cámaras, explican claramente los resultados negativos en este periodo.