EL PRÓXIMO primero de enero cumplen un año en el cargo los 32 gobernadores y los 1.103 alcaldes distritales y municipales, que precisamente es el término que establece la ley para la revocatoria del mandato, mecanismo que tienen los ciudadanos para sacar del despacho a estos funcionarios porque no cumplen el programa de gobierno o hay insatisfacción generalizada por su gestión. Se espera una cascada de estas iniciativas que, de paso, también azuzarían el clima político previo a los comicios del 2026.

La mayoría de los gobernadores de los principales departamentos, así como los alcaldes de las grandes capitales tienen en sus primeros 10 meses de mandato una alta imagen favorable por su gestión, como lo registran las encuestas publicadas en los últimos días.

Sin embargo, una situación que han mostrado en la práctica las revocatorias de mandato es que no solo las impulsan ciudadanos inconformes por la gestión de sus gobernantes, sino también es producto de rencillas políticas, especialmente de algunos sectores que fueron derrotados en las elecciones, distorsionando por esto último el espíritu del mecanismo que no es otro que el de empoderar el voto, en el sentido de que, así como la persona elige, también puede revocar el gobierno de turno.

Independientemente de las motivaciones, que cuando son de origen político es claro que los promotores no lo van a decir, la Registraduría Nacional del Estado Civil está en la obligación de recibir todas las solicitudes de inscripción de revocatoria que se presenten.

El proceso contempla la inscripción de un comité promotor de la revocatoria que tiene seis meses para conseguir un número de firmas de ciudadanos apoyando la iniciativa y para entregarlas a la Registraduría, de no menos del 30% de los votos que obtuvo en las elecciones el gobernante que pretenden sacar.

La Registraduría Nacional hace la revisión de las firmas de apoyo a la revocatoria, descartando las que no son legibles, no corresponden con el número de cédula o se repiten. Si la cantidad de rúbricas es la requerida se convoca a la votación, por parte del presidente de la República en el caso de gobernadores y alcaldes de las ciudades capitales; y el gobernador en lo que corresponde a los alcaldes de distritos y municipios que no son capital de departamento.

El gobernante sale del cargo si en las urnas se pronuncia a favor de la revocatoria como mínimo la mitad más uno del 40% de los votos válidos registrados el día en que fue elegido.

El factor elecciones

El próximo año es todo preelectoral por los comicios del 2026, por lo que las revocatorias de mandato de alcaldes y gobernadores podrían también ser utilizadas por algunos sectores políticos para beneficiar sus campañas al Congreso o la presidencia o afectar a las de sus contrincantes.

Se sabe que 15 de los gobernadores fueron elegidos por sectores afines al presidente Petro; en tanto que 17 lograron su triunfo apoyados por los partidos de centroderecha que hoy son oposición o independientes al Gobierno nacional.

Entonces se aprecia ahí un amplio campo de batalla política en 2025, en donde el oficialismo y la oposición podrían verse tentados a usar la revocatoria de mandato del gobernador o el alcalde del sector contrario, que, aunque no se logre llegar a las urnas porque eventualmente no consigan todas las firmas, servirá para impulsar sus campañas y afectar la imagen del otro.

En ciertas regiones ya se está hablando y analizando en sectores políticos que perdieron en los comicios de octubre del 2023 sobre qué tanto apoyo tendría la iniciativa de revocatoria del mandatario de su comarca. Incluso hay señalamientos que algunos buscarían aprovechar el mecanismo para impulsar su campaña al Senado o la Cámara.

¿Qué pasó en 2021?

A finales de enero del 2021, cuando los alcaldes del anterior periodo cumplieron su primer año en el cargo, un total de 46 colectivos ciudadanos estaban inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para impulsar la revocatoria alegando inconformidad de la población por la gestión del gobernante o un presunto incumplimiento del programa de Gobierno.

Diez de los comités de revocatoria inscritos en esa oportunidad eran contra mandatarios de ciudades capital de departamento, es decir, el 31% de las que hay en Colombia.

En abril del 2021, ya eran 71 los comités de revocatoria que se habían inscrito en todo el país.

Aunque se aprecia alto ese número de iniciativas de revocatoria, podría haber sido mayor porque hay que recordar que por esos días apenas se recuperaba el país de la pesadilla del covid 19 en el 2020.

Incluso en febrero del 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil si bien mantuvo la puerta abierta para recibir la solicitud de comités de ciudadanos interesados en revocar el mandato a sus respectivos alcaldes y gobernadores, suspendió la entrega de los formularios que se requieren para la recolección de rúbricas de apoyo, hasta tanto el Ministerio de Salud emitiera un concepto sobre la forma en que se podría adelantar esta actividad en medio de la pandemia, esto con el fin de evitar que se convirtiera en un nuevo foco transmisor del virus.

El balance en el año 2021 dejó 142 comités de revocatoria que se inscribieron, pero solamente 5 cumplieron con el número de firmas que exige la ley, de las cuales apenas 3 llegaron a las urnas.

Una de éstas fue en Susa (Cundinamarca) en febrero de 2022, a un mes de los comicios del Congreso, en donde fue revocado el mandato de la alcaldesa Ximena Ballesteros Castillo.

Vale señalar que con la revocatoria en Susa es la segunda vez que sale un mandatario del cargo desde 1996 en que comenzó a aplicarse este mecanismo. La primera fue en 2018 en el municipio de Tasco (Boyacá), en donde sus habitantes decidieron en las urnas revocarle el mandato al alcalde Nelson García Castellanos.

Interrogantes

El convulso proceso de revocatoria en el pasado periodo de alcaldes y gobernadores por efectos de la pandemia dejó un aspecto poco claro, por lo que para algunos es necesario ajustar el mecanismo, pero como no se hizo podría repetirse en las que impulsarán desde enero contra alcaldes y gobernadores.

Tiene que ver con que el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, logró parar la revocatoria en su contra por la guerra jurídica que desató, desnudando así algunas zonas grises en la normatividad del mecanismo, ejemplo que podría ser tomado por los actuales mandatarios.

Quintero primero impugnó las firmas que avaló la Registraduría y luego la financiación del comité promotor para la recolección de las rúbricas. Acudió a tutelas y otros recursos de ley logrando que no lo llevaran a las urnas.

Por ello, el uribismo radicó en 2023 un proyecto de ley buscando especificar tiempos, competencias, plazos y precisiones en el procedimiento de la revocatoria de mandato en la medida que el instrumento hoy tiene muchos vacíos normativos. Sin embargo, la iniciativa no avanzó.