En Colombia hay tendencia a lo que se llamapopulismo punitivo, es decir, creer que la solución a los problemas es tipificar delitos o incrementar penas.

Así lo señaló Rodrigo Uprimny, jurista y director de  Dejusticia, quien dijo que es una política inadecuada, con efectos muchas veces  inútiles y que termina aumentando la población carcelaria.

De igual forma, dijo que hay restricciones a la defensa penal en la región, con base en un estudio que adelantó Dejusticia con otras organizaciones en seis países, y que fue presentado en el libro ‘Defensa penal efectiva en América Latina’.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles son los principales problemas de la defensa penal en la región y si son comunes a Colombia?

RODRIGO UPRIMNY YEPES: El libro  analiza la defensa penal en seis países de América Latina: Colombia, Brasil, Méjico, Perú, Argentina y Guatemala, y hay ciertas tendencias comunes y hay ciertas situaciones específicas. A nivel normativo ha habido avances muy importantes, la mayoría de los países tienen bien sea por reformas constitucionales, por jurisprudencia o por leyes, digamos garantías bastante claras para que las personas puedan defenderse en un proceso penal, en algunos casos más avanzados como Colombia gracias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional,  en otros menos como Méjico y Brasil.

De otro lado hay avances en materia institucional en la creación de defensorías públicas para aquellas personas que no tienen recursos para pagar un abogado. También hay avances frente a lo que existía, que prácticamente no había defensoría pública en ningún país y tocaba recurrir a defensores de oficio, que eran muchas veces estudiantes o abogados que no defendían realmente a los procesados en estos casos.

Sin embargo hay mucha distancia todavía entre las normas y ciertas prácticas, en donde hay aún restricciones fuertes al derecho de defensa. Por ejemplo a nivel normativo queda claro que una persona capturada por la policía debería inmediatamente tener acceso a un abogado desde el interrogatorio, y la mayoría de los países lo hacen valer, si no todos, pero en casi ninguno esto está realmente garantizado, y esto permite que a veces haya abusos o confesiones forzadas.

Igualmente existe la defensa pública pero los recursos siguen siendomuy limitados para las necesidades de las personas que requieren este tipo de defensa y no tienen los recursos para poder defenderse efectivamente frente a fiscalía, que son gente mucho más poderosa.

También hay problemas en la cultura jurídica de los abogados, tanto de los abogados privados como de los públicos, que no se han adaptado bien a estos nuevos, digamos, sistemas procesales más acusatorios y más públicos, y entonces a veces no logran hacer defensas eficaces.

Lo que uno ve son avances normativos, avances institucionales, ciertos mejoramientos pero todavía enormes insuficiencias que deben ser corregidas. El mensaje de este libro es que si no hay defensa efectiva en materia penal, no hay realmente procesos justos, el debido proceso penal, hay riesgo de condenas injustas, de detenciones injustas.  

ENS: ¿Coincide o no con quienes dicen que en Colombia todo se quiere arreglar con cárcel?

RUY:Hice parte de la Comisión Asesora de Política Criminal ya hace unos años, y una de las conclusiones es que en Colombia había una cierta tendencia a lo que se llama populismo punitivo, que es creer que la solución para los problemas  es crear delitos o incrementar penas, que eso a veces puede ser necesario, pero que muchas veces son reacciones que no tienen ninguna utilidad y aumentan la población carcelaria.

ENS: ¿Entonces el Congreso no debe crear más tipos penales?

RUY:En principio creo que no hay necesidad de más delitos pero pueda que haya casos concretos que requieran un nuevo tipo penal o incrementar penas, pero que eso se debería de hacer no de manera reactiva frente a cierto hecho criminal que genere indignación y de manera reflexiva.