En las últimas dos semanas, la actividad de la defensa del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez ha sido muy intensa, pues está trabajando a profundidad para diseñar la estrategia que planteará ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Dicha Corporación sindica a Uribe de ser el determinador de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, con relación al proceso que adelanta contra el Jefe del Centro Democrático por presunta manipulación de testigos.

En desarrollo del proceso, la Corte compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a los abogados Diego Cadena, exapoderado de Uribe, y a su socio, el también abogado, Juan José Salazar.

En ese proceso ya se definió la situación jurídica de los dos juristas: Cadena fue cobijado con detención domiciliaria, mientras Salazar podrá defenderse en libertad.

Los de Uribe y Cadena, obviamente, son dos procesos distintos -uno en la Corte Suprema por ser un aforado constitucional y el otro en la Fiscalía- pero están directamente relacionados por tener la misma génesis.

Ahora, lo que viene es la estrategia de la defensa del Senador y Expresidente. Hasta el momento su abogado defensor, el penalista Jaime Granados Peña, no ha dado declaraciones, solo ha expedido cuatro comunicados en los cuales deja ver cómo planteará su estrategia de defensa.

En el último, fechado el jueves pasado, Granados dice que por instrucción de su cliente le pidió a la Corte Suprema de Justicia que levante la reserva sumarial.

“La reserva sumarial existe en la legislación colombiana, entre otras razones, para proteger el principio de presunción de inocencia contemplado en la Constitución. En el proceso contra Álvaro Uribe, la realidad es que por razones que desconoce la defensa, el proceso se ha venido filtrando selectivamente a cuentagotas a la opinión pública, de forma descontextualizada y haciendo énfasis en las pruebas en contra y no en las decenas de pruebas contundentes a favor”, dice el comunicado.

De hecho, en los últimos días se han conocido algunos apartes de la decisión de la Sala Especial, documento que tiene más de 1.500 folios, pero que no se ha conocido en su integridad en razón, justamente, de la reserva del sumario.  

Pero además de levantar la reserva sumarial, un tema polémico pues por ley en etapa de instrucción las actuaciones gozan de inmunidad, la defensa del Expresidente ha dado otras luces de cuáles serían sus prioridades en la etapa de investigación.

Granados y su equipo tratarán de demostrarle a la Sala Especial de Instrucción de la Corte varios aspectos, así.
1. Uribe no dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos. Solo pidió que se verificara información que le llegó de la ciudadanía, que remitió a la Corte. De esta manera se busca demostrar que su conducta no constituyó soborno alguno.

2. La única petición que le hizo Uribe al abogado Cadena fue que Juan Guillermo Monsalve dijera la verdad. Esto, porque el abogado le dijo al senador que tenía información de que Monsalve quería retractarse de señalamientos anteriores contra él.

3. Si bien, Uribe apoyó a Cadena en la petición que le hizo Monsalve de ofrecerle asesoría legal para presentar un recurso de revisión de su condena, ello no constituye soborno pues además no se le pidió ninguna contraprestación o que faltara a la verdad.

4. La visita que realizó el abogado Cadena a Carlos Enrique Vélez en julio de 2017 la hizo de forma autónoma, no por instrucción de Uribe, y lo hizo para verificar como abogado, la información que le llegó de terceros.

5. Uribe no autorizó ningún giro de dinero ni ayudas humanitarias. Estos pagos se los manifestó Cadena al senador a mediados de 2019, pero Uribe los desautorizó. Es decir, fue una decisión autónoma del jurista.

6. No es cierto que Fabián Rojas, exintegrante de la UTL del Senador, haya imputado a su exjefe ante la Corte. Para la defensa, se trata de otra “filtración de información” que busca confundir.

7. Las actuaciones de Diego Cadena no fueron de conocimiento del Expresidente, como el mismo abogado “ha reconocido lealmente, de forma pública y reiterada”, según la defensa del Jefe del Centro Democrático.

8. No existe prueba de soborno, pues para cuando Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’ presentó una carta ante la Corte Suprema de Justicia, esa versión ya la había entregado él mismo, ocho meses antes en otra actuación judicial.

9. La defesa quiere demostrar que la carta de Vélez fue enviada directamente por él para ser incorporada al expediente 38.451, proceso que luego precluyó la Corte a favor del senador Iván Cepeda.

10. La defensa del senador Uribe también mostrará que su cliente nunca indujo en error a la Corte Suprema, pues no es cierto, como dijeron la Fiscalía y el Ministerio Público en el caso de Cadena, que estos documentos fueron incorporados al expediente 52.240 que se adelanta contra el senador antioqueño.

11. Las cartas suscritas por Vélez y Monsalvo, del 18 de julio de 2017 y 19 de febrero de 2018, sí fueron enviadas por la defensa a la Corte Suprema pero no para el expediente contra Uribe, pues para ese momento el radicado 52.240 no existía.

12. Las dos cartas fueron radicadas dentro del proceso 38.451 que adelantaba la Corte contra el senador Cepeda.

La defensa de Uribe, igualmente, busca demostrar que “jamás” su cliente intentó siquiera “instrumentalizar” al representante Álvaro Hernán Prada para manipular testigos. Prada podrá defenderse en libertad pues sigue vinculado a la investigación penal.

Y, por último, una estrategia adicional que tiene la defensa de Uribe es el derecho a presentar el recurso de reposición ante la misma Sala Especial de Instrucción, posibilidad sobre la cual el abogado Jaime Granados no se ha pronunciado.