Recientemente, la Procuraduría General de la Nación solicitó la exclusión de 28 interceptaciones telefónicas en el caso que se lleva contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, argumentando que estas son ilegales por violar las comunicaciones entre abogado y cliente.

Las interceptaciones en cuestión involucran charlas entre Álvaro Uribe y su abogado, Diego Cadena. Según la Procuraduría, el contenido de estas conversaciones evidencia una relación profesional que es esencial para la defensa del acusado. Esto implica que las comunicaciones eran parte integral de actividades jurídicas y, por lo tanto, están protegidas por el secreto profesional, tal como lo establece el artículo 74 de la Constitución colombiana.

“No es sencillo establecer de tajo la solución al problema jurídico que surge sobre la legalidad de las interceptaciones telefónicas a Diego Cadena y Álvaro Uribe Vélez”, detalló Bladimir Cuadro, delegado de la Procuraduría.

El procurador enfatizó que Diego Cadena representaba jurídicamente al exmandatario, por lo que se deben respetar los derechos a la intimidad, a la defensa, el secreto profesional y la inviolabilidad de las comunicaciones. “Es necesario proteger las conversaciones con el abogado, pues son catalogadas íntimas", indicó.

Por lo anterior, "el Ministerio Público solicita la exclusión de las 28 grabaciones magnetofónicas de interceptación de comunicaciones solicitadas como elementos probatorios por la Fiscalía General de la Nación y que serian ingresadas a través de la funcionaria adscrita a la entidad", manifestó el delegado de la entidad.