CON OCASIÓN del anuncio de la firma de un acuerdo entre el Gobierno y el Eln sobre el modelo de participación de la sociedad civil, los gremios del país han mostrado su preocupación, principalmente a lo que se señala sobre la condición de vinculante de esas negociaciones y en lo referente a la seguridad.

A una pregunta de EL NUEVO SIGLO, referente a “¿qué entiende sobre el punto respecto a la seguridad que el Gobierno y el Eln incluyeron en el acuerdo respecto al modelo de participación de la sociedad civil?” los gremios empresariales del país se mostraron muy pesimistas en relación con eso.

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, dijo que “lo primero es que están metiendo un carácter vinculante en ese acuerdo. Ya han salido a justificarse, con el tema de que todo lo que hagan es de acuerdo a la Constitución, pero si usted lee el documento cuando habla de carácter vinculante y lo que dice es que los acuerdos a los que se lleguen deben materializarse en políticas públicas, entonces uno dice: ¿dónde quedan las reformas en el Congreso?”.

La acción criminal

Señala el dirigente gremial que “pero más allá de eso en el tema de seguridad, fíjense que por ningún lado en el documento están hablando de que el Eln dejaría de hacer extorsión, dejaría de hacer minería criminal, dejaría de tener esa amenaza permanente sobre el tema del secuestro. Entonces, ¿en qué condición de seguridad y tranquilidad van a dirigirse a las comunidades, en particular a las rurales para participar de un proceso?”.

Al respecto, Bedoya dijo que “siento que esa gente se va a sentir como si le pusieran el fusil en la cabeza, porque el Eln ni se ha desarmado y continúa con la extorsión, no han renunciado al secuestro; por el contrario, dejaron la amenaza velada que iban a seguir secuestrando y obviamente se siguen financiando con actividades ilícitas como la minería criminal. Ahí hay un punto donde dicen que van a atacar toda la cuestión del paramilitarismo, pero en ningún momento dicen que van a no cuestionar a los otros grupos como las Farc, por ejemplo”.

“De hecho esa fue una de las cosas que pusimos los siete gremios en la carta que enviamos el 18 de mayo, porque aquí hay que desmantelar todas las formas de violencia, pero empezando por la de ellos, claro, de repente por la financiación y por supuesto el tema del narcotráfico”, indicó Bedoya.

¿Cuál legitimidad?

El presidente de la SAC expresa que es pesimista con este primer punto: “Nos parece primero que no reconoce que nosotros somos una minoría en ese comité de participación, además mencionamos que no hay garantías de seguridad para que la población participe libremente sin ninguna coacción por parte de esta organización criminal y tercero que nada se habla de las fuentes de financiación de esa organización terrorista, entonces, ¿cuál visión de seguridad y legitimidad va a tener ese proceso con el Eln?”.

Por su parte, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, en unas declaraciones enviadas a este Medio, reiteró las preocupaciones de la asociación empresarial en relación con el alcance de los temas abordados y el carácter vinculante de los mismos.

Dice que en “comunicación a la jefa de la delegación del Gobierno en los diálogos con el Eln, Vera Grabe, desde AmCham Colombia se elevaron las inquietudes referentes a los temas, uno de hacer modificaciones al modelo político, económico y electoral, y el segundo punto acerca de cómo los resultados de las negociaciones serían considerados vinculantes”.

La presidenta de AmCham Colombia, señala que “los denominados ejes de transformaciones que se presentaron en este acuerdo son tan amplios y tan abstractos que podrían abarcar suficiente para refundar la Nación”.

Manifiesta el gremio que “hoy se habla de medidas muy generales de cambiar el régimen político del país, incluyendo las reformas institucionales que darían cambios al sistema electoral, como también al modelo económico del país, y no se entiende cómo, el resultado de unas negociaciones entre el Gobierno nacional y el Eln, pueden ser consideradas vinculantes, como lo señala el documento”.

Límites precisos

AmCham puntualiza que “es importante que sobre estos temas el país conozca los alcances y límites precisos de cada uno de ellos para saber a ciencia cierta qué se está negociando y si los colombianos están de acuerdo con ello”.

Sostiene Lacouture que “preocupa el carácter vinculante, ya que parecería que lo acordado por las partes tendrían calidad prácticamente supraconstitucional y, además, a través de ese mecanismo se estaría dando al Eln el carácter de cogobernante de la nación o delegatario, sin saber a qué título tendría funciones presidenciales y de Gobierno nacional. En ese sentido, es importante que las partes en la mesa de conversación reconozcan que los acuerdos a los que se estén llegando, deben estar sujetos a las normas y procedimientos constitucionales y legales, así como a los principios que soportan la democracia del país”.

Por otra parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, dijo en un comunicado enviado a los medios de comunicación que “el proceso debe reflejar la voluntad de todos los colombianos, por eso preocupa que se adelanten acuerdos en contra de la opinión y voluntad de muchos en el país. Hay la oportunidad de adelantar procesos que por sus características e importancia nacional unan a los colombianos, no llevarlos a cabo en forma amplia y democrática trae el inmenso riesgo de profundizar la polarización en Colombia”.

Los riesgos

El dirigente afirma que “debemos evitar a toda costa buscar imponer el proceso de una parte de la población, olvidando al resto, ya que el riesgo de deslegitimizarlo es alto, así como el de polarizar el país. Debemos estar conscientes que un proceso de negociación con un grupo en este momento de la historia de Colombia no significa ni mucho menos el logro de la paz, en un país en el cual hay múltiples actores llevando a cabo actos terroristas, y generando violencia, lo más seguro es que un solo proceso, aunque signifique un avance, estará lejos de significar la paz”.

Abuso de las atribuciones

El presidente de Fedegan, José Felix Lafaurie, compartió a través de su cuenta X que “es necesario tener prudencia frente a la firma de Acuerdos que no son vinculantes “per se”, sino supeditados al trámite democrático en el Congreso, pero sí generan expectativas en la sociedad”.

Señaló que “la crisis parece el estado natural de las negociaciones, hoy entre el inaceptable anuncio de reanudación del secuestro y el también inaceptable modelo de participación presentado a la Mesa de Diálogos, con equívocos y desbordamientos que señalé en una carta a Vera Grabe, jefe de la delegación del Gobierno de la que hago parte, donde recomendé aplazar la decisión sobre el tema”, indicó.

Agregó que “cualquier acuerdo con el Eln que requiera soporte legal o constitucional, excede las atribuciones de la delegación y del Gobierno, que no puede invadir las competencias del Congreso”.

Unificarán punto 2 y 3 del proceso

Las delegaciones del Gobierno colombiano y del Eln unificarán dos puntos de la agenda del proceso de negociación. El punto 2, denominado ‘Democracia para la Paz’ y el tercero, ‘Transformaciones para la Paz’, quedarán en uno solo para avanzar en las conversaciones.

La ‘Democracia para la Paz’, tiene como objetivo adelantar un diálogo entre los diversos actores sociales e identificar y examinar los principales problemas que son causa del conflicto político, social, ambiental y armado para formular soluciones integrales. Entre sus acciones están revisar y fomentar la participación y las decisiones de la sociedad en los problemas que la afectan y que puedan materializarse en instrumentos de política pública eficaces en los territorios urbanos y rurales.

Asimismo, en el punto 3, ‘Transformaciones para la Paz’, contempla el objetivo de pactar políticas y un plan integral mediante la implementación de proyectos específicos del orden nacional y territorial, con la participación de la sociedad, que haga viable “una Colombia en paz, en democracia, soberana, con equidad y justicia social, donde se haga innecesario el uso de las armas para impedir esos cambios”.