Han transcurrido ocho meses desde que fue radicado un proyecto de ley que busca dotar al país de un régimen regulatorio del sector transporte, el cual fue establecido vía decreto por el Gobierno, pero se cayó en el Consejo de Estado al determinar que le correspondía expedirlo al Legislativo.

La iniciativa inclusive cuenta con el apoyo del Gobierno nacional, que le dio mensaje de urgencia, sin embargo sigue estancada en la Comisión Sexta del Senado a la espera del primer debate.

EL NUEVO SIGLO dialogó con el autor de este proyecto, el senador antioqueño Iván Darío Agudelo Zapata (Partido Liberal), quien explicó algunos detalles de esta iniciativa que contiene más de 80 artículos.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué va a suceder con esta iniciativa que no ha avanzado en su trámite a pesar del mensaje de urgencia?

IVÁN DARÍO AGUDELO ZAPATA: Cuando radiqué el proyecto en calidad de autor con apoyo de 23 congresistas más, me fue asignada la coordinación de la ponencia conjuntamente con mi compañero (Antonio) Zabaraín. A partir de ese momento se desarrolló un amplio trabajo de socialización que incluyó audiencias públicas, reuniones con los diferentes sectores del transporte, se recibieron conceptos de entidades públicas y privadas y se estaba redactando la ponencia.

Sin embargo, luego de recibir el mensaje de urgencia del señor Presidente, sin conocer los motivos, la presidencia de la Comisión Sexta decidió revocar la designación y días después se autoasignó la coordinación de la ponencia, por lo que ya no está bajo mi responsabilidad radicar la misma.

Debo resaltar que el 10 de abril radiqué informe de lo actuado por los coordinadores ponentes hasta el momento que nos revocaron la designación, un total de 737 páginas que contienen todos los avances y son el insumo fundamental para radicar ponencia, si se tuviera interés en que el proyecto avance.

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ENS: ¿Por qué es necesario aglutinar en un régimen las infracciones, sanciones y procedimientos contenidos en otras normas hoy vigentes?

IDAZ: Con este proyecto se busca unificar un régimen que regule a todo el sector transporte, dado que en Colombia en la actualidad no se cuenta con un régimen regulatorio establecido, sino que las sanciones y procedimientos se encuentran dispersas en diferentes normas, como es el caso de la Ley 336 de 1996, entre otras, que son las que en estos momentos dan algunas herramientas a la Superintendencia de Transporte para cumplir su objeto misional, pero con profundos vacíos legales.

Lo anterior se debe a la decisión del Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 19 de mayo de 2016, que decidió declarar la nulidad del régimen sancionatorio que existía por violar la reserva de ley, toda vez que había sido expedido por decreto del Gobierno nacional, y la Constitución establece que es una función del legislador.

ENS: ¿El proyecto establece nuevas sanciones y procedimientos o se limita a compilar lo que hay en la materia?

IDAZ: El proyecto establece nuevas sanciones y actualiza el procedimiento, con el fin de responder a la realidad del sector, por ejemplo, se incluye expresamente lo referente a la prestación de servicio público de transporte ilegal o informal, que tendrá incluso sanciones que están en los cuartos más altos de gradualidad de la sanción.

ENS: ¿Se propone algo sobre la prestación del servicio formal público de transporte?

IDAZ: Sí, lo que se busca al establecer un régimen regulatorio es que existan normas claras sobre el desarrollo de la actividad transportadora para todo el sector. Pero también se contempla herramientas para combatir a los que prestan el servicio en forma ilegal o informal.

Tener un régimen no implica que se me vaya a sancionar, implica sí, que se tiene claro las obligaciones de todos los que tienen que ver con el servicio de transporte público, para brindar un mejor servicio a toda la comunidad.

ENS: En cuanto a la institucionalidad del sector, ¿el proyecto se mete con la Superintendencia de Transporte, por ejemplo para darle más dientes en su función de supervisión?

IDAZ: Sí, justamente lo que se busca es que la Superintendencia pueda establecer de forma clara sanciones frente a determinadas conductas que afectan la prestación del servicio público de transporte, pero que al no estar contemplado en una norma, lo deja sin piso jurídico.

Por ejemplo, está el precedente de las sanciones que había impuesto la Superintendencia y que por decisión de lo contencioso administrativo fueron declaradas nulas por no tener sustento normativo.