SEGÚN el Registro Único de Víctimas, con corte al 31 de julio de 2023, han sido incluidas 192.440 víctimas por eventos de desaparición forzada. 51.342 son víctimas directas, es decir, fueron desaparecidas y 141.098 son víctimas indirectas o personalmente afectadas, correspondientes a los familiares de quienes fueron desaparecidos.
Asimismo, informes recientes de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), en coordinación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), señalan que se ha recuperado a 929 personas declaradas como desaparecidas y han entregado 196 de ellas a sus familiares.
Bajo esta premisa, EL NUEVO SIGLO preguntó a Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), qué tan efectiva ha sido la JEP y el sistema judicial creado por el acuerdo de paz de 2016, para aclarar el paradero y los victimarios.
“Es un arduo trabajo de registro, investigación y coordinación con Medicina Legal, Fiscalía y otras entidades; además muy exigente en las técnicas de medicina forense, muestras biológicas y trabajo psicosocial. Siete años después de las definiciones del Acuerdo de Paz y del funcionamiento de la JEP y la UBPD, las familias de más de 30.000 víctimas siguen exigiendo mayor celeridad y eficacia en la búsqueda y entrega de los desaparecidos. Es un gran reto en el camino de la reparación, la reconciliación y construcción de la paz”, sostuvo González.
Un avance más uniforme
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, explicó a EL NUEVO SIGLO las razones por las que considera que la JEP debe tener un avance más uniforme en lo que respecta a las investigaciones en torno a las víctimas de desaparición forzosa del conflicto armado.
“En materia de búsqueda de personas desaparecidas el mecanismo establecido en el Acuerdo de Paz tiene un gran potencial, pero un potencial que solo hasta ahora estamos comenzando a ver que se vuelve realidad para darle una respuesta a las víctimas sobre sus seres queridos que desaparecieron en el marco del conflicto”, señaló.
Explicó que eso tiene que ver con el hecho de que hasta ahora los procesos han venido avanzando. “Uno podría señalar que solamente en los despachos de dos magistrados se ha logrado información efectiva para recuperar restos de personas desaparecidas y lograr su identificación. Eso muestra que hay que procurar que la Jurisdicción tenga un avance mucho más uniforme en los diferentes casos y en los diferentes despachos de los magistrados”.
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Se necesita la verdad
Néstor Rosanía, investigador y consultor en temas de seguridad y defensa, seguridad hemisférica, insurgencia, terrorismo, negociación y conflictos armados; aseveró que la opinión pública recarga y cuestiona a la JEP por sus resultados, pero no condena a los victimarios por su falta de verdad.
“En los procesos de paz modernos se ha cambiado la lógica de simplemente entregar el fusil para hacer vida política y se ha puesto a las víctimas como el eje central de la negociación. Colombia es uno de los países en América Latina que tiene mayor volumen de desaparecidos, producto de su conflicto interno, las estimaciones todavía no se han podido ni siquiera llegar a un consenso y eso lo que genera es una necesidad de conocer más verdad por parte de los actores del conflicto”, explicó.
En ese sentido, el experto afirmó que los actores son diversos, por lo que se requiere la verdad de las Farc frente a los desaparecidos, la verdad de los paramilitares y la verdad por parte del Estado.
“En términos del Ejército por los falsos positivos y en términos del DAS que también fue un actor estatal que tuvo mucha violencia y que se le atribuyen desaparecidos. Las fuerzas militares tienen una responsabilidad muy grande y todavía no han querido contar esa verdad”, puntualizó.
Rosanía concluyó señalando que el papel de la JEP no se puede medir en años puesto que seguramente va a ser en términos de generaciones, enfatizando que se necesitan décadas para que la JEP pueda avanzar a lo que necesita el país.