EL PROYECTO de ley que modifica el régimen salarial de los congresistas fue aprobado en Plenaria del Senado con 84 votos a favor. Se trata de una propuesta presentada por el legislador de Alianza Verde Jonathan Pulido, que contó con el respaldo de la mayoría de sus compañeros, al considerar que reducir el salario de funcionarios públicos cerraría la brecha entre ellos y la mayoría de trabajadores colombianos, quienes viven con poco menos de 1'300.000 pesos al mes.

Pero en el seno de la discusión esta semana, el proyecto, que ahora será sometido a nuevo debate en Cámara de Representantes, terminó su paso por el Senado en medio de un gran enredo y de denuncias de ‘jugaditas’ de algunos parlamentarios para evitar la reducción del sueldo.

Al respecto se agregaron dos controvertidas proposiciones: una es que dicha reducción salarial entraría en vigencia en 2026; y otra, que a los parlamentarios les permitan de forma paralela tener otros trabajos porque con la rebaja verían fuertemente golpeado su ingreso.

Esta última fue puesta sobre la mesa por el legislador del Centro Democrático Carlos Meisel.

La propuesta no cayó bien entre un grupo de parlamentarios, quienes consideran que la proposición del senador uribista es inconstitucional y por ello la reforma se terminaría cayendo en la Corte, dejándola en nada. 

Desde la Alianza Verde empezaron los primeros cuestionamientos. Al respecto, la senadora Angélica Lozano manifestó que un proyecto de ley ordinaria no puede hacer dicho cambio.

“63 sí - 31 no. Reformado el artículo 180 #1 de la Constitución…, por medio de un proyecto de ley. Se elimina la prima del salario mensual de congresistas, pero se permitirá desempeñar otra actividad que genere otro ingreso. Un ‘poquito’ inconstitucional”, dijo por medio de su cuenta en X (antes Twitter).

A su turno, el senador Pulido también hizo su respectivo pronunciamiento por medio de la red social, aclarando a la opinión pública que no estuvo de acuerdo con dicho artículo.

“Pedí que se votara negativamente, pero la mayoría de senadores lo aprobaron. No es cierto que el proyecto esté viciado. Tanto la Cámara como la Corte pueden eliminar este artículo”, señaló.

La senadora Catherine Juvinao también lanzó duros cuestionamientos, tanto a la proposición aprobada, como a Meisel, a quien tildó de irresponsable. 

“No hay derecho a que usted se aproveche del anhelo ciudadano de rebajar el salario de los congresistas para meter el orangután que nos permitiría realizar otras actividades económicas, algo que la Carta del 91 prohibió expresamente por la corrupción que genera. ¡No sea irresponsable! ¡Qué vergüenza y qué peligro!”, sostuvo.

Pulido aseguró que el ‘mico’ podría caerse en los próximos debates en Cámara. Asimismo, mostró la lista de los 63 congresistas que votaron a favor y, para sorpresa de muchos, figuraba la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. 

Más tarde, Valencia rompió el silencio y, por medio de su cuenta X, informó: “Un artículo que es inconstitucional, que no tiene consecutividad, está muerto así se haya aprobado. No afecta el proyecto, ni lo vicia. El artículo se caerá en los siguientes dos debates, y si no se cayera lo tumbaría la Corte. Lo importante que es la rebaja de salario pasó con nuestro apoyo, y con todo lo que hemos hecho para que lleguemos aquí”.

Finalmente, Meisel explicó que lo que propone es que sus ingresos no vengan de los impuestos. “Hay algunos que quieren seguir viviendo de sus bolsillos. Son mis convicciones y no voy a renunciar a ellas”, dijo.

Además de eso, se discutió sobre la entrada en vigor de la ley, de ser aprobada en Cámara de Representantes, en 2026, justo después de las próximas elecciones del Congreso, lo que también generó cuestionamientos como los de Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático. 

“Frente a la reducción del sueldo de los congresistas, no estoy de acuerdo que esta reducción sea a partir del 2026. Debe ser aplicada una vez sea aprobada la ley. Voté para que se implemente de manera inmediata y considero que haber aplazado la vigencia de esta ley no responde a la expectativa de los ciudadanos”, dijo.

La gasolina

Pero estas ‘jugaditas’ no fueron las únicas controversias que se vivieron en plenaria del Senado en medio de la discusión por la reducción de salario. El rumbo del debate cambió por largo tiempo en el momento en que se denunció que congresistas con medidas de protección son beneficiados con subsidios de gasolina por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“No es la Dirección Administrativa del Senado, es la UNP y sí hay una lista de senadores y representantes que no solamente reciben cupos de gasolina, como si el salario no les alcanzara, sino que también reciben el pago de peajes”, dijo Pulido Hernández.

Además de eso, señaló que “los nombres se van a decir cuando la UNP oficialmente me entregue los nombres de senadores y representantes, pero lo que sí es confirmado es que hay congresistas que reciben esos cupos. Yo no puedo irresponsablemente salir a dar nombres de manera oficial. Cuando la UNP me dé el documento, pues claro que los voy a revelar”.

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Al respecto, el senador Uribe Turbay fue más allá y mencionó algunos nombres, sobre todo de integrantes del Partido Comunes y Pacto Histórico. Destacaron entre ellos los de Piedad Córdoba, Robert Daza, Aída Quilcué y Aída Avella.

Más adelante, el nombre del mismo Uribe Turbay figuró en una lista publicada por la UNP, lo que hasta ahora niega de forma contundente. “Como senador nunca he recibido un peso para la gasolina. El director de la UNP miente para ayudar a sus amigos de las Farc y del Pacto Histórico. Cómo les dolió que los puse en evidencia. ¡Aquí sigo firme!”, destacó en su cuenta X.

Sobre el tema, Humberto de la Calle, de la Alianza Verde, aseguró que “he votado a favor de esta iniciativa, pero fui elegido como vicepresidente de la República y hay muchas normas donde se fija un esquema diferente al de los congresistas y por eso tengo esta protección. Siento que son privilegios innecesarios, pero me parece prudente que el país sepa por qué está pasando esto. Me someto a lo que el Estado diga; si el Estado estima que no lo necesito, pues no haré reclamo alguno”.

El salario

Los congresistas devengan un salario de $43'418.537, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: $10'498.210 de asignación básica, $18'663.490 por gastos de representación y $14'256.837 concernientes a primas de servicios.

Las deducciones de esos $43'418.537 para los congresistas, son: $1'736.741 por servicio de salud, $2'767.932 por pensión, $434.200 por el fondo de solidaridad pensional, $434.200 solidaridad por subsistencia y $10'686.000 por retención en la fuente. Por lo mismo, devengarían un neto al mes de $27'359.464.

De aprobarse la ley, estarían ganando $29 millones, de los cuales recibirán netos $15 millones (tras pagar impuestos), monto que, a juicio de algunos congresistas como Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, es insuficiente. La senadora aseguró que solo en comida y arriendo gasta $7 millones, lo que le valió los cuestionamientos de algunos compañeros.

“Congresistas hipócritas y doble cara”

En una entrevista reciente a EL NUEVO SIGLO, el senador de la Alianza Verde Jonathan Pulido aseguró que muchos de los congresistas son “hipócritas y doble cara”, ya que la mayoría dijo sí a la reducción de salario, pero en el momento de votar por el proyecto ponen trabas.

“Se encierran en una burbuja y cuando empiezan a recibir privilegios como camionetas, tiquetes, grandes salarios y demás, se les olvida esa cercanía al pueblo, la cual solo la sacan a relucir en época de campaña. Siempre manifiestan que quieren al pueblo, que se quieren acercar al pueblo y que sí quieren reducir su salario, pero cuando llega el momento se inventan cualquier tipo de excusa para negarse, justo como lo están haciendo ahora”, dijo.

También dijo que más que una necesidad, esta propuesta representa un gesto de equidad, de cerrar un poco esa brecha que separa al pueblo del Congreso.

“Esta iniciativa no solo reduciría el salario a los congresistas, sino a otros altos funcionarios. Solamente en Congreso, el ahorro desde este año al 2026 sería de 140 mil millones de pesos”, manifestó Hernández a este medio de comunicación.