Una apuesta muy ambiciosa en el corto y mediano plazo es la que se está jugando la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de su renuncia a su curul en el Senado de la República, con lo cual perdió el fuero constitucional.
Esta decisión implica, necesariamente, la proyección de un nuevo escenario en que el futuro jurídico del dirigente político depende no solo de las decisiones que adopte la Corte Suprema de Justicia, sino de que estas le puedan ser tan favorables o perjudiciales.
Esta semana el abogado Jaime Granados Peña, apoderado de Uribe, dio un segundo paso en la ejecución de su estrategia de defensa, que consistió en radicar ante la Sala Especial de Instrucción una petición para que la Corporación remita a la Fiscalía el expediente de su cliente.
Granados considera que en virtud del numeral 3 del artículo 235 de la Constitución que delega a la Corte Suprema de Justicia para investigar y juzgar a los congresistas, así como el parágrafo del mismo artículo -“el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”-, el proceso debe pasar a la justicia ordinaria.
Así también, dice, el Código de Procedimiento Penal le es favorable a su cliente.
En una extensa comunicación sustentada con jurisprudencia de la propia Corte así como de la Corte Constitucional, el penalista sostiene que “las conductas punibles que son objeto de investigación, ningún vínculo tienen con el desarrollo de esta función (legislativa)”.
Granados va más allá al refutar que los delitos por los cuales es investigado el exsenador, soborno en actuación penal y fraude procesal, no tienen relación funcional con sus funciones en el Congreso de la República.
De paso, desmiente uno a uno los cargos que le endilga la Corte a Uribe, expone argumentos jurídicos y decisiones jurisprudenciales para negar, por ejemplo, el origen del proceso, la función que cumplieron miembros de su unidad de trabajo legislativo, sus supuestos nexos con varios de los testigos de causa y ratifica que su poderdante fue privado de la libertad sin justa causa.
El tema, como es apenas obvio, ha generado divisiones de opinión, tanto en lo político como en lo jurídico, pero la última palabra la tendrá la Sala de Instrucción que ya se reunió esta semana sin lograr un consenso frente a la petición del apoderado del expresidente.
Hay que decir que el primer paso de la defensa ya se había dado varios días atrás cuando se abstuvo de presentar un recurso de reposición frente a la medida de aseguramiento, pues para el bufete de abogados defensores esa opción “no representa ninguna garantía” pues la solicitud la tiene que resolver la misma Sala de Instrucción y no su superior jerárquico.
Petición ambiciosa
Pero, y quizás más ambiciosa, es la solicitud que le planteará la defensa del exsenador del Centro Democrático a la Corte y es que traslade a la Fiscalía General de la Nación varios de los más importantes expedientes penales que aún cursan en el alto Tribunal contra su cliente, algunos por hechos ocurridos hace ya más de 20 años.
Se trata de las masacres como las de La Granja (junio de 1991) y El Aro (octubre de 1997), en los que ha sido relacionado Uribe como gobernador de Antioquia para entonces, así como el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle (febrero de 1998).
Estos casos, que ya fueron declarados como de lesa humanidad, no pierden vigencia y por tanto, permanecen abiertos a la espera de nuevas pruebas y actuaciones procesales de las partes.
Pero no son los únicos expedientes que tendrá que afrontar el exsenador y expresidente, pues en la Corte Suprema de Justicia su nombre es mencionado en por lo menos 14 procesos penales más, todos en etapa de instrucción y por tanto gozan de la reserva del sumario.
Algunos de ellos son, por ejemplo, sus presuntos nexos con el hacker Andrés Sepúlveda para espiar la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2012, o las acusaciones de calumnia e injuria que en su contra presentaron el exmagistrado Iván Velásquez y el periodista Daniel Samper Ospina.
Pero el caso más reciente y más avanzado, y que es justamente el que lo detiene bajo detención preventiva es el de manipulación de testigos.
La lectura de las 1.554 páginas que componen la providencia mediante la cual fue resuelta la situación jurídica del exsenador no muestra, a juicio de la defensa, una prueba contundente que lo vincule con los delitos de soborno y fraude procesal.
Solamente, y así lo deja ver la Corte, existe “inferencia razonable” de la comisión de ambas conductas reprochables.
Es por ello que esta semana el expresidente, que cumple su detención domiciliaria en su hacienda El Ubérrimo, de Montería, ha concedido varias entrevistas en las cuales no ha ahorrado calificativos para el hasta ahora su juez natural: “procedimiento mafioso”; “apéndice del senador Iván Cepeda”; “magistrados corruptos”, ha dicho Uribe en sus declaraciones.
Inclusive, su primera respuesta frente a su situación jurídica lo dice todo: “Me siento secuestrado por la Corte Suprema de Justicia”, dijo el exmandatario.
Como era de esperarse, su situación jurídica ha generado todo un tsunami de reacciones a favor y en contra, pero especialmente un movimiento nacional con repercusiones internacionales de solidaridad para quien gobernó al país durante ocho años.
Desde el gobierno de Estados Unidos, 21 expresidentes de Latinoamérica, centros de pensamiento y muchos dirigentes de talla mundial han reconocido el aporte de Uribe a la democracia colombiana y la estabilización económica del país, y todos coinciden en la misma petición: que la Corte le permita defenderse en libertad.
Tensión nacional
Aunque el caso Uribe hasta el momento no ha tenido mayores efectos en las bolsas y los mercados internacionales, es claro que sí ha impactado, y de qué manera, el ambiente político interno.
Uribe es considerado el dirigente político de mayor trascendencia de las últimas décadas en Colombia y el mayor elector en la historia de los comicios congresionales.
Por ello, su detención sirvió de plataforma para que desde el Centro Democrático comenzara a hablarse de un viejo anhelo que han tenido muchos sectores: la convocatoria de una asamblea constituyente para reformar la administración de justicia.
Es, no obstante, una propuesta que nació muerta, pues ni el propio Uribe ni el presidente Iván Duque, la han respaldado por lo engorroso de su procedimiento.
A cambio, fue el mismo Uribe quien instó a su bancada a trabajar por un referendo con el mismo objetivo de la constituyente, pero que procedimentalmente es más corto.
Empero, esta iniciativa no goza, al menos por el momento, de buen ambiente político pues como han dicho varios analistas a EL NUEVO SIGLO, de buen ambiente social y político por razones tan diversas como que la administración Duque ya está con el sol a sus espaldas, estamos en un año preelectoral, el país tiene otras prioridades más urgentes como la atención pospandemia de la población más vulnerable, etc.
Pero sobre todo, y en eso parece haber consenso de los observadores, es que un referendo en tales condiciones deja la sensación de “revanchismo” frente a la Corte Suprema de Justicia.
Más aún, los cálculos apuntan a que el Gobierno ha logrado imponer a sus candidatos en los cargos de decisión: el Fiscal General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y muy seguramente la Procuraduría General de la Nación con la elección de la exministra de Justicia, Margarita Cabello, en las próximas semanas. A ello se suman tres cupos de nueve en la Corte Constitucional.
Todo esto refuerza la idea propalada por algunos sectores del “revanchismo” contra la Corte, y por tanto podría deslegitimar cualquier iniciativa de reforma judicial con fines loables.
Aun así, y haciendo a un lado las suspicacias, infundadas o no, lo cierto es que la suerte jurídica del exsenador y dos veces expresidente de la República depende de la decisión que tomen los cinco magistrados habilitados para decidir su expediente.
Para ello ya hubo una primera sala plena sin lograrse el consenso, tal como informó oportunamente este Diario, y no se tiene programada ninguna sala extraordinaria, lo que indica que una decisión sobre el traslado del expediente por presunta manipulación de testigos, podría darse antes de terminar la semana que comienza.
La gran pregunta es, y esa es la ambiciosa apuesta de la defensa de Uribe, si la Corte aceptará estudiar la posibilidad planteada por el abogado Granados de trasladar todos los proceso que tiene contra el dirigente político a la justicia ordinaria, tesis que se ampara en que el afectado ya no cuenta con ningún fuero constitucional y las conductas que se le imputan no guardan relación funcional con este.
De lograrlo, el abogado Granados y su bufete de expertos se habrán apuntado el triunfo jurídico más importante de los últimos años en Colombia pues, como le explicó a este Diario el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera Mercado, “lo que ahora decida la Sala de Instrucción será totalmente inédito y marcará el inicio de una nueva jurisprudencia”.
Las otras opciones
Un fallo desfavorable a las pretensiones de la defensa del exsenador y expresidente lejos de constituirse en una derrota jurídica simplemente lo que hará es prolongar por algún tiempo las posibilidades de una decisión favorable, teniendo en cuenta que a Granados aún le queda una ficha con qué apostar: las instancias internacionales.
En ese terreno, por ejemplo, es reconocido el prestigio del expresidente en los más importantes centros de pensamiento del mundo entero, pues es sabido que cuando fue jefe de Estado, Uribe logró desbaratar el lobby paralelo que muchas veces quisieron hacerle ONG de oposición a iniciativas suyas como el TLC con Estados Unidos, por ejemplo.
Claro que falta todavía mucho trecho para llegar a esas instancias, pues primero hay que esperar la decisión de la Sala de Instrucción sobre su competencia frente al proceso del exsenador, y en qué términos planteará su competencia.
De quedarse con el proceso, la investigación se cerrará en cuatro meses para luego pasar a la calificación del sumario y decidir si hay méritos para acusarlo o archivar por falta de pruebas.
O, en caso contrario, que el expediente sea compulsado a la Fiscalía donde el funcionario que por reparto le corresponda conocer el acervo probatorio de la Corte tendrá toda la autonomía para decidir, incluso, si anula todo lo actuado por el alto Tribunal y arranca nuevamente de cero.
En fin, los futuros escenarios jurídicos para Uribe siguen en construcción, y así como su apoderado ha sorprendido al país con jugadas tan ingeniosas como no presentar recursos o pedir el traslado en bloque de todos los expedientes de su cliente a la Fiscalía, es necesario esperar al próximo movimiento táctico de la Sala Especial de Instrucción.
Pues como dice el jurista Herrera Vergara, después del acto legislativo 01 de 2018 que creó la doble instancia para aforados constitucionales, la Sala de Instrucción comienza a construir su propia jurisprudencia.