Representantes a la Cámara reiteran citación al Contralor, al Procurador y al Registrador para que expliquen de viva voz sus planteamientos frente a la misma
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Sin consenso sobre la forma como debe ser tramitada, comenzó la discusión de la reforma política en el Congreso. Al inicio de los debates, la Procuraduría, la Contraloría, la Registraduría y la Misión de Observación Electoral, entregaron algunos documentos en los que plantean algunos reparos a la iniciativa.
Asimismo los partidos políticos con asiento en la Comisión Primera de la Cámara, manifestaron sus condicionamientos a la misma y señalaron que no se puede aprobar sin un estudio riguroso.
El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, de Cambio Radical, manifestó de manera contundente que “las modificaciones son el resultado de la deliberación conjunta y para que la deliberación empiece bien y se conozcan los puntos de vista, me parece fundamental que se escuche primero a los órganos más importantes del Estado y sus cabezas que se han opuesto drásticamente a esta reforma y señalo que son todos los órganos más importantes los que han expresado opinión negativa”.
El legislador de Cambio Radical Jorge Rozo, explicó que “frente a la reelección consecutiva en ciertos cargos, dentro de ellos Senado y Cámara, no se observa una conexión clara con el acuerdo, pues lo que se busca es transparencia, esta disposición no representa la misma, se pueden estar perdiendo personas con experiencia, cayendo en el riesgo de desconocer la voluntad popular”.
Indicó que “en lo que tiene que ver con la pérdida de investidura, no mantiene una relación directa con el régimen electoral, pero dicha modificación se podría realizar vía ordinaria”, dijo
En lo que tiene que ver con la lista cerrada, el Representante de Cambio Radical dijo que “esto cercena los derechos superiores a la representatividad, y confunde al elector al momento de sufragar, la modificación propuesta en este artículo no amplía los canales democráticos”.
El representante Telésforo Pedraza, del Partido Conservador, integrante de la Comisión Primera, anotó que “a mí me parece que en la lucha contra la corrupción tiene toda la razón el Procurador y el Contralor de eliminar el Artículo Primero de la reforma que tiene directa conexidad con el Artículo 13 de la misma, en el cual establece que las decisiones que tomen estos organismos no tendrán efecto alguno para los servidores de elección popular, hasta que se surta un procedimiento de consulta”.
Dijo además que “han sido muy claros tanto el Contralor como el Procurador en ese concepto, que para nada se están afectando las convenciones de orden internacional, que ahora se ha vuelto la excusa para salirse y no cumplir con las sentencias. Parece que Colombia no fuera un Estado Social de Derecho de tanta antigüedad, y tanta respetabilidad, porque nadie quiere respetar las decisiones”.
Sostuvo que “yo veo el interés del Gobierno y lo que vamos hacer con todo el juicio es estudiarla, analizarla y aprobar todo aquello que sea bueno, conveniente y que esté relacionado con el acuerdo de paz”, dijo.
“Esto cercena los derechos superiores a la representatividad, y confunde al elector al momento de sufragar”: Jorge Rozo
Por su parte Edward Rodríguez, del Centro Democrático, sostuvo que “se debe aclarar si es necesario que las demandas vayan hasta el Consejo de Estado, lo que podría abrir un boquete, podría generarse una respuesta y es que sea la petición del que crea que no fue judicializado bien por la Procuraduría. Esto no puede ser que este artículo sea solo para beneficiar a Gustavo Petro, que hoy está sancionado por corrupción, y lo que vemos es que se busca beneficiar a un candidato presidencial”.
A su turno, Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, recalcó que lo que se debe hacer es modificarla toda, “esta es una reforma política que apenas comienza su discusión, estamos empezando no solo por las observaciones que ellos han hecho, sino que en nuestro criterio creo que es una política incoherente, y además que no es el momento para dar la discusión de una reforma vía fast track, sino que deberíamos hacerla mediante un procedimiento ordinario, amplio y no solamente modificando el sistema electoral colombiano, sino haciendo una reforma estructurada”.
Indicó Pinto que una reforma debe acoger toda una estructura del Estado, y se tienen que generar unos procesos de independencia de la justicia para que no intervenga ni en el ejecutivo, ni en el legislativo.
Carlos Guevara, del partido MIRA, indicó que “está muy complejo el tema de poder aterrizar el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a personas que han sido sancionadas de manera administrativa, varios legisladores expresan que ese artículo no tiene concordancia con lo aprobado en La Habana”.
Agregó que la independencia del Consejo Nacional Electoral, es que “varios han planteado que se tiene que mantener la facultad de elección por parte del Congreso, y este proyecto termina de cierto modo fraccionando esa facultad que tiene el legislativo para elegir al magistrado del Consejo Nacional Electoral”.
Recalcó Guevara que otro de los temas es la entrada en vigencia de la reforma. Algunos han planteado la necesidad de que entre en vigencia desde ya, “creemos que debe ser de inmediato los 8 años de garantía para los partidos minoritarios para permanecer en el escenario político”.
Berner Zambrano, del Partido de La U, dijo que “veo que hay mucho punto por evaluar, por analizar, hay que discutirlo aquí en la Cámara, hay puntos que rescatar, a mí me gusta que los jóvenes tengan la posibilidad de llegar al Congreso disminuyendo la edad, la forma de hacer política hay que cambiarla”
Alirio Uribe, del Polo Democrático, dijo que “en cuanto al Consejo de Estado, la Procuraduría y la Contraloría están defendiendo sus competencias, y no pensando en el bien del país. En el caso de la Contraloría y la Procuraduría están pensando en la importancia de respetar los estándares internacionales de los derechos, que establece que los funcionarios de elección popular no pueden ser destituidos administrativamente, y ellos no están proponiendo nada diferente a que se les mantengan sus privilegios y no a pensar en mecanismos democráticos”.
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