El Consejo Superior de Política Criminal aprobó este lunes el Plan Nacional de Política Criminal que tiene como objetivo proteger los derechos de las personas que se encuentran en el territorio nacional, y enfrentar efectivamente la criminalidad.

El diseño del plan comenzó hace dos años y demandó más de 100 reuniones de trabajo articulado y coordinado con todas las entidades que integran el Consejo Superior de Política Criminal, la Rama Judicial, el Ministerio Público, el Congreso de la República, y el Gobierno nacional.

Igualmente, incluye acciones orientadas a la prevención del delito, la reconstrucción de los lazos comunitarios en el marco de la justicia restaurativa, la resocialización, entre otros.

Adicionalmente, todos los lineamientos, acciones, productos y actividades contenidos en el Plan atienden e integran enfoques transversales, partiendo de la base de que la sanción penal debe ser la última de las alternativas del Estado para el tratamiento de las conductas criminales.

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También contempla un enfoque territorial, diferencial, restaurativo, focalizado en contra del crimen organizado para la transición a la paz, y restaurativo, que además propenda por el fortalecimiento de la legitimidad del Estado y de la confianza en las instituciones públicas.

El plan estableció siete prioridades y para cada una de ellas se establecieron objetivos y estrategias muy puntuales: 1. La prevención del delito y reducción del homicidio; 2. Prevención de violencias basadas en género, 3. Disrupción del crimen organizado, 4. Prevención de la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales 5. Humanización del sistema carcelario 6. Modernización de la acción estatal para combatir el crimen, y 7. Lucha contra la captura del Estado y la corrupción.