Este lunes se llevará a cabo la Audiencia de Seguimiento al Proyecto Eléctrico de Hidroituango, convocada por los representantes de la bancada alternativa a las 10 de la mañana en el polideportivo municipal del municipio de Tarazá (Antioquia).

De acuerdo con los congresistas, la audiencia tiene como objetivo escuchar a la comunidad, hacer seguimiento y buscar que las entidades involucradas den respuestas y soluciones a la crisis ambiental, social y económica que presentan los municipios del Bajo Cauca antioqueño.

Una de sus promotoras, la representante por Bogotá, María José Pizarro, de la Lista de la Decencia, señaló que “queremos escuchar cuáles han sido las afectaciones no solamente por las emergencias sino en el marco de la construcción de este proyecto”, con el fin de acercar el Congreso a las comunidades y así recopilar “todos los insumos que nos permitan dar un debate con altura y con argumentos frente a la construcción de este proyecto”.

Pizarro manifestó que como congresistas, en el seguimiento que le han hecho a la construcción de la obra hidroeléctrica, desde el periodo pasado, “queremos poner en el centro de la discusión a la comunidad”, debido a que solamente el 0,2% de los municipios que han sido afectados por dicha edificación han sido consultados, es decir, “hay cero participación”.

Por su parte, el representante David Racero también de la misma coalición, afirmó que ante el silencio de EPM y la Alcaldía de Medellín en esta situación, “recolectaremos la información para un segundo debate de control político que adelantaremos en el Congreso de la República, de cara a conocer la situación real de las comunidades, campesinos, pescadores y de ahí presentárselos al Gobierno nacional”.

Mientras que el representante por Antioquia, León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde, exigió la renuncia del gerente de EPM, “un gerente que fue incapaz de sacar este proyecto adelante junto a otros implicados que al día de hoy no han asumido las responsabilidades de esta crisis”.

A la audiencia fueron citadas diferentes instituciones del orden nacional y regional, entidades territoriales, entes de control, comunidades afectadas y organizaciones sociales.