Ha venido en aumento el clamor de quienes piden que los desmovilizados de las Farc imputados de delitos de lesa humanidad, más específicamente por secuestro, renuncien a las curules que ostentan en el Congreso.
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Como lo publicó hace ocho días EL NUEVO SIGLO, entre quienes han planteado esa necesidad está Ángela María Giraldo, hermana del diputado vallecaucano Francisco Giraldo, secuestrado y asesinado por las Farc junto a otros 10 asambleístas el 18 de junio de 2007 tras cinco años de secuestro.
“Llamo al antiguo Secretariado de las Farc a renunciar a sus curules para someterse a la justicia, asumiendo su responsabilidad frente a estos crímenes atroces, aportando a la reconstrucción de la verdad y cumpliendo con sanciones serias y rigurosas, que conllevan restricciones efectivas de la movilidad”, manifestó Giraldo, anotando que “ese sería un verdadero acto de reconocimiento de responsabilidades y de arrepentimiento frente a todo el daño y dolor ocasionados. Y es la mejor forma de contribuir a la construcción de paz en Colombia y de ser aceptados por una sociedad que clama por justicia frente a estos crímenes. Los secuestrados por las Farc y sus familias fueron sometidos a años de tortura, hasta 14 años privados de la libertad en condiciones infrahumanas, algunos de ellos asesinados en cautiverio. Realidades muchas veces comparadas con los campos de concentración de la II Guerra Mundial”.
Imputación
Se trata de una consideración que no es nueva, pues incluso como se verá, son varias las voces que se levantaron contra la presencia de dichos jefes guerrilleros en escaños parlamentarios hasta tanto no fueran sometidos a juicio y pagaran al menos las respectivas penas alternativas.
Sin embargo, el tema fue puesto de nuevo sobre la mesa tras la imputación anunciada también hace ocho días por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a ocho miembros del antiguo Secretariado de las Farc por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del caso 01, el de secuestro ahora denominado “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad".
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Los responsables de estos hechos son los antiguos miembros del Secretariado que están sometidos a la JEP: Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel (‘Joaquín Gómez’), Juan Ermilo Cabrera (‘Bertulfo Álvarez’), Jaime Alberto Parra (‘Médico’), Julián Gallo (‘Carlos Antonio Lozada’) y Rodrigo Granda.
De los imputados, solo Victoria y Gallo ostentan la calidad de congresistas, con su respectiva curul en Senado en ambos casos por el partido Comunes.
El Acuerdo de Paz firmado con las Farc les garantizó a los excombatientes 10 curules en el Congreso, cinco en el Senado y cinco en la Cámara, de las que hoy solo son efectivas nueve, pues mientras Luciano Marín (‘Iván Márquez’) no se posesionó y pudo ser remplazado por Israel Alberto Zúñiga (‘Benkos Biohó’), no ocurrió lo mismo con Seuxis Pausias Hernández (‘Jesús Santrich’), a quien en diciembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia le ratificó la medida de aseguramiento por narcotráfico, ante lo cual la mesa directiva de la Cámara le decretó la silla vacía.
“Privar a las personas de su libertad, y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida, fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes. Como producto de este crimen, la Sala de Reconocimiento también les imputó a los antiguos miembros del Secretariado otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado”, informó la JEP.
“Revictimizan”
Comenzando la semana El Meridiano, rotativo cordobés, publicó una entrevista con el expresidente Álvaro Uribe, quien reiteró que en su concepto la JEP, “para atenuar la responsabilidad de los criminales, habla de retención y no de secuestro. Entonces supongamos que ahora les imputan y ellos confiesan. Recuerden que el proceso dice, y que es muy grave lo que se dice en las bases del proceso, que si confiesan delitos no los condenan a cárcel, simplemente les imponen una restricción del área de movilidad y pueden seguir en el Congreso”, calificando eso como “gravísimo. Y por eso nosotros insistimos en dos reformas a la JEP: que aquellos que están en el Congreso responsables de delitos atroces salgan de allí y que se excluya a los militares de la JEP, que su conducta la examine un ente independiente, imparcial y sin impunidad, por su puesto”.
Pero ya el viernes, un día después de la imputación, el presidente Iván Duque, durante la presentación del Plan Integral para la Implementación de la Política de la Paz con Legalidad para Sucre, expresó que “revictimizan una víctima cuando sus verdugos, cuando sus victimarios ostentan las más altas posiciones del Estado. Y además pretenden preservarlas aun siendo señalados o acusados de crímenes de lesa humanidad. O lo que es aún más grave, pretenden conservar las después de ser condenados”.
“Y yo sí creo que hoy debemos plantearle al pueblo colombiano con claridad, que quienes han cometido los crímenes de lesa humanidad y reciban esta sanción por parte de la justicia transicional no pueden seguir ostentando sus curules en el Congreso de Colombia. El mínimo gesto de gallardía, el mínimo gesto de verdadera reparación y de asumir responsabilidad, es que salgan del ejercicio de esa función parlamentaria. Y decir esto no significa ser enemigo de la paz. Significa ser amigo de la justicia y ser enemigo de la impunidad”, sostuvo Duque en Coveñas.
“También, soy claro”, añadió: “Es que es conocido por todos nosotros que la justicia restaurativa se habla de penas alternativas. Es cierto que se habla de penas que no necesariamente implican una condición intramural convencional. Es cierto. Todo eso se puede entender. Pero lo que no se puede entender es que tengamos un doble rasero en Colombia, donde cualquiera que haya cometido un delito que implique sanción no puede jamás aspirar al Congreso de la República. Y que tengamos miembros del Congreso de la República con condenas de crímenes de lesa humanidad a cuestas. Ese doble rasero nos debilita como sociedad, nos debilita como país”.
Política
Sobre este tema, la excongresista Ingrid Betancourt, secuestrada por las Farc durante seis años (febrero de 2002 a julio de 2008), le dijo el pasado sábado a la revista Semana que “de la misma manera que pienso que el castigo tiene que ser la pena máxima de restricción de libertad, de igual forma pienso que a estas personas que tomaron la decisión de privilegiar la vida política se les debe alentar y respetar. Creo que debemos tener claridad en guardar la credibilidad a nuestro acuerdo”.
De otra parte, este miércoles Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, le dijo a W Radio que “no estoy en contra de que ellos estén en el Congreso. Las Farc pueden tener delegados que no estén incursos en delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra como lo está el Secretariado de las Farc”.