Luego de que la Procuraduría emitiera una alerta sobre una adenda que se había incorporado durante el proceso, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) señaló que se suspenderá temporalmente la licitación del proyecto 'Escuelas Potencia Digital'.
“Por prudencia y transparencia, y para brindar todas las garantías y buscando asegurarle al país que no hay dudas frente al desarrollo, de la licitación, el Ministerio TIC tomó la decisión de acoger la recomendación de la Procuraduría, y suspender por 10 días el proceso”, manifestó la cartera.
A través de un comunicado, Mintic aseguró que el proceso se ha realizado de manera transparente y con una planificación adecuada. De igual forma sugiere que el hecho de que 14 proponentes hayan participado sin que la Procuraduría General de la Nación u otros entes de control hayan encontrado indicios de favoritismo lo hace un trámite sido limpio y libre de acusaciones.
Cabe señalar que este proyecto que busca conectar con Internet wi-fi a 3.082 Instituciones Educativas en las zonas rurales más apartadas de 401 municipios de 28 departamentos del país. La iniciativa contempla la instalación de dos puntos de acceso wi-fi, uno al interior de la sede educativa rural para los estudiantes y la comunidad educativa, y otro en el exterior, para el uso y el disfrute de la población aledaña.
A su vez, mencionó que en ente de control envío una recomendación al Ministerio TIC pues cree que se cambió el sentido de los Pliegos de Condiciones, algo que no es permitido por la ley 80. “A juicio del Ministerio, no hubo un cambio en los pliegos sino una explicación de los mismos. La respuesta no beneficia a nadie ni cambia el orden de legibilidad, sino que abre un debate de interpretación de la ley”, argumentó.
Por tanto, anuncia que los diez días de suspensión de la licitación servirán para desarrollar unas mesas de trabajo entre las dos entidades, para revisar los diferentes aspectos técnicos que han generado las inquietudes. “El Ministerio TIC pedirá dos conceptos técnicos a entes externos y uno concepto jurídico a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sobre los riesgos jurídicos que se derivan de seguir adelante con el proceso”, puntualizó.