A un año de los comicios regionales, los de mayor magnitud porque se eligen gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, hay varios riesgos a la vista, algunos de los cuales podrían ser superados por la reforma política así como al Código Electoral que discute el Congreso. Pero, paradójicamente, hay otros que podrían generar estas iniciativas porque, de ser aprobadas, entrarían a regir poco antes de esta cita con las urnas, sin dar oportunidad a los partidos y al sistema de aclimatarse.
1. Cambian reglas de juego
La reforma política por tratarse de un acto legislativo requiere de ocho debates, por lo cual, yéndole bien, a diciembre de este año cumpliría la primera vuelta. Los cuatro restantes serían a partir de marzo próximo, cuando el Congreso regrese a sesiones.
Como consecuencia, en caso de ser aprobada la reforma entraría en vigor aproximadamente a principios de junio del 2023, a cuatro meses de las elecciones regionales, generando un riesgo porque modifica las reglas de juego en aspectos cruciales como la conformación paritaria de listas a corporaciones, que exigirá un gran esfuerzo a los partidos porque no están acostumbrados a ello ni estarían preparados.
2. Financiación de las campañas
La reforma política establece que las campañas serán financiadas preponderantemente por el Estado. Si bien mantiene el actual sistema, haría que las donaciones de los privados a los candidatos sean menos del 50%.
Sin embargo, solo hasta junio del próximo año, cuando se espera sea aprobada la reforma política, se sabrá efectivamente cuánto aportarán el Estado y los privados a las campañas.
El problema es que para ese momento las campañas estarán en pleno furor, lo que podría producir un riesgo porque los candidatos no sabrán a qué atenerse en materia de financiación.
3. Paridad en las listas
La reforma política establece que las listas a corporaciones serán paritarias, es decir, una mitad mujeres y la otra conformada por hombres. Lo que hoy existe es que se exige a los partidos que el género femenino sea como mínimo el 30% de las planchas.
Sin embargo, de antemano se observa un riesgo pues el 29 de junio de 2023 inicia la inscripción de candidatos para las regionales, pero los partidos se habrían enterado de si tienen que conformar las listas con el 30% de mujeres o con el 50% solo unas semanas antes, según la suerte que corra la reforma política.
4. Seguridad en los territorios
Las difíciles condiciones de seguridad en varias regiones del país han marcado varias elecciones porque los actores armados han buscado influir de alguna manera, ya sea con el fin de desestabilizar constriñendo a la población para que no ejerza el derecho al voto o que vote por determinado candidato, o no permitiendo a los aspirantes hacer campaña en algunos territorios.
El Gobierno nacional en su política de paz está preparando el terreno para iniciar negociaciones por separado con la guerrilla del Eln y los grupos armados organizados, buscando que abandonen su accionar delincuencial.
No obstante, este es un asunto que toma tiempo y seguramente los eventuales frutos de esas negociaciones no se verán durante la campaña y las elecciones regionales, poniendo así un manto de duda sobre la seguridad en estos comicios.
5. Negociación de paz, ¿factor de presión?
La próxima semana se iniciaría en Caracas la mesa de conversaciones entre el Gobierno y el Eln, con miras a un eventual acuerdo de paz. Igualmente, a comienzos del año próximo arrancarían las negociaciones con al menos 10 grupos armados organizados que han manifestado su intención de acogerse al proceso de paz que propone el presidente Petro.
De presentarse este escenario el país tendría, por un lado, negociaciones del Gobierno con una decena de grupos al margen de la ley y, por el otro, la campaña para las elecciones regionales.
Esto hace que ya se escuchen voces de quienes ven un peligro porque esta situación quiera ser utilizada por esos grupos para sacar ventaja o poner condiciones en la mesa, sobre un eventual cese el fuego o de comprometerse a respetar o no el proceso electoral.
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6. Transfuguismo: factor sorpresa
La reforma política establece un parágrafo que permite por una vez el transfuguismo a los actuales corporados, es decir, que se presenten en las siguientes elecciones por un partido distinto a por el cual hoy ocupan una curul.
Esto, en el caso de los congresistas, les daría carta blanca para aspirar a gobernaciones y alcaldías capitales, quedándose en sus actuales escaños hasta junio del 2023.
Según la ley, los parlamentarios tienen plazo para renunciar hasta el próximo 29 de octubre, es decir, un año antes de los comicios regionales. De hecho ya se han producido dos decisiones en este sentido sin esperar a qué suceda con la reforma política, de los senadores Rodolfo Hernández y Berner Zambrano, quienes aspirarían a las gobernaciones de Santander y Nariño, respectivamente.
La posibilidad de que los congresistas se queden hasta junio próximo generaría incertidumbre y para algunos el peligro de un desequilibrio porque harían campaña desde la curul y tendrían a su favor el factor sorpresa. Esto es que sus rivales a gobernación y alcaldía no sabrían si se lanzan o no al cargo.
7. Incertidumbre por número de períodos
Otro peligro sobre las reglas de juego para las venideras elecciones regionales es la disposición de la norma política que establece que, a partir de su entrada en vigencia, nadie podrá ser elegido para más de tres periodos en las corporaciones públicas.
Ello lleva a preguntarse a los actuales concejales y diputados que tienen más de tres periodos consecutivos si podrán presentarse nuevamente en los comicios del 2023.
El problema es que solo lo sabrán hasta junio del año próximo, cuando, como se dijo, se conocerá si es aprobada la reforma política. Entonces, el dilema para estos corporados será si mientras tanto hacen campaña o esperan.
8. Las encuestas
La reforma política trae una densa regulación sobre la elaboración y difusión de las encuestas y sondeos de tipo electoral, actividad que en todos estos años se ha desarrollado con base en una resolución muy general que dictó el Consejo Nacional Electoral.
Los resultados de las encuestas invariablemente son materia de polémica por las distintas campañas, que si bien en algunos casos puede explicarse la molestia porque a un candidato los resultados no lo favorecen, también es claro que falta poner las cosas en cintura en la realización de estos estudios, en materia del tamaño y características del universo de personas encuestadas así como los lugares en que se hacen, entre otras.
Empero la realización de las encuestas para las elecciones del próximo año con los nuevos términos de esta regulación, dependerá de si se aprueba o no la reforma política.
9. Volvería polémica por software
Una de las mayores discusiones en las elecciones legislativas y presidenciales de este año, fue por el software que utiliza la Registraduría Nacional para los escrutinios.
Sectores políticos, como el Pacto Histórico, solicitaron que se realizara una auditoría internacional al software, incluso lo pidió el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, finalmente ello no ocurrió porque no hubo tiempo para llevar a cabo esta contratación, a pesar de que el Ministerio de Hacienda giró los recursos necesarios.
Esa discusión quedó suspendida tras pasar las elecciones de este año, pero es previsible que el debate se reabra para los comicios del 2023, pues sectores políticos, que en este caso sería especialmente la oposición, exigirán todas las garantías sobre la transparencia de los resultados.