EL ESCÁNDALO de corrupción al interior de Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, sigue dando de qué hablar en torno a las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación y que están relacionadas con esos hechos. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro le pidió a la fiscal Adriana Camargo que no diera beneficios jurídicos a Olmedo López y Sneyder Pinilla, principales investigados por los actos de corrupción, hasta tanto no devuelvan el dinero perdido.

Al respecto, EL NUEVO SIGLO habló con el exvicefiscal Guillemo Mendoza quien explicó “es una opinión que puede dar cualquier ciudadano porque en realidad no es una orden ni tampoco una sugerencia que comprometa a la fiscalía. Pero lo cierto es que cualquier ciudadano puede opinar que para darle un principio de oportunidad a una persona y ponerlo a salvo de una acción penal le exija que devuelva los bienes de los que se haya apoderado en caso propio”.

Respecto a los expresado por el presidente, el exfuncionario advirtió “claro que está mal que se hagan esas sugerencias por parte del mandatario, pero eso bajo ninguna circunstancia afecta a independencia de la fiscalía, a lo cual la entidad de investigación no tiene porqué ceñirse sobre esas directrices eternas, sino solamente a lo que la ley le permite”.

A su turno, el abogado Ramiro Bejarano le dijo a este Diario sobre el particular que “el presidente estaría cometiendo un acto de imprudencia porque si bien la Constitución Nacional le permite al gobierno pedirle informes a la fiscalía por temas de orden público, eso no le da licencia para insinuar a la fiscalía como debe proceder en cada asunto y menos cuando se trata de un caso en el que están involucrados dos funcionarios del que actualmente es presidido por el doctor Petro”.

De igual manera, el jurista agrega que “eso puede conducir a una propuesta que es inaceptable al pedirle a estos señores que devuelvan el dinero y que si no lo hacen se niegue el principio de oportunidad, con lo cual puede fracasar la posibilidad de oír la verdad que ellos están obligados a suministrarle a la justicia”.