EN LA próxima legislatura se insistiría en presentar la iniciativa de reducir el salario de los congresistas por lo alto que es, de $48.100.000, según anunciaron varios parlamentarios tras hundirse el pasado martes en la Primera de Cámara en tercer debate este proyecto. EL NUEVO SIGLO consultó a varios de ellos sobre cómo blindarlo frente a las razones constitucionales y legales que esgrimen los que votan en contra, de manera que tenga más chance de ser aprobado.

La ponencia que pedía dar el tercer debate a la iniciativa tuvo en la Comisión Primera de Cámara 15 votos a favor y 14 en contra; sin embargo, requería 21 votos porque era de carácter estatutario.

Entre las razones que se manifestaron para no aprobarlo en la discusión en esta célula legislativa es que no contaba con el respaldo del Gobierno; que la reducción también debería incluir a otros funcionarios del Estado porque el incremento de su salario está atado al de los parlamentarios; que la medida no debería cobijar a los integrantes de este Congreso, para no legislar en causa propia, entre otras.

Opinión de los congresistas

El representante por Putumayo, Carlos Ardila Espinosa, ponente de la iniciativa archivada, dijo sobre un nuevo proyecto con el mismo propósito que “hay que presentarlo, pero hay que aprovechar y corregir varios temas de la ponencia que se hundió”. Por ejemplo, señaló tener en cuenta que “en este proyecto de ley consignaron una excepción, se reducía para congresistas, pero no para altos funcionarios, y eso termina siendo incompatible porque los salarios de altos funcionarios se fijan teniendo en cuenta el de los congresistas, entonces terminamos ahí con un vacío”.

Entonces, conceptuó el legislador liberal, “la discusión no son solo los congresistas, es todos los funcionarios que tienen su salario como referente el de los congresistas”.

Otro aspecto es que según Ardila la discusión no es solamente salarial porque “en lo que se paga como salario se están incluyendo unos gastos de representación que hoy suman cerca de $18 millones. Esos gastos de representación no deberían ir en ese salario, deberían pagarse, y aquí viene la discusión, a quienes viajen y a quienes en realidad requieren recursos para poder adelantar su labor como congresistas”.

Se preguntó “por qué a unos congresistas que tienen sede Bogotá y que se mueven en Bogotá, les pagan los mismos gastos de representación que a un congresista que tiene que desplazarse a una región”. Agregó Ardila que “soy un convencido que esos gastos de representación no se deben girar mes a mes, deberían centralizarse en la Cámara para el caso nuestro, y de acuerdo al consumo que se tenga en combustible, en viajes y demás, pues se termine pagando”, porque como hoy está se le paga tanto al que viaja como al que no le corresponda hacerlo.

A su turno el representante por Antioquia, Hernán Cadavid Márquez, consideró que si hay voluntad política podrá aprobarse el proyecto para reducir el salario de los congresistas.

“La solución es acabar las excusas, realmente ha faltado voluntad en sectores políticos para avanzar en eso. Elementos para oponerse siempre argumentarán unos u otros, pero este proyecto como otros anteriores y que también habíamos presentado, este no era de autoría nuestra, hubiera podido avanzar. Pero siempre para el que no quiere disminuirse el salario encontrará una razón que estime necesaria para argumentar en esos momentos”, enfatizó el congresista del Centro Democrático.

Mientras que la representante por Bogotá, Adriana Arbeláez Giraldo, expresó que hay “interpretaciones de varios congresistas que han asumido una postura que este proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad, pues para mí son válidos y los han sustentado”. No obstante, la integrante de Cambio Radical puntualizó que “es muy importante que este proyecto pudiera avanzar y mostrar que este Congreso está conectado con la ciudadanía y quiere reducir sus beneficios”.

Explicó Arbeláez que “en el debate dejé como presente, que también es importante no solamente poner los ojos en los altos salarios de los congresistas, sino también en los altos funcionarios del Estado. Hay unos que se ganan hasta $100 millones entre primas, salarios, y pues esto vale la pena revisarlo y abrir el debate”.

De cara a un nuevo proyecto, la legisladora señaló que debería prepararse entre el Gobierno y los congresistas, “con unas mesas técnicas jurídicas que permitan establecer que no hay ningún tipo de problema en que se avance con este proyecto, ya con los conceptos por parte de la Corte Constitucional. Creo que es importante que se genere un pronunciamiento al respecto para estar blindados”.

Así mismo, la representante por Bogotá, Katherine Miranda Peña, señaló “creo que para que tenga efecto y ninguna duda de constitucionalidad ni de legalidad, lo que se debe hacer es que no aplique para las propias personas que actualmente están legislando, sino para el periodo que sigue. Creo que eso podría blindar absolutamente todas las inquietudes o las observaciones que se puedan llegar a tener frente a esta iniciativa”.

Finalizó diciendo la parlamentaria de Alianza Verde que la reducción del salario de los congresistas debe “hacer parte del acuerdo nacional que se tiene que hacer frente a una posible reforma política, y es que se dé, pero que aplique para la próxima legislatura para que no se esté legislando en causa propia, sino que aplique a los próximos congresistas”.

En tanto que el representante por Valle, Duvalier Sánchez Arango, dijo que “está demostrado, y así se puede evidenciar en las diferentes iniciativas legislativas para reducir el salario de los congresistas, que han fracasado porque los congresistas no son honestos en decirle al país que no se quieren bajar el salario”. Añadió que “de ahí para allá empiezan a salir una serie de argumentos legislativos, jurídicos, constitucionales, para tratar de justificar ese voto de rechazo”.

Explicó el representante de Alianza Verde que “este proyecto tenía la particularidad que no era un acto legislativo, sino lo que buscaba era afectar el artículo segundo de la Ley Cuarta de 1992, que es una ley orgánica, donde básicamente se establece cómo debe liquidar el Gobierno nacional unas primas y demás. Es decir, buscaba afectar una prima especial de localización, vivienda y salud, no factor salarial. Esa prima es de $14 millones”.

Dijo que “para mayor claridad y viabilidad hacia el futuro del proyecto, ojalá el Gobierno nacional sea el que lidere la iniciativa, el Ministerio de Hacienda y el presidente de la República”, para quitar el argumento de que solo por iniciativa del Ejecutivo se puede modificar el salario de los congresistas.

Así votó el proyecto la Primera de Cámara

Adriana Arbeláez Giraldo Sí         
Gabriel Becerra Yanez   Sí
Hernán Cadavid Márquez Sí
Óscar Campo Hurtado Sí  
Marelen Castillo Torres Sí
Heráclito Landinez Suárez Sí
Santiago Osorio Marín Sí
Jennifer Pedraza Sandoval Sí
Abraham Polo Polo Sí
David Racero Mayorca Sí
Leonel Rueda Caballero Sí 
Duvalier Sánchez Arango Sí
Julio Triana Quintero Sí
Alirio Uribe Muñoz Sí
José Uscátegui Pastrana Sí
Ruth Caycedo Rosero No   
Orlando Castillo Advíncula No
Piedad Correal Rubiano No
Juan Cortés Dueñas No
Karime Cotes Martínez No
Luis Díaz Mateus No
Juan Gómez González No
Delcy Isaza Buenaventura No
Andrés Jiménez Vargas No
Juan Peñuela Calvache No
Gersel Pérez Altamiranda No
Diógenes Quintero Amaya No
Óscar Sánchez León No
Jorge Tamayo Marulanda No

¿Cuánto ganan parlamentarios en Suramérica?

. Uruguay $54.000.000
. Colombia $48.000.000
. Paraguay $35.000.000
. Chile $32.000.000
. Brasil $25.000.000
. Ecuador $18.000.000
 . Perú $16.000.000
. Argentina $15.000.000
. Bolivia $12.000.000
. Venezuela $4.000.000