TRANSPARENCIA, ACCESO a la información, la inclusión y las tecnologías fueron algunos de los temas que se abordaron en la Semana de la Democracia, organizada por la Registraduría Nacional y que convocó a expertos de América, Europa, Asia y África.
El secretario general de la entidad, Camilo Mancera, abrió el panel, en el que participaron la procuradora delegada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, Yolima Carrillo, y Gerardo de Icazas, director del Departamento de Observación Electoral de la OEA.
Mancera subrayó que la institucionalidad tiene un rol definitivo para el fortalecimiento de la democracia e insistió en que para ello se le debe dar confianza a la ciudadanía de que se está trabajando con transparencia.
En tanto que la procuradora delegada Carrillo defendió las competencias de la Procuraduría para sancionar y destituir en materia disciplinaria a funcionarios de elección popular. Destacó que el actual procedimiento atiende el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Explicó que “el Consejo de Estado estudia automáticamente el recurso de revisión y la Corte Constitucional en tres sentencias, en dos de ellas reafirma la competencia de la Procuraduría”.
Sostuvo que el Ministerio Público tiene la facultad de sancionar a todos los servidores públicos, con la excepción del presidente, vicepresidente y magistrados de las altas cortes, y recalcó que al registrador y los magistrados del Consejo Nacional Electoral puede disciplinarlos.
Añadió que los partidos políticos deben cumplir los índices de transparencia, y quienes incumplan por no rendir las cuentas, la Procuraduría le envía el listado al Consejo Electoral para que sean investigados.
Puso de presente la importancia de la rendición de cuentas por los partidos políticos y que documenten sobre la militancia y los mecanismos que tienen para la democracia interna.
Indicó que la Procuraduría tiene una función en materia electoral en todas las etapas y desarrolla todos sus ejes preventivos, disciplinarios y de intervención.
Destacó Carrillo que el día de las elecciones el Ministerio Público vigila el accionar de los funcionarios públicos, evitando así que alcaldes y gobernadores intervengan en política.
Para Gerardo de Icazas el acceso para que los observadores electorales puedan hacer su trabajo es muy importante y puso como ejemplo lo sucedido en el Ecuador en 2017, donde hubo un ataque cibernético a la página de divulgación.
Explicó el invitado que gracias a que estuvieron en todo el proceso pudieron decir que no hubo fraude. “La misión electoral no solo es un vehículo de transparencia para dar información, sino que también es sujeto de su propia transparencia, tiene que decir con quiénes se ha reunido, qué han pedido y debe dar información”.