LA INVESTIGACIÓN que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) al presidente y a su campaña en 2022 por las presuntas irregularidades en la financiación, cada vez se enreda más para poder avanzar por los recursos que ha presentado la defensa, sectores políticos afines al mandatario e incluso la oposición que recusó dos magistradas por supuesta cercanía con Gustavo Petro.

El pasado 9 de mayo, los magistrados Álvaro Prada y Benjamín Ortiz presentaron una ponencia a la Sala Plena del CNE en la que piden abrir una investigación y formular cargos a Gustavo Petro, en calidad de candidato presidencial, por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del 2022.

Igualmente, la ponencia, producto de una investigación que llevaron a cabo Ortiz y Prada por más de 10 meses, pide formular cargos a Ricardo Roa Barragán (hoy gerente de Ecopetrol), en calidad de gerente de la campaña; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, en calidad de auditores; al movimiento político Colombia Humana y el Partido político Unión Patriótica por presunta violación de topes y dudoso origen de algunos recursos.

Sin embargo, la Sala Plena del CNE antes de pronunciarse si acoge o no la ponencia, particularmente en lo que tiene que ver con formular cargos al presidente, debe resolver las recusaciones que hasta el momento han presentado contra los magistrados Álvaro Prada, Fabiola Márquez y Alba Velásquez.

Por un lado, congresistas del Pacto Histórico, coalición de fuerzas políticas que oficia como partido de gobierno, recusaron el pasado 8 de mayo al magistrado Prada por “la evidente vulneración al principio de imparcialidad y la violación al régimen de conflicto de interés”, según señaló la colectividad en un comunicado.

Agrega el Pacto Histórico que hay evidencias que dan cuenta de la “animadversión del magistrado contra el presidente, su campaña y el proyecto político que lidera”. Además, recuerda que Prada en el caso de Álvaro Uribe Vélez afronta un juicio en la Corte Suprema por “presunto soborno en actuación penal en calidad de cómplice”.

Cabe recordar que Prada fue uno de nueve magistrados elegidos para el CNE por el Congreso en agosto de 2022, en su caso promovido por el Centro Democrático, partido de oposición del cual también fue representante a la Cámara.

Desde hace años se ha planteado, sin éxito, reformar el sistema de elección de los magistrados del CNE por el origen político que tiene, pues está a cargo del Congreso que elige de aspirantes que proponen los partidos por medio de sus bancadas.

Del mismo modo, el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, el pasado 15 de mayo recusó ante el CNE a Fabiola Márquez y Alba Velásquez, quienes fueron elegidas magistradas a nombre del Pacto Histórico. El parlamentario señala en su escrito que el propósito de esta recusación es que sean apartadas del quórum que “integrará la Sala Plena en la cual se analizará y decidirá la aprobación del proyecto de formulación de cargos”.

Cadavid dice que Velásquez tiene un interés particular que afecta la imparcialidad en la decisión que debe tomar como magistrada, debido a “la participación directa” en la “campaña del señor Petro para llegar a la presidencia”.

En lo que corresponde a la magistrada Fabiola Márquez, el Legislador uribista sostiene que ella tiene amistad con Petro, lo que puede afectar “la imparcialidad objetiva que debe prevalecer en todo proceso”.

Adicionalmente, recuerda que ella trabajó en la administración durante la alcaldía de Petro en Bogotá como gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad, directora encargada de la Unidad Administrativa Especial (Uaesp), jefa jurídica de los Bomberos, asesora de la Alcaldía Mayor y directora de Defensa Judicial y de Control de Gestión de Aguas.

EL NUEVO SIGLO conoció que la Sala Plena del CNE tiene previsto resolver en los próximos días si hay mérito para estas recusaciones y, según lo que decida, si las acoge o no.

En caso de que la Sala Plena acepte estas recusaciones, será necesario que acuda a los conjueces que tiene para que reemplacen a los magistrados en discusión, sea uno, dos o los tres, en la votación de la ponencia que pide abrir una investigación y formular cargos al presidente Petro.

El CNE cuenta con 17 conjueces de que echar mano en estos casos, entre los que se encuentran reconocidos juristas como Alberto Rojas Ríos, exmagistrado de la Corte Constitucional; Lucy Bermúdez, exmagistrada del Consejo de Estado; y Alberto Yepes Barreiro, exconsejero de Estado.

Así mismo el pasado 10 de mayo, fue presentada una tutela contra el CNE por el representante legal de la Veeduría Colombia Decente, Alcides Arrieta, por medio de la cual se busca anular la investigación a la campaña y cargos formulados al presidente. La acción alega violación al debido proceso y que el organismo excedió sus facultades.

Como si fuera poco esta artillería jurídica que ha frenado la investigación en el CNE al jefe de Estado por la financiación de su campaña, la cual no habría reportado ingresos de dineros, como $500 millones de Fecode supuestamente triangulados por intermedio de Colombia Humana, y $600 millones del sindicato de los trabajadores petroleros, USO, el veedor ciudadano de Cali, Elmer Montaña, denunció en la Fiscalía por prevaricato a los magistrados Prada y Ortiz.

Este abogado sostiene que los magistrados supuestamente incurren en este delito porque si bien el CNE “es el órgano competente para investigar todo lo relacionado con las campañas electorales”, “lo que no podían hacer estos magistrados” era “abrir investigación ni mucho menos formularle cargos al Presidente” porque esta es una competencia de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara.

Maniobras de la defensa

La defensa que contrató el presidente Petro se está moviendo en distintas direcciones para frenar el proceso en el CNE y, de ser posible, concentrar su acción en la investigación al mandatario que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara.

El pasado martes, el abogado Héctor Carvajal pidió al CNE la nulidad de la investigación al presidente Petro por falta de competencia.

“Me dirijo a la Sala del Consejo Nacional Electoral −magistrados y magistradas−, con el propósito de solicitar se decrete la nulidad de toda la actuación surtida en el presente asunto, por falta de competencia”, señala Carvajal en el escrito.

En tanto que también por este motivo el abogado Mauricio Pava solicitó al CNE trasladar a la Comisión de Acusación de la Cámara la investigación al jefe de Estado por el tema de su campaña.

Mientras se espera qué responderá el CNE ante esta solicitud, el pasado jueves la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara solicitó a este organismo el traslado del proceso, argumentando que tiene la competencia para adelantar esa investigación.

En una comunicación indica que “la Comisión de Acusación de manera autónoma y oficiosa, solicita a través de providencia al Consejo Nacional Electoral – CNE, las investigaciones que ante esa autoridad cursan contra el presidente de la República, por hechos relacionados con la financiación de su campaña”.

En otro de los apartes de la comunicación agrega que “aunque ese órgano (CNE) es competente para investigar a los partidos, a los gerentes, y candidatos, la competencia exclusiva para investigar al presidente de la República, la tiene el Congreso de la República por ser su juez natural al amparo del fuero constitucional contemplado en el artículo 178 de nuestra carta política”.