GIRAR RECURSOS de los presupuestos máximos de noviembre y diciembre de 2023 para las EPS, solicitó la Procuraduría General de la Nación al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

El órgano de control también pidió al titular de dicha cartera conocer la fecha en la que se efectuará el reconocimiento de los ajustes para la vigencia 2022, debido a que, “a la fecha no se han llevado a cabo y pone en riesgo la salud de millones de colombianos”.

Además, la Procuraduría “verificó el pago inoportuno, puesto que, durante el segundo semestre del 2023 en el mes de octubre, pagaron solamente el giro de los meses correspondientes a julio, agosto y septiembre; además, solo hasta el presente año se reconocieron los ajustes del año 2021 para la red prestadora de servicios de salud”.

Asimismo, la entidad dirigida por Margarita Cabello requirió “la programación para la realización de las mesas técnicas y participativas que tiene como objeto la revisión y discusión jurídica, técnica y financiera que permita determinar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) para la vigencia 2024”.

Por otra parte, la delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social insiste, en que, para el cierre del 2023, se continúa en absoluto desconocimiento acerca de la información y metodología reportada por las aseguradoras para el debido cálculo del UPC para 2024.

Entretanto, el ente de control advirtió la gravedad de las actuaciones del ministro. Ya que como se sabe, en septiembre, el ente de control pidió a Jaramillo claridad en la remisión de información relacionada con el pago de los presupuestos máximos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) al entregar reportes para la vigencia 2021.

En su momento, el Ministerio Público dijo que hacía “seguimiento continuo al adecuado flujo de recursos en el sistema de salud, por tanto, solicitó al alto funcionario claridad en la información del pago de los presupuestos máximos del segundo semestre de 2023 y el pago de los ajustes del año 2022 y 2023”.

Proceso licitatorio

Irregularidades detectadas en el proceso de selección de interventoría para validar los pagos de reclamaciones a las IPS, llevaron a la Adres a suspender el proceso por recomendación de la Procuraduría.

De acuerdo a indagaciones hechas por el Ministerio Público, la Administradora de los Recursos del Sistema General en Seguridad Social en Salud-Adres al parecer, presentó inconsistencias en el proceso de selección que llevaron al ente de control a crear las alertas debidas.

Por lo tanto, para la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, la entidad no tuvo en cuenta, dentro del proceso, los factores de ponderación y verificación del ofrecimiento económico.

También se hallaron inconsistencias en la publicación de documentos en la plataforma de Secop y falta de claridad en la información de empresas oferentes. Es por eso que, ante los hechos, el Ministerio Público exhortó a la entidad a suspender los trámites de contratación hasta tanto no aclaren las dudas y respondan las inquietudes sobre el estado actual del procedimiento de selección, la publicación del informe definitivo de evaluación de los proponentes y el manual de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso de selección de referencia.

Así las cosas, la entidad en cuestión, recogiendo las advertencias hechas por el ente de control sobre los riesgos que corre el proceso, decidió suspender la licitación del Concurso de Méritos Abierto ADRES-CM- 001-2023, cuyo objeto es “Realizar la interventoría integral técnica, administrativa, jurídica, médica y financiera a los contratos de Auditoría de cuentas médicas en las zonas del país delimitadas por la Adres”.