UNA DE las mayores incógnitas en el arranque de esta tercera legislatura en el Congreso es qué va a pasar con los proyectos de reforma a la Educación. Como se sabe, esta semana se operó un cambio en ese ministerio al salir Aurora Vergara y entrar Daniel Rojas.

Sin embargo, Vergara, la ministra saliente, dijo que son cinco los proyectos principales que están listos en torno a los profundos cambios que en esta materia plantea el Gobierno nacional.

El primero es la nueva ponencia de la Ley Estatutaria de Educación. Este proyecto establece la educación como derecho fundamental y permitirá ofrecer el ingreso al sistema educativo de manera gratuita desde la etapa preescolar hasta la educación superior.

También está la nueva Ley de Educación Superior. Al respecto, el Gobierno nacional afina los detalles para la reforma educativa que presentará al Congreso en la tercera legislatura. Se trata del texto de ley ordinaria que permitiría la reforma a la Ley 30 de 1992, la cual se encamina a garantizar la ampliación gradual del acceso a la educación superior.

El tercer proyecto al que hace referencia Vergara es la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Con esta iniciativa, el Gobierno nacional busca que se apruebe un mayor margen de inversión en la cartera de Educación, con el propósito de garantizar una mayor cobertura del sistema y la aplicación de programas formativos. Actualmente, el Ministerio recibe el 58.5 % de la base general de las regalías, que se estimó este 2024 en $2.46 billones. En 2023, la inversión fue de $57 billones y para este año recibió $70 billones. 

Además, está el Estatuto Docente Etnoeducador. Como se sabe, este proyecto propone que los pueblos étnicos, las comunidades indígenas, raizales y palenqueras, entre otras, tengan el derecho a construir su propio sistema educativo. Así como un modelo evaluativo de maestros que también hacen parte de esas comunidades.

Por último, está la reforma al Icetex. El Gobierno propone que los recursos de la nación destinados a créditos educativos universitarios ofrecidos en Colombia sean girados al Icetex; la entidad deberá pasar gradualmente de otorgar créditos educativos reembolsables a fortalecer el portafolio de servicios financieros que prioricen el acceso de personas al sistema de especializaciones en el extranjero.

La nueva Ley Estatutaria

La mayor expectativa en el arranque de la legislatura está sobre si el Gobierno volvería a presentar el proyecto de Ley Estatutaria de la Educación, que se hundió en la plenaria del Senado en último debate.

Por ahora, Rojas, quien viene de ocupar la dirección de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), no ha dicho nada al respecto. De hecho, lo único que esta semana trascendió a su alrededor es que estuvo a punto de cumplir una orden de arresto por un asunto pendiente de esta entidad y, segundo, que recibió muchas críticas de distintos sectores porque meses atrás publicó algunos insultos hacia la prensa y dirigentes políticos como Rodolfo Hernández y Claudia López a través de su cuenta X.

Como se sabe, el proyecto de ley estatutaria debería ser el primero en presentarse por segunda ocasión.

Pese a que la iniciativa alcanzó a ser aprobada en el trayecto de los dos primeros debates en la Cámara de Representantes, de la plenaria de esa corporación salió con 136 votos a favor y cero en contra.

El proyecto contenía un total de 41 artículos que habían sido aprobados en el marco de las dos discusiones que tardaron cerca de siete meses.

Sin embargo, la piedra en el zapato para la Ley Estatutaria en el Senado de la República, y que terminó costando su hundimiento, fueron las protestas de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), entidad que explicó que la reforma que tuvo consenso en el Senado no representaba la esencia de la reforma presentada por el Ejecutivo.

Concertación a medias tintas

En la Comisión Primera del Senado, la ponencia de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, se archivó. Esto obligó a que los senadores entraran en una especie de cónclave para sacar adelante una nueva ponencia.

Inicialmente, Valencia señaló: “Logramos incluir en la ponencia mayoritaria todos los temas que nos preocupan; primero, el respeto a la autonomía universitaria al eliminar la idea de que a los rectores los eligen democráticamente, cuando esto es una función de los consejos superiores universitarios, y logramos eliminar la idea de que los rectores se elijan por voto popular, junto con otras condiciones como inversión desde la educación privada, empleabilidad para los jóvenes, educación de primera infancia, programas de investigación y créditos estudiantiles en mejores condiciones”.

De igual manera, el senador David Luna, de Cambio Radical, sostuvo que “estos acuerdos garantizan la educación mixta de libre elección, defendimos la autonomía universitaria. No se puede politizar la universidad, la educación primaria debe ser gratuita y de calidad. El acuerdo es un reconocimiento a los ponentes, a la ministra de Educación y en general a que la sociedad vea que es posible llegar a acuerdos cuando no se quiere estigmatizar a quien piensa distinto”.  

Durante las últimas semanas de la segunda legislatura, ambas partes redoblaron esfuerzos para sacar adelante la iniciativa.

Sin embargo, el Pacto Histórico no se unió a la ponencia presentada por Luna a la plenaria de Senado. Tras las presiones de Fecode y por solicitud de la senadora María José Pizarro, el último debate no se agendó y terminó archivado.

La caída del acuerdo

El pasado 12 de junio, el Comité Ejecutivo de Fecode convocó a paro nacional, argumentando un rechazo a los recientes cambios realizados al proyecto de Ley Estatutaria a la Educación, que había sido aprobado en tercer debate en el Senado de la República.

"Declaramos en estado de alerta máxima al magisterio colombiano, convocamos a la Junta Nacional de manera virtual y a paro nacional por el hundimiento de esta enmienda que desdibuja el espíritu de la educación como derecho fundamental y el bien común”, explicó en su momento Domingo Ayala, director de la entidad.

Uno de los aspectos en los que no estuvo de acuerdo Fecode tiene que ver con que "la enmienda presentada no fue consultada con la Federación; por el contrario, se hizo caso omiso a varias proposiciones que de manera oportuna radicamos en el desarrollo de los debates, con el propósito de ser discutidas e incorporadas, tal como lo reza el trámite parlamentario".

Adicionalmente, integrantes de la entidad sostuvieron una reunión con el presidente Gustavo Petro y le solicitaron retirar del cargo a la ministra Vergara, al evidenciar que no pudo defender la reforma ante el Senado y permitió que le hicieran cambios al proyecto.

Ante este panorama, varios congresistas coincidieron en que era mejor dejar el proyecto de lado y que el Gobierno lo presentara de nuevo el 20 de julio próximo.

En este sentido, el senador Ariel Ávila, de Alianza Verde, dijo: “La Ley Estatutaria de Educación está hundida, no la salva ni siquiera un milagro, porque no está en el orden del día; sobre todo, porque no hubo consensos. Entonces, es imposible acoger el texto de Cámara y a duras penas estamos haciendo quorum para otras cosas y el Gobierno se va a enfocar en la conciliación de la ley estatutaria de jurisdicción agraria y en el cupo de endeudamiento”.

Igualmente, el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, indicó: “Creo que la reforma no se hundió durante las últimas semanas, sino en el momento en el que el Gobierno y los ponentes del Gobierno desconocieron el acuerdo al que se llegó en la Comisión Primera, el consenso al que llegamos allí y a la votación unánime que tuvo ese texto en la célula legislativa. Aquí no eran posibles las jugaditas del Gobierno, teníamos el tema claro, habíamos venido conversando con las diferentes bancadas. Estaba claro que quien incumplió el compromiso fue el Gobierno; estaba claro que fue un texto conciliado, que fue fruto de unos acuerdos; estaba claro incluso que la ponencia que presentamos nosotros aquí para discusión de la plenaria del Senado era una ponencia que incluía nuevos acuerdos y estaba claro que la reforma al sistema educativo que se planteaba desde el Gobierno con la nueva ponencia no acogía ninguna de esas características”.