El senador liberal afirmó que el diagnóstico que se ha hecho sobre la problemática actual del sistema se ha reciclado en los últimos 30 años.

Por Luis Augusto Aponte Tinoco
Periodista de EL NUEVO SIGLO

REFORMAR EL Código Carcelario y Penitenciario, como pretende el Gobierno, sin aplicar el que está vigente, no tiene sentido, afirmó el senador Juan Manuel Galán, del Partido Liberal.

“Las falencias que tiene el sistema son diversas y tienen múltiples causas y factores, y no se debe solamente a problemas legislativos”, explicó.

“De hecho”, sostuvo, “el principal problema es que el Código vigente no se aplica, y mientras no se aplique, no sabemos si funciona o no. Entonces, reformarlo sin aplicarlo no tiene mucho sentido, y los diagnósticos que se han hecho sobre la situación carcelaria en Colombia se han venido reciclando en los últimos 30 años, por lo que ya se sabe hace 30 años cuáles son los problemas y pareciera que no se toman medidas”.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la denuncia que usted ha hecho sobre el fuero sindical de los trabajadores del Inpec?
JUAN MANUEL GALÁN: El fuero sindical en algunos casos se ha prestado para abusos. A pesar de que es un derecho fundamental, constitucional, internacional, al cual se ha suscrito Colombia por los tratados de la OIT, en algunos casos ha servido para entorpecer la labor de la Justicia, para retrasar las investigaciones y jugar de alguna manera a la prescripción por vencimiento de términos.

ENS: ¿Qué casos de corrupción encontró al interior del Inpec?
JMG: Hemos denunciado el caso de corrupción de los guardianes en las cárceles, donde todo tiene tarifa, el acceso a una celda, el acceso a los servicios públicos como el agua, los presos deben pagar cinco mil pesos por tener agua en La Picota, por ejemplo. También el acceso a un colchón, el tráfico negro de comida, donde una hamburguesa que vale tres mil pesos en la calle, en la cárcel cuesta 25 mil, y en todo eso está comprometida la guardia del Inpec. Además hay unas casetas, por ejemplo en el caso de La Picota, en donde se reciben depósitos en efectivo de dinero que va destinado a un dragoneante, a un guardián, y él se lo hace llegar al preso, cuando está prohibido el ingreso de dinero efectivo en las cárceles.

ENS: ¿Qué encontró en el tema de construcción e infraestructura en las cárceles?
JMG: Las nuevas cárceles en las que se invirtieron cuantiosos recursos, más de 900 mil millones de pesos, tienen retrasos en su terminación de obra de alrededor de 16 meses. De igual manera, no tienen interventorías, los diseños quedaron mal hechos, cárceles con unos barrotes mal especificados, que permiten que la gente se pase por ahí. También hay cárceles sin adecuados sistemas de servicios públicos, sin sifones de desagüe, lo que permite que los pabellones se inunden cuando llueve.

ENS: Frente al tema de las comunicaciones, ¿cuál es la denuncia?
JMG: No tiene por qué haber celulares en las cárceles. La contratación con la telefonía fija, para que se comuniquen los reclusos a través de unas tarjetas de cartón prepago, desechables, no deberían ser así, porque se las venden a cualquier persona, no hay registro cuando se hace una llamada, cuando el Código Penitenciario y Carcelario dice que se tienen que monitorear las llamadas. Aquí lo que se requiere es una restricción total de la comunicación y un monitoreo de las llamadas que hacen los reclusos que estén autorizadas, es decir a sus familiares.

ENS: ¿Estas irregularidades se corregirán cuando entre a regir el nuevo Código Carcelario que el Gobierno radicó en el Congreso?
JMG: Las falencias que tiene el sistema son diversas y tienen múltiples causas y factores, y no se debe solamente a problemas legislativos. De hecho, el principal problema es que el Código vigente no se aplica, y mientras no se aplique, no sabemos si funciona o no. Entonces, reformarlo sin aplicarlo no tiene mucho sentido, y los diagnósticos que se han hecho sobre la situación carcelaria en Colombia, se han venido reciclando en los últimos 30 años, por lo que ya se sabe hace 30 años cuáles son los problemas y pareciera que no se toman medidas.

Salud mental
El congresista también se refirió al tema de salud mental, en donde hay problemas serios de “tratamientos de salud en las cárceles, donde el servicio es ineficiente, demorado. Con la población carcelaria actual, se justifica tener una IPS para rebajar costos en la prestación del servicio, para darle tratamiento adecuado a los inimputables, que son los enfermos psiquiátricos, ya que en este momento no reciben tratamiento, la droga que deben recibir”.