En la ciudad de Medellín se dio ayer un nuevo capítulo de la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para la Protesta Pacífica, estrategia del Gobierno central que tiene como objetivo hacer seguimiento y dar recomendaciones que garanticen que este derecho sea ejercido por los ciudadanos sin violencia. Con este propósito el ministro del Interior, Daniel Palacios, sostuvo un encuentro con jóvenes en esta capital.

"Hemos tenido la oportunidad de avanzar en una reunión de más de cinco horas en la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para la Protesta Pacífica, específicamente con los jóvenes de Medellín, escuchando sus preocupaciones, sus inquietudes, trabajando junto con toda la institucionalidad; un espacio para escucharlos y poder construir con ellos soluciones y recomendaciones para mejorar en la garantía de la protección de los derechos de quienes se manifiestan y de quienes no”, dijo el titular de la cartera del Interior.

Ha explicado el Ministro del Interior que se está utilizando por primera vez en Colombia “un mecanismo institucional en donde se permite escuchar a los diferentes actores, entendiendo y partiendo de una realidad, que es la protección de los derechos de todos, de quien decide protestar y de quien decide no hacerlo”.

Tras las protestas que se generaron luego del paro nacional del pasado 21 de noviembre, la Corte Suprema en una sentencia de tutela ordenó al Gobierno conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas. Para tal efecto, ordena esa sentencia, se hará énfasis en conjurar, prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la Fuerza Pública en manifestaciones y protestas; estigmatización frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y ataques contra la libertad de expresión y de prensa.

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De igual manera la Corte Suprema ordenó que tenga participación directa la ciudadanía en dicha mesa para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas.

El pasado 6 de junio fue instalada en Pereira, Risaralda, por parte del Ministro del Interior la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para la Protesta Pacífica, quien reiteró que las garantías para la protesta están establecidas en la Constitución, y que la autoridad y la Fuerza Pública están para proteger a los ciudadanos.

Luego el pasado 9 de junio se instaló la segunda sesión extraordinaria de dicha Mesa, que contó con la participación de integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que por esos días realizaban una visita de trabajo a Colombia para verificar las denuncias que se han presentado por violaciones a los derechos humanos en el marco del paro nacional, que inició el pasado 28 de abril.

En el informe entregado por el Gobierno a la CIDH, se reitera el respeto y garantías al derecho a la manifestación pública y pacífica, conforme a la Constitución y a los estándares internacionales y, en este sentido, -subraya el documento- “se expidió el Decreto 003 de 2021, 'Estatuto de Reacción, uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana', que establece una serie de instrumentos, mecanismos e instancias para regular la articulación interinstitucional, con la sociedad civil y en general, con todos los actores relacionados con la realización de manifestaciones pacíficas”.

La implementación

A pesar de que la creación de la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para la Protesta Pacífica está contemplada en el Decreto 003 de enero pasado, solo hasta el 17 de mayo pasado se anunció por parte del Gobierno su implementación, precisamente dio esta noticia en el marco de las reuniones que por esos días sostenía con el Comité Nacional de Paro buscando generar las condiciones para iniciar una negociación sobre posibles respuestas a los reclamos de los ciudadanos en las protestas que se han producido en Colombia en las últimas semanas.

El entonces alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo en esa oportunidad que "esta mesa ha sido creada como fruto del cumplimiento de la sentencia de tutela emitida por el Tribunal Superior de Cundinamarca. El Presidente ya dio instrucciones precisas para convocar la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para las Manifestaciones Públicas", dijo.