Experto indicó que no tiene sentido poner administradores sin suficientes recursos  

Gabriel Sonny Cubillos

Periodista de EL NUEVO SIGLO

El sistema nacional de gobierno y administración judicial que establece el proyecto de equilibrio de poderes, en lugar del actual Consejo Superior de la Judicatura, no es la solución que requiere la rama judicial pues sin autonomía financiera no hay reforma que valga.

Así lo indicó Juan Carlos Lancheros Gámez, director general de Derecho Justo, especializado en derecho constitucional.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cree que se avanza en la autonomía administrativa de la rama judicial con el esquema hasta ahora aprobado en el proyecto de equilibrio de poderes?

JUAN CARLOS LANCHEROS GÁMEZ: Ahí lo importante es decir que quienes administran la justicia no son jueces, son administradores y como administradores tienen una responsabilidad política.

Y ahí hay un cambio importante porque hoy todos son magistrados, entonces piensan en muchas ocasiones como jueces más que como administradores, y lo que necesita en este momento la rama judicial es administración.

El problema no se resuelve ahí porque se puede tener excelentes administradores, pero si usted no tiene manejo del dinero y no tiene cómo recaudarlo, entonces depende de otro, en este caso del Gobierno nacional para que le gire recursos. Y si el Gobierno no tiene los recursos suficientes o usted no tiene la autonomía plena, por ejemplo, para ordenar la carrera judicial, para fijar claramente cuál es su escala salarial, pues ahí sus facultades son muy limitadas.

Entonces usted termina administrando pobreza y mirando a ver cómo tapa un hueco con otro. Realmente los problemas de la rama judicial estructuralmente hablando desde el punto de vista constitucional, no se resuelven con la reforma que está ahorita en trámite. Digamos se avanza poniendo énfasis en que hay que fortalecer la administración, pero definitivamente si no existe una mayor autonomía en manejo de los recursos y la posibilidad de gestionar tanto los ingresos como eventualmente los gastos dejando un poco de lado la subordinación al Gobierno nacional, es poco lo que se puede hacer.

Si en la jurisdicción contenciosa hoy sabe que un proceso lo van a fallar en ocho años, pues no se está haciendo nada. Si tiene unos recursos y no tiene claro que a tres o cuatro años vista la justicia va a estar al día, pues no está haciendo una reforma que piense en los ciudadanos.

ENS: ¿De la gran reforma a la justicia que sigue pendiente qué hay que decir de la Fiscalía?

JCLG: Digamos que hoy es una rueda suelta. En eso se han planteado varias iniciativas, la primera tiene que ver con dejar claramente establecido que el Fiscal depende directamente del Presidente de la República para que en esa medida asuma también un tipo de responsabilidad política por muchas de las cosas que están ocurriendo en el país.

Entonces si los ciudadanos entienden que sus problemas no se han resuelto a través de la justicia, alguien también tiene que venir a responder. Entonces la Fiscalía tiene una gran cantidad de recursos, pero desafortunadamente los resultados de la  Fiscalía frente a los ciudadanos de a pie no son tan visibles. Entonces el hecho de que el Presidente asuma la responsabilidad política frente al nombramiento directo del Fiscal con su eventual remoción si el Fiscal no produce resultados, también puede ser una reforma muy interesante para evaluar y para mejorar la eficiencia y la eficacia de la justicia en Colombia.

Lo otro que es como el gran cambio que se tiene que presentar tiene que ver con un cambio cultural y es que no todos los problemas, no todos los pleitos tienen que llevarse necesariamente a la justicia para congestionarla. Hay muchas cosas que se pueden gestionar de forma pacífica a través de mecanismos alternativos que pueden descongestionar la rama judicial.

Eso supone un replanteamiento de lo que es la función jurisdiccional, un replanteamiento de la propia formación de los abogados para facilitarle la vida a los ciudadanos y evitar excelentes pleitos con resultados a 10, a 15 o a 20 años, que a nadie le sirve. 

La última tiene que ver con el fortalecimiento de los precedentes de las altas Cortes para que justamente por vía de los precedentes se aclare mucho más el panorama político, saber realmente cuáles son las normas que rigen y en esa medida también un trabajo muy importante del Consejo Superior de la Judicatura sería darle publicidad a todo el derecho de los jueces que cada día cobra mayor importancia.

Reformas legales

El director general de Derecho Justo dijo que hay otras reformas de carácter legal en la justicia que se están implementando y “hay que ponerle mayor celeridad, que tiene que ver con el tema de la oralidad en la jurisdicción civil y en la jurisdicción contenciosa administrativa”.