En Debate de Control Político a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia sobre el primer año de gestión de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, se llegó a la conclusión que persiste una crisis de seguridad en la ciudad, caracterizada por un aumento de delitos, deficiencias operativas en el sistema de videovigilancia y una creciente percepción de inseguridad entre los ciudadanos. 

Según el concejal del Centro Democrático, Andrés Barrios, el sistema de videovigilancia de la ciudad ha fracasado en su objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, lo que plantea serias interrogantes sobre la eficacia de las políticas implementadas por la administración actual.

Barrios destacó que durante el año 2022, Bogotá experimentó un incremento desmedido en delitos de alto impacto. El hurto a personas aumentó un 26.1%, mientras que el secuestro se disparó un asombroso 87.5%. Estas cifras no solo reflejan un deterioro en la seguridad pública, sino que también evidencian las consecuencias de decisiones tomadas por la administración anterior, que redujo significativamente el presupuesto destinado al sector seguridad en 2023.

Para el cabildante, esta serie de decisiones han tenido incidencia en la actualidad, pues los delitos de alto impacto presentan cifras elevadas.

“La Encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos lo confirma, la gente no se siente segura. En 2022, el 37% de la ciudadanía decía sentirse insegura. Hoy, en 2024, ese porcentaje subió al 48%. A un año de gestión del alcalde Carlos Fernando Galán los resultados en materia de seguridad reflejan una dolorosa realidad y es que uno de cada dos ciudadanos se siente inseguro. La promesa de que Bogotá caminaría segura se ha quedado en el discurso. La seguridad prometida se ha convertido en una deuda con la ciudadanía”, aseveró Barrios.

En cuanto al sistema de vigilancia, Bogotá cuenta con 5.824 cámaras, pero un preocupante 32% de ellas (1.843 cámaras) están fuera de servicio. La situación es aún más grave en las inmediaciones de instituciones educativas, donde el 63% del total de cámaras está inoperativo.

Barrios subrayó que no se ha realizado ningún mantenimiento preventivo ni correctivo a estas cámaras durante el año, lo que limita gravemente la capacidad de respuesta ante situaciones delictivas y pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos. En el sistema de transporte público, también se reportan fallas significativas: el 24% de las cámaras están fuera de servicio.

El concejal concluyó diciendo que es urgente que la Administración Distrital priorice la seguridad como una inversión, establezca medidas eficaces para combatir la delincuencia y devuelva la confianza a los ciudadanos.