AVANZÓ EN la Comisión Primera de la Cámara esta semana el proyecto de reforma política que presentó el Gobierno, que, aunque abreviada porque tiene nueve artículos, hace ajustes clave. Sin embargo, algunos han manifestado el temor que finalmente no sea aprobada, no solo por lo cauteloso que el Congreso se ha mostrado siempre para hacer cambios en la normatividad, más si toca intereses de los partidos y de congresistas; sino también porque por las elecciones del 2026 muchos no quieren modificar las reglas de juego.

EL NUEVO SIGLO consultó a expertos sobre qué puede pasar con esta reforma.

Yann Basset, director del Observatorio Grupo de Estudio para la Democracia - Demos, de la Universidad del Rosario, dijo que “desde 2015 no se ha aprobado una reforma política importante en el país, y creo que el clima actual no se presta nada para eso, no solamente porque estamos avanzados en el mandato y con las elecciones que nos vienen encima, sino, además, por el clima un poco agresivo que hay entre la oposición y el Gobierno”.

Agregó el politólogo que también esta reforma “ha sido interpretada por la oposición como una forma para el Gobierno de ganar ventajas para sus aliados, por ejemplo, para prolongar la personería jurídica de Comunes”.

Insistió en que “no hay un clima realmente propicio para aprobar una reforma política en este momento. Tanto el Gobierno como la oposición desconfían uno del otro, que reformar las reglas del juego en este momento me parece muy improbable”.

Basset se refirió también a la modificación al texto que hizo la Comisión Primera de la Cámara en el primer debate de la reforma en cuanto a la elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral. Definió que se introduce el concurso de méritos, pero se mantiene que serán elegidos por el Congreso.

La iniciativa del Gobierno planteaba que para esta elección habría convocatoria pública organizada por la Rama Judicial. De la lista de elegibles, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema seleccionarían tres aspirantes cada uno para un total de nueve.

Al respecto el académico dijo que “es bastante curioso que en el momento en que el Consejo Nacional Electoral está en el ojo del huracán, el Congreso no haya querido conservar ese aspecto de la nominación de los magistrados, eso es muy difícil de entender. Los políticos finalmente en el Congreso no quieren tener una autoridad con legitimidad e independencia para vigilarlos, eso es bastante claro y es lamentable en este momento”.

Una lástima si no avanza

Por su parte, Alejandra Barrios, directora Ejecutiva de Misión de Observación Electoral (MOE), dijo que “no sé si vaya a ser aprobada o no, en el Congreso de la República y a medida que nos vamos acercando al inicio del proceso preelectoral, las discusiones van más en el sentido de la conveniencia electoral que en reorganizar nuestro sistema político”.

Destacó la experta que “esta reforma de verdad es todo un revolcón al sistema de partidos, sería una lástima que por consideraciones electorales no se diera una discusión seria”. Dijo que “el eje articulador de esta reforma es un sistema de partidos y afiliados”, y para ello se hace una diferenciación entre partido y movimiento político, también que deben tener afiliados, adoptar unas reglas internas de democracia para la conformación de las listas.

Barrios explicó que eso significa que tendrían además que sacar una ley estatutaria “que hable de los derechos y las obligaciones de los afiliados, porque son los afiliados quienes le dan la personería jurídica a los movimientos políticos; y son los afiliados y el umbral lo que mantiene la personería jurídica de los partidos”.

Agregó que sería necesaria también una ley “que indique cuáles son los mecanismos internos de democracia que deben utilizar los partidos, que estos pueden ir desde consultas populares” hasta convenciones. Destacó Barrios que con ello tendría aplicabilidad las listas cerradas que propone esta reforma.

En cuanto a la financiación de las campañas, Barrios dijo que “la propuesta dice 100% estatal, es de los temas que está abierto para discusión, podríamos hablar de preponderantemente estatal. Pero lo importante ya no termina siendo qué porcentaje se financia, sino la posibilidad de tener unos partidos democráticos que van a definir, no por bolígrafo ni por la plata, la conformación de las listas, sino por procedimientos internos democráticos”.

En lo que corresponde a la modificación en la elección de los magistrados del Consejo Electoral y ampliar el periodo de cuatro a seis años, la directora de la MOE dijo que “nos gusta los periodos de 6 años, pero escalonados, es decir, que no cambie todo el Consejo Electoral de una sino se puedan tener unos decanos que se queden más tiempo para que pueda haber un conocimiento sobre las elecciones en los procesos”.

Aspectos inconvenientes

El director Ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera Mercado, dijo frente a la discusión de la reforma que “hay un trancón legislativo producto de las múltiples iniciativas que el Gobierno ha presentado” y “me parece que para el Gobierno va a ser un gran reto lograr la aprobación de algunas iniciativas o de todas ellas”.

Agregó que también “en la medida que el discurso del presidente se ha radicalizado y ha puesto de presente críticas seguramente exacerbadas en contra de dirigentes políticos y partidos de oposición, eso enrarece el ambiente para una aprobación en lo que hace a una reforma política”.

Añadió Herrera que hay varios artículos de esta reforma inconvenientes, uno de éstos el que permite a los actuales partidos con personería jurídica conservarla sin importar los resultados en las elecciones de 2026. “Me referiría a la mermelada proFarc. Las Farc fue beneficiada por el Acuerdo de Paz para sin necesidad de ser elegidos tener unas curules”.

Sin embargo, dijo que con la reforma se rompe “una regla de juego del mismo acuerdo dándole a los exintegrantes de las Farc una mermelada en pote familiar”.

En cuanto a los ajustes a la elección de magistrados del Consejo Electoral, Herrera dijo que “este Gobierno no tiene ninguna legitimidad para hacerle modificación a ese organismo por las investigaciones que cursan en contra de la alta cúpula gubernamental por el eventual sobrepaso de topes electorales de la campaña”.

Igualmente, Herrera se lamentó porque el articulado de este proyecto no se dio a conocer a actores principales en el proceso electoral, como la Registraduría, para conocer sus opiniones.