Luego de que la saliente ministra de Trabajo, Alicia Arango, develara aspectos clave que se buscan reformar en el sistema de protección a la vejez y pusiera sobre la mesa establecer la cotización por horas, desde diferentes sectores se escucharon voces a favor y en contra, además de nuevas propuestas

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Desde hace varios meses el Gobierno nacional viene estructurando una reforma al sistema de pensiones.

La idea inicial del Ejecutivo era presentar el proyecto entre finales del año pasado e inicios de este. Sin embargo, el hundimiento de la Ley de Financiamiento y el posterior trámite de la Ley Crecimiento, aprobada en diciembre, obligaron a cambiar los planes.

La saliente ministra de Trabajo, Alicia Arango, develó en días pasados aspectos clave de la iniciativa que será presentada, en julio próximo, al inicio de la legislatura 2020-2021. Arango manifestó que la propuesta de reforma, que en todo caso deberá ser conciliada con los trabajadores y empresarios, plantea que los cambios en el régimen de prima media no cobijen a quienes están a menos de ocho años de pensionarse, es decir, a los hombres de 54 años o más y a las mujeres mayores de 49. Esto, porque la edad de pensión en hombres es de 62 años y la de mujer 57. Reiteró así mismo que las modificaciones no incluirían un aumento en la edad de pensión ni un aumento en las cotizaciones.

Aseguró que "no se va a acabar el régimen de prima media" (Colpensiones) y que el Gobierno pretende hacer una especie de pirámide donde en la parte de arriba esté el sector más desprotegido, hoy parcialmente cobijado por la estrategia de Colombia Mayor. Con ello se buscaría aumentar el subsidio de $80.000 (que actualmente recibe a esta población) a $100.000. Señaló que hay dos sectores que no serán tocados: los militares y los maestros.

Una de las propuestas expresadas por Arango, que a partir del 15 de este mes asumirá la cartera del Interior, encendió la polémica en la opinión pública. La funcionaria enfatizó en la necesidad de formalizar el trabajo por horas y que como consecuencia las personas que lo desarrollan se integren a la seguridad social. “Colombia tiene que cambiar su forma de contratar”, puso de relieve.

El presidente Iván Duque expresó el respaldo a lo afirmado por la Ministra. El Mandatario dijo que el país debe mirar cómo se formalizan y cómo se les garantiza cobertura en seguridad social a las personas que trabajan por horas. Añadió que “tenemos que buscar cómo generamos más empleo y empleos dignos en el país. A las personas que trabajan por horas, porque el trabajo por horas existe en Colombia, debemos mirar cómo las insertamos formalmente en el mercado laboral, y que puedan tener un horizonte de protección para la vejez. Eso es lo que nosotros hemos planteado”.

 

Cotización por horas

 

El debate sobre la cotización por horas no es nuevo. En septiembre pasado, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, le pidió al Gobierno trabajar sobre una reforma laboral, que flexibilice las condiciones de contratación y despido de los trabajadores, así como frene el exceso de intervencionismo del Estado en la actividad de la libre empresa.

En ese sentido, subrayó la importancia de la contratación flexible por horas con sus correspondientes prestaciones sociales. El líder del gremio de los comerciantes pidió también revaluar los costos de los recargos dominicales y festivos, o modificar el concepto de semana laboral. Así mismo los altos costos de contratación, periodo de prueba, cuota de aprendices SENA, incapacidades médicas y costos de despido, entre otros.

Esta semana otros líderes gremiales se manifestaron sobre formalizar el trabajo por horas. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, afirmó que esta modalidad “ya existe en el país, es legal, está dentro del Código del Trabajo y dentro de la normatividad laboral. Lo que se busca es que las personas que trabajen por horas tengan la posibilidad de cotizar y puedan contabilizar ese trabajo para su pensión".

Mac Master señaló que, en una eventual implementación de este modelo, las empresas seguirán contratando personal a término indefinido, ya que “la racionalidad económica” indica que “quienes están trabajando a término indefinido, tienen que seguir trabajando así, inclusive porque lo que le conviene a las empresas es poder contar con ese talento en forma permanente y exclusiva para poder seguir haciendo los trabajos".

Por su parte, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, manifestó que esta idea podría ser una solución a la tasa de informalidad. Señaló así mismo que esta modalidad podría ser aplicable algunos sectores, como el agropecuario. De acuerdo con el líder gremial en el caso del campo colombiano “la informalidad es del 86%. ¿Qué quiere decir esto? Que algo no está funcionando en materia de contratación. Lo que hemos identificado es que los trabajadores rurales en un mismo día pueden tener más de dos o tres empleadores. Trabajan para una finca y después se van para otra. Por eso para nosotros es importante que se evalúe la posibilidad de la contratación por horas. Eso no puede tomarse como que se va precarizar el trabajo”.

Desde los sindicatos las críticas se hicieron sentir frente a la idea. El presidente de la Confederación General de Trabajadores de Colombia (CGT), Julio Roberto Gómez, señaló que cuando los congresistas empiecen a trabajar por horas puede haber un debate. "Y ahora que se habla del trabajo por horas, pues, que los congresistas den ejemplo. Cuando ellos empiecen a trabajar por horas y cobren por horas, nos sentamos y hablamos alrededor de este tema", dijo.

Por su parte, Iván Jaramillo, director Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, afirmó que la contratación por horas es “un modelo anglosajón no importable a Colombia, porque hay unas diferencias económicas y de organización muy diferentes”.

“Al final, lo que quiere el Gobierno es teóricamente ampliar la base de contribuyentes a la seguridad social pero deteriorando el ingreso y ligándolo con temas de contratación por horas”, subrayó.

 

Necesidad

 

Al Gobierno del presidente Duque le quedan dos años y medio para perfilar las bases de lo que debe ser una verdadera reforma a la pensiones, tal como lo han planteado a manera de exigencia organismos como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.

Se trata, sin duda, de un tema muy sensible que afecta el futuro de las nuevas generaciones de ciudadanos que hoy consideran una utopía la posibilidad de algún día alcanzar una pensión de jubilación.

En países como Francia, Chile o Argentina, solo por citar algunos, el descontento social ha sido el combustible para las marchas y protestas de meses enteros, algunas veces violentas. Y aunque ese no ha sido exactamente el caso en Colombia, el tema pensional sí está incluido en una de las 13 peticiones que hicieron los promotores del paro nacional a finales del año pasado.

Con todo, la opinión generalizada es que se necesita con urgencia de una reforma pensional estructural. Entre los principales problemas que enfrenta el sistema actual está la baja cobertura y la concentración de los subsidios especialmente en las personas con las pensiones más altas.

El viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, manifestó semanas atrás que el sistema asegura “un ingreso en la vejez únicamente a 20 de cada 100 colombianos” y si no se realiza una reforma “las proyecciones muestran que este número disminuirá con el tiempo”. El funcionario subrayó que el modelo actual otorga “grandes subsidios a grupos poblacionales que no los necesitan”. Por lo tanto, un pilar de un nuevo sistema debe ser “la focalización de los subsidios a la población más vulnerable y que más requiere de dichos recursos”.

Colombia actualmente ocupa el quinto puesto entre los países de América Latina con mayor gasto en pensiones, el cual alcanzó 3,4% del PIB en 2018. El país está 15 puntos porcentuales por debajo del promedio de cobertura en el régimen contributivo y en el total.

Por su parte, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, manifestó que el país tiene un sistema “dividido en dos regímenes contributivos que compiten entre ellos y dos regímenes solidarios que dejan mucho que desear”. Así mismo, tiene “bajísima cobertura y es muy inequitativo e insostenible en su componente público”. De acuerdo con Asofondos, si no se reforma el sistema, “para 2055 vamos a contar con más de 14 millones de adultos mayores” y “si no hacemos nada” habrá “más de 8 millones sin protección en la vejez”.

 

Propuestas

 

En esta materia son varias las propuestas que se han escuchado en los últimos años. Además de la del Gobierno también han fijado su posición los Fondos Privados de Pensiones y Cesantías (Asofondos), que apunta a eliminar el régimen de prima media administrado por Colpensiones, y que todo el sistema pase a manos de los privados.

Además, consideró que la eliminación gradual de los subsidios a las pensiones altas permitirá ampliar la cobertura de los pilares solidarios y se deben respetar los derechos adquiridos de los pensionados y las expectativas legítimas de quienes están a pocos años de pensionarse.

Otra es la planteada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), cuya esencia apunta a aumentar escalonadamente la edad de pensión, reducir la tasa de reemplazo, permitir pensiones de jubilación con el 75% de un salario mínimo y suspender las nuevas afiliaciones a Colpensiones.

Otros expertos, incluso, han planteado una alternativa media para salvar la existencia de Colpensiones: que esta entidad reciba los aportes de todos los trabajadores hasta un salario mínimo y el excedente pase a los fondos privados. Esto, dicen, le daría más flujo de caja a la administradora estatal.

En la última semana nuevas propuestas han surgido. Estudiar la posibilidad de acabar los fondos privados de pensiones y establecer una pensión universal básica propuso desde el conservatismo el senador Juan Diego Gómez.

“Dadas las circunstancias nacionales y que muchos de los países que han hecho la transición al sistema de fondos privados, el sistema chileno, han retornado al sistema de pensiones públicas. Es muy importante pensar en tener un estudio técnico serio y acompañado por la OIT”, señaló Gómez, quien manifestó que “los fondos privados deben abrirse a la rendición de cuentas, hacer más transparentes las operaciones y permitir desde mucho antes que los ciudadanos puedan elegir el régimen en el cual van a estar”.

Una reforma pensional, de acuerdo con el congresista, debe “apuntar mucho más a una pensión universal básica y de ahí arrancar toda la discusión (…) Revisar la permanencia de los fondos o permitir que las personas que ganan menos de cuatro salarios mínimos vayan al régimen público y los demás puedan elegir el sistema de ahorro individual”.

Reformar la pensión familiar aprobada hace siete años y establecer una pensión asistencial son otras propuestas. El abogado Oscar Iván Palacio, de la organización Defensa Ciudadana, señaló que la pensión familiar fue “creada para 400.000 pensiones de un mínimo, que beneficien a hogares pobres. Hay apenas 800, menos del 0,1%, porque por un artículo para otorgarla se necesitaban 400 semanas cotizadas cada uno antes de los 45 años”. Así mismo, considera que se debe “establecer la pensión asistencial, que es un mejoramiento del auxilio del adulto mayor. Está dirigido para mayores de 65 años. Se les entrega una pensión no contributiva que nunca sea inferior a la línea de la pobreza monetaria, $250.000. Priorizando a los más pobres en la etapa inicial, la gente del campo y las personas con discapacidad”.

Congreso

 

Un elemento clave para la viabilidad de la reforma al sistema de protección de la vejez es la consolidación de las mayorías en torno al Gobierno en el Congreso. El año pasado el Ejecutivo logró sacar adelante sus principales iniciativas, como el Plan Nacional de Desarrollo y la reforma tributaria, sin embargo, en esta última la ausencia de mayorías y el rechazo de uno de los partidos independientes, el Liberal, hizo por un momento peligrar su aprobación. Los movimientos en el gabinete, con mayor representación a los partidos Conservador, La U y el ingreso de Cambio Radical al Ejecutivo podrían ayudar a que este proyecto sea viable.