Con casi cuatro semanas de retraso a más tardar el próximo miércoles llegará al Congreso el proyecto de reforma tributaria y social, que el Gobierno ha denominado de “Transformación Social Sostenible”.

Sin embargo, el poco tiempo de debate, de apenas dos meses y unos pocos días más, dado que este segundo tramo de la tercera legislatura termina a mediados de junio, no es el único elemento en contra de esta iniciativa, que sin duda es la más importante de este año para el gobierno Duque.

De entrada, el país está atravesando un tercer pico de la pandemia, con situaciones críticas en Antioquia, Atlántico y otras ciudades, pero en las próximas semanas la emergencia se extenderá a distintas zonas del país.

En segundo lugar, la campaña electoral ya arrancó y la cita en las urnas está a menos de once meses, tanto para escoger al nuevo Congreso como para las consultas interpartidistas de las coaliciones para elegir candidatos presidenciales únicos. Es apenas claro que las bancadas y los partidos no quieren que la ciudadanía les ‘pase factura’ política por aprobar una nueva carta de impuestos en medio de una situación tan complicada.

El propio jefe de Estado sabe que se enfrenta a uno de los retos políticos más duros de sus dos años y ocho meses de mandato. En sus declaraciones de la última semana ha sido enfático en que es necesario que el Congreso actúe con responsabilidad y acorde con la situación de urgencia de recursos que impone la atención de la pandemia.

“En el pasado se han dado procesos de ajuste fiscal con todo tipo de banderas, pero hoy más que nunca la bandera, el mensaje, la razón, es la solidaridad con los más vulnerables de la sociedad, quienes estuvieron dispuestos a entrar en aislamiento y perder casi todo por la salud de todos”, recalcó.

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Manifestó que en la reactivación económica, la Transformación Social Sostenible y el equilibrio fiscal se debe actuar “no en búsqueda de popularidad, sino con sentido de responsabilidad de todo el país, empezando por los que más lo necesitan”.

Duque reiteró la necesidad de contar con presupuesto para ampliar programas como el de Ingreso Solidario, extender a más familias la devolución del IVA, gratuidad educativa superior para los estratos 1, 2 y 3, ampliar el PAEF por todo el 2021, impulsar el empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años y una menor carga tributaria para las pymes y MiPymes.

“Tres millones y medio de familias colombianas han recibido a lo largo de todo este año ese apoyo económico, y este programa (Ingreso Solidario) está previsto para extenderse en el mes de junio de este año, y justamente, en el concepto de la Transformación Social Sostenible, queremos extenderlo porque sabemos que todavía no han terminado los efectos de la pandemia”, dijo el jueves pasado.

Sin mayorías

Como lo indicaba semanas atrás un informe de EL NUEVO SIGLO, el Ejecutivo no tiene la suficiente fuerza parlamentaria para sacar avante la tercera reforma tributaria que presenta en su mandato. La primera fue la de Financiamiento, a finales de 2018, que la Corte Constitucional tumbó en octubre de 2019 por vicios de forma, obligando a presentar un nuevo proyecto, de “Crecimiento Económico”, que fue aprobado en diciembre de ese mismo año.

Se supone que no habría más ajustes de impuestos pero llegó la pandemia en marzo de 2020 y el alto costo del plan de contingencia para financiar la respuesta sanitaria, los subsidios a las familias y ayudas a las empresas, dispararon el déficit fiscal y el endeudamiento público. De allí que ahora sea necesario buscar nuevas fuentes de recursos para seguir sufragando la costosa atención a una crisis que continúa, en tanto que el esquema de recuperación social y económica requiere urgente financiación.

El problema principal es que el Gobierno no tiene mayorías parlamentarias para aprobar la iniciativa. Partiendo de la base de que liberales y el bloque de oposición no acompañarán la reforma, hay una realidad: la coalición oficialista, compuesta por el Centro Democrático, La U, conservadores, Mira y Colombia Justa Libres, tenía el año pasado 54 senadores y 80 representantes, pero ahora no.

En Senado se registraron cuatro bajas: Roy Barreras y Armando Benedetti se salieron de La U y ahora están en las toldas petristas. Esa misma colectividad perdió la curul del senador Eduardo Pulgar, capturado a finales del año pasado por orden de la Corte Suprema de Justicia, en un caso por presunto tráfico de influencias. Si bien renunció, se aplica la sanción de “silla vacía”. De igual manera, los conservadores tuvieron la baja de Soledad Tamayo, que perdió la curul cuando se decretó la “silla vacía” en el escaño que tenía inicialmente la hoy condenada y prófuga Aída Merlano.

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Es decir que, al final, el Gobierno solo tiene 50 votos, lo que no le permite imponer un proyecto unilateralmente, ya que se necesitarían mínimo 54. Estas son las cuentas: 19 uribistas, 13 conservadores, 11 de La U, seis de los partidos de origen religioso y un voto del senador Jonatán Tamayo, de la ASI, pero que siempre vota con el Gobierno.  

Aunque en la Cámara continúan los 80 votos oficialistas, tampoco alcanzan para imponer por sí solos la reforma, ya que se necesitan, por lo menos, 85.

¿Salvavidas?

Visto lo anterior, la única tabla de salvación de la reforma es Cambio Radical que tiene 16 senadores y 30 representantes. Si bien esta colectividad hace parte del gabinete desde comienzos del año pasado, con dos ministros (Salud y TIC), continúa en la franja independiente.

Pero lo más complicado es que el jefe natural de Cambio, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, ha sido muy crítico en sus columnas de prensa con los objetivos generales que tanto la Casa de Nariño como el Ministerio de Hacienda han delineado sobre el alcance de la reforma, hablando incluso de ‘conejazo’. Y a ello se le suma que el jueves pasado el senador Temístocles Ortega y los representantes José Daniel López y Jaime Rodríguez pidieron a la colectividad que no apoye la iniciativa.

No solo aducen que sería un despropósito impulsar una reforma en medio de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia, sino que hacen peros puntuales a la posibilidad de ampliar el IVA a más productos de la canasta familiar, gravar las pensiones superiores a $7 millones, poner a pagar renta a quienes ganen más de $2,5 millones así como al desmonte de incentivos tributarios a las cuentas AFC para compra de vivienda o para los aportes a los ahorros voluntarios en los fondos de pensiones. Tampoco están de acuerdo con dejar como permanente el impuesto al patrimonio, ni en que se reduzcan las exenciones a sectores como la construcción o el turismo.

Peros azules

Ahora, si la cuestión con Cambio Radical se ve complicada, con los demás partidos base de la coalición la situación no está despejada. Todos han manifestado peros. De hecho al comienzo de la semana ante una rebelión general en todo el bloque frente a la posibilidad de imponer IVA a la sal, azúcar, café y chocolate, le tocó al propio Duque salir al paso para advertir que instruyó al Ministerio de Hacienda no tocar esos productos.

“Esos cuatro productos se van a mantener tal como están hoy; esa es la instrucción que le he dado al Ministerio de Hacienda. Tal como están hoy: los que tienen, de esos cuatro, los que tengan IVA cero, se mantendrán en IVA cero; y los que tengan IVA cinco, se mantendrán en IVA cinco, tal como están. Es decir, no sufrirán ningún incremento”, recalcó.

Los conservadores, por ejemplo, se reunieron el viernes y no solo urgieron al Gobierno presentar la reforma sino que señalaron que “… consciente como es el partido de la situación fiscal, del tamaño de la deuda y del alivio social que es preciso cubrir, quiere prestar su concurso para este fin, pero no sin antes vislumbrar los efectos sobre la economía, y muy particularmente sobre la masa de contribuyentes de sector medio y popular colombianos”.

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“Históricamente el Partido Conservador se ha caracterizado por su responsabilidad en el manejo de la economía y los temas fiscales”, precisó la colectividad.

Mientras el presidente del Directorio Nacional, exsenador Omar Yepes, señaló que “… se deben cuidar los bolsillos de la clase media y de las gentes de escasos recursos económicos”, varios parlamentarios insistieron en sus peros a ampliar la base del IVA a productos esenciales de la canasta familiar, el gravamen a pensiones a partir de 7 millones, así como el desmonte de incentivos a sectores productivos golpeados por la pandemia. También consideran que gravar los insumos del agro o cambiar de excluidos a exentos algunos bienes de la canasta familiar, dejarían en desventaja a los productos nacionales frente a los importados.

La colectividad, según Yepes, quedó a la espera de que el Gobierno convoque a la bancada para que explique en detalle los temas de la reforma tributaria y después el partido fijará una posición sobre el particular “en el entendido de que examinará una a una las propuestas y que tratará de acompañar el proyecto procurando defender la economía nacional”.

Condiciones uribistas

El Centro Democrático, entre tanto, por intermedio del expresidente Álvaro Uribe, recalcó esta semana que su partido tiene líneas rojas en materia tributaria. Incluso Tomás y Jerónimo Uribe se reunieron sorpresivamente con el presidente Duque y de allí salió el anuncio de la Casa de Nariño de congelar por cinco años la nómina y los gastos no esenciales del Estado, al igual que se adelantó la noticia de un nuevo decreto de austeridad en el gasto público, emitido el viernes.

El propio Uribe en distintos pronunciamientos esta semana señaló que “se debe financiar con los recursos de los más pudientes y con el ahorro del Estado”. También precisó que había un acuerdo avanzado con el Gobierno para que “quienes ganan 2 o 3 millones de pesos declaren, pero no paguen renta. Aceptamos que aumente el número de declarantes, pero que no le cobren impuesto a ese segmento”.

El exmandatario indicó que el Gobierno le había comunicado que tiene la decisión desde julio de este año, incluido el segundo semestre, de que la matrícula en la Universidad Pública sea gratuita para los estratos 1, 2 y 3. “Eso es bien importante", sostuvo.

“Radicaremos la propuesta de crear un mecanismo de inversión forzosa al sector financiero para aumentar el crédito a las micro y pequeñas empresas como instrumento de recuperación de la senda de crecimiento”, propuso el exmandatario.

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Puntualizó que su partido propone “sostener la sobretasa de renta al sector financiero con destinación específica a pequeñas obras, urbanas y rurales, que incentiven la creación remedial de empleos”.

El uribismo también está de acuerdo con que este complicado momento del país “nos exige la mayor solidaridad. Por eso consideramos que se puede aplicar un impuesto a los patrimonios de personas naturales, superiores a 3.000 millones de pesos”.

El Centro Democrático también es partidario de la propuesta del Gobierno de ahorrar $39 billones en el mediano plazo con el congelamiento y adelgazamiento del Estado, a partir de las atribuciones que se le darían al Presidente para realizar una reforma administrativa.

Por último, Uribe destacó que su partido apoyará la idea de posponer la reducción de algunos impuestos, como el descuento de industria y comercio y la reducción de la tarifa de renta, aprobada en la Ley de Crecimiento Económico, para recoger algunos ingresos en los próximos años.

Para el Centro Democrático todo el ajuste tributario debe ir encaminado a activar alternativas sociales para financiar los programas que eviten que la pobreza dé un salto en dos años de 35 a 50%.

Otras colectividades

Por los lados de La U, al comienzo de la semana, cuando estaba prendido el debate por la posibilidad de gravar más productos de la canasta familiar, la presidenta de la colectividad, Dilian Francisca Toro, dejó en claro que la bancada no estaba de acuerdo con poner IVA al chocolate, café, sal y demás productos de consumo diario. Como se dijo, el propio Duque aclaró que ello no ocurriría.

“Desde que el Gobierno nacional anunció la reforma tributaria, el partido expresó que no votaría nada que tuviese que ver con el impuesto a la canasta familiar. Nos queda un sinsabor porque se quiere gravar productos como el chocolate, el café, la sal, la harina de maíz y el azúcar, productos que son consumidos a diario por las familias colombianas, lo cual afectaría a los sectores más pobres y vulnerables del país”, dijo la dirigente política.

Agregó que “tampoco es justo que se cobren impuestos a la renta de personas naturales, ni que se afecte a los pensionados que durante tantos años ahorraron para tener una vejez digna”.

A su turno, los partidos cristianos, MIRA y Colombia Justa y Libres, han puesto también varios peros, sin embargo su mayor controversia se dio esta semana cuando la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, propuso que las entidades religiosas, incluidas las católicas, paguen impuesto sobre la renta como todas las empresas del país. De esta forma, dijo, se recaudarían $1,8 billones, “sin necesidad de tocar el bolsillo de la clase media que sigue siendo la más golpeada”.

Los parlamentarios de ambas colectividades, que hacen parte de la coalición gobiernista, de inmediato se opusieron a esa posibilidad. Por ejemplo, el senador y pastor cristiano John Milton Rodríguez explicó que “las iglesias en Colombia ya pagan impuestos, tanto el IVA como los parafiscales. Estos son impuestos que las iglesias asumen en su estructura de costos y que no se pueden descontar de ninguna manera, como tampoco se pueden descontar los planes y proyectos que se asumen a nivel social, de educación, de restauración a personas adictas a las drogas, o los programas de restauración de mujeres víctimas de violencia”.

Además, explicó que las personas que hacen parte de sus congregaciones ya pagan impuestos, y “cobrarles a las iglesias supondría una doble tributación”.

Como se ve, el escenario en que debe llegar la reforma tributaria al Congreso está muy caldeado. No solo por el pico de la pandemia y el arranque de la campaña electoral, sino porque el Gobierno no ostenta mayorías en Senado y Cámara para imponer la iniciativa, al tiempo que en su propia coalición hay muchos peros y prevenciones a los posibles alcances de la iniciativa. A lo que se suma que Cambio Radical, que sería la tabla de salvación del proyecto, tiene un arsenal de críticas.

¿Podrá Duque vencer un escenario político que parece un campo minado? Solo cuando la reforma se radique finalmente la semana que comienza se empezará a vislumbrar el nivel de dificultad. Por ahora, todo hace indicar que será muy, muy alto.