El Estado, el Consejo de Estado revocó la directriz emitida por el presidente Gustavo Petro en diciembre de 2022, que prohibía a las personas naturales tener más de un contrato de prestación de servicios con entidades públicas. La medida, impulsada bajo el pretexto de la formalización en la contratación pública, fue objeto de una demanda liderada por los ciudadanos Joel David Gaona Lozano y Sebastián Rojas Sánchez.

La normativa presidencial, que buscaba limitar la contratación con entidades gubernamentales, fue impugnada ante el Consejo de Estado, que ya en diciembre suspendió otra directiva presidencial que acortaba los contratos de prestación de servicios a cuatro meses. Esta vez, el tribunal consideró que la disposición presidencial vulneraba derechos fundamentales.

El inciso que impedía la firma de contratos con personas naturales que ya tuvieran otros contratos con entidades públicas fue el epicentro de la controversia. Según el Consejo de Estado, esta medida constituía una injerencia administrativa que contravenía la autonomía y la libertad de contratación, aspectos que, según la alta corte, deberían ser legislados por el Congreso.

La resolución del Consejo de Estado enfatizó que la restricción para celebrar múltiples contratos de prestación de servicios "no tiene consagración constitucional ni legal", señalando que la circular del presidente Petro creó una inhabilidad e incompatibilidad sin respaldo normativo.

En palabras de la corte, "el establecimiento de una clara incompatibilidad para que una persona pueda ejecutar dos o más contratos de prestación de servicios, cuando al menos uno de ellos sea de apoyo a la gestión, limitación que no tiene consagración constitucional ni legal". Además, el tribunal destacó que el presidente actuó sin competencia al expedir una norma que correspondía exclusivamente al ámbito legislativo, vulnerando así el principio de separación de poderes.