EXCOMISIONADO DE Paz y congresistas, manifestaron su preocupación por las actitudes de las disidencias de Farc, pues continúan inaugurando obras de infraestructura en diferentes departamentos del país, sin detener su accionar terrorista.

Con relación a los últimos acontecimientos, los exfuncionarios, le explicaron a EL NUEVO SIGLO, las implicaciones que tiene para el país este tipo de actuaciones. Según Víctor G Ricardo, dijo que “la responsabilidad del Estado es total porque es el Estado el que debe controlar la seguridad ciudadana, y por supuesto la acción de todos los ciudadanos en el territorio nacional. Si las guerrillas u otros grupos alzados en armas comienzan a hacer obras, a tratar de cobrar peajes o a dar educación. Evidentemente esa es una acción que no puede hacer porque es una responsabilidad del Estado y es el Estado el que debe ejercer el control”.

“Yo de lo que soy enemigo es de destruir las obras que hacen porque ellas deben ser entregadas a la comunidad y lo importante es la presencia del Estado en todo el territorio y no se debe entender esto como la presencia de la Fuerza Pública como el Ejército y la Policía, sino la presencia en distintos campos como la educación, la salud, la vivienda y la infraestructura”, explicó.

Subrayó, además que “por tanto, nadie tiene facultad, a no ser que sea por concesión o contratación del Estado de hacer obras, que el Estado debe controlar el territorio nacional y que no se le puede permitir a nadie que explote unas obras que ellos han hecho como si fueran Estado, pues eso es de suma gravedad y es suplantar al Gobierno”.

“Estas con acciones ilegítimas e ilegales que se debe controlar y es el Estado el que debe tomar cartas en el asunto y no permitir que grupos alzados en armas o que no representan al Estado, asuman las responsabilidades o utilicen escenarios a su favor. Precisamente, parte de la paz en Colombia debe ser la presencia en todo el territorio no solo con la acción militar, sino con la presencia social que es lo que la gente espera”, puntualizó.

De igual manera, el excomisionado Camilo Gómez, señaló que “el Estado se ve deslegitimado totalmente. La guerrilla es un grupo delictivo, criminal, no tiene una representatividad de nadie, no representa ni tiene legitimidad para hacer ningún tipo de obras y me parece que lo ocurre con esos grupos es simplemente ausencia del Estado en los territorios. Con este tipo de eventos, yo creo que se imaginan que están cumpliendo así funciones de Estado, la verdad es que no lo hacen así, ni tienen la capacidad de hacer representatividad de nada. El hacer un puente para una comunidad no le cambia al estatus jurídico de un grupo delincuencial que tampoco tiene una ideología política clara, no tienen una posición política, sino que es una posición de defensa del negocio del narcotráfico, entonces el trato no se puede juzgar de intención política”.

Análisis político

El analista político, Eduardo Pizarro, compartió a este Diario que “de manera creciente estamos viendo en nuestro país la emergencia de estos remedos de Estado a nivel regional y local, en los cuales, grupos armados, de un débil barniz político como el grupo disidente de Farc, Nueva Marquetalia, o grupos ilegales como el Clan del Golfo, buscan dominar pequeñas porciones de territorios para hacer control de rentas ilegales”.

Añadió que “para ejercer dicho control, estos grupos buscan el dominio de la población local mediante una combinación de discursos ideológicos, generación de miedo y adhesión pragmática. Aunque los discursos políticos sean cada día más débiles, ya no solo provienen de grupos como el Eln o Farc, sino de las bandas criminales y grupos de delincuencia organizada”.

Finalmente, mencionó que, “tal como lo estamos observando en naciones como México, la característica de uno o varios Estados paralelos o paraestados, es la existencia de grupos que han logrado consolidar un poder económico, político y social de tal dimensión que poseen un control casi absoluto sobre una parte del territorio”.