Una propuesta para que los miembros que conforman carteles empresariales paguen con cárcel la actividad ilegal de manipular precios, hizo el superintendente de Industria y Comercio, SIC, Pablo Felipe Robledo.

El directivo del ente supervisor dijo que se debe hacer uso de estas herramientas jurídicas. “Lo que hoy en día se discute y lo que debemos discutir en Colombia es si para los casos de cartelización empresarial vamos o no a consagrar la pena privativa de la libertad, es decir, la cárcel contra los altos funcionarios involucrados en los carteles empresariales, si vamos a tener sanciones  como por ejemplo, la inhabilidad para contratar con el Estado, o cómo inhabilitar a los empresarios  involucrados para que  no puedan ejercer cargos directivos en otras empresas del sector privado”, dijo Robledo.

Para el funcionario es claro que la capacidad sancionatoria debe ir más allá de lo económico, “la capacidad sancionatoria debe ser grande y que deben haber otros tipos de sanciones adicionales a la alta sanción económica”.

Robledo enfatizó en que los  carteles han operado durante muchos años, pero aclaró de igual manera  que estos han recibido penas ejemplares y multas onerosas tal y como sucedió recientemente con el sector del azúcar, el cual, según él, sigue bajo la lupa de la Superintendencia.

Perjuicios de los carteles 

Robledo explicó que es tan grande el perjuicio que se genera en la economía y en el bolsillo de los consumidores por este flagelo que ya hay méritos para privar de la libertad a quienes en nombre del empresariado cometen delitos tan delicados como la concentración de mercado.

Para el funcionario quienes hayan hecho parte de un acuerdo restrictivo de la competencia no pueden ni deben estar en el sector real de la economía generando todo tipo de detrimento.

El Superintendente cuestionó duramente los carteles y dijo que estos son inconvenientes y perversos porque las empresas que los conforman pactan precios, definen cuotas de producción y se reparten ilegalmente el mercado. Explicó que estos  se crean para acabar con la presión que surge de la competencia y afirmó que si no existieran los “carteles” habría precio bajos e innovación en la fabricación de productos o producción de los mismos con un alto componente de calidad, pero insistió que con los pactos comerciales en la sombra tan solo pierden los consumidores.

Proyecto de ley en curso

Según el Superintendente ya está listo un proyecto de ley que será puesto a consideración del Congreso de la República para endurecer  las sanciones contra integrantes de carteles empresariales, desde la SIC plantean proponerle al Legislativo que se establezcan penas privativas de la libertad o la imposibilidad de que los empresarios involucrados, no puedan ejercer cargos dentro del sector privado.

“Yo creo que a raíz de lo que ha venido pasando en los últimos meses, en Colombia y en el mundo, tenemos la necesidad  de plantearle al Congreso la posibilidad de penas privativas de la libertad, para debate, eso hay que debatirlo; o la imposibilidad de contratar o de seguir ejerciendo cargos directivos en el sector empresarial por un tiempo” sostuvo.

Fuertemente castigado internacionalmente, Robledo reconoció que este tipo de delito, la conformación de carteles o la manipulación irregular del mercado, es fuertemente castigado en otros países en donde las multas son inmensamente grandes porque se trata de disciplinar a determinados agentes de la economía.

“Esos son los debates que hay en el mundo, Colombia hoy tiene debates sobre el tamaño de la sanción, pero eso es un debate absolutamente trasnochado, que no se presenta en ningún país civilizado en el mundo, los países civilizados en el mundo tienen claro que la capacidad sancionatoria debe ser grande y que deben haber otros tipos de sanciones adicionales a la alta sanción económica”, puntualizó.

Investigaciones recientes

Durante la rendición de cuentas la SIC reveló que en el último año  se resolvieron 638 investigaciones administrativas, de las cuales, en 483 casos se encontró mérito para imponer sanción por infracción a las normas sobre protección a los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones y postales, con multas por un valor total de $76.919.717.170, lo que representa un incremento del 76%.

De las investigaciones administrativas que fueron decididas, se destacan las sanciones impuestas por valor de $44.156.112.000 a los nueve operadores de telefonía móvil (Tigo, Une-EPM, Claro, Movistar, Virgin, ETB, Avantel y Éxito móvil) por la no atención oportuna de sus usuarios tanto en las oficinas físicas como en la línea gratuita de atención al cliente. Decisión que al cierre de este periodo se encuentra pendiente de que se resuelvan los recursos interpuestos por los proveedores de servicios sancionados.