A medida que se agota la cuenta regresiva para el 10 de enero, cuando debe posesionarse el nuevo presidente de Venezuela, acorde con los resultados de los comicios del pasado 28 de julio, la presión internacional sobre la dictadura de Nicolás Maduro aumenta.

Si bien el gobierno sátrapa insiste en mantener la ‘tramoya’ del fraude electoral, su margen de acción se estrecha. No solo porque la ONU denunció la ola de violencia, persecución política y delitos de lesa humanidad que desató para acallar a la oposición y a las mayorías que exigen que se respete el dictamen democrático que señaló como legítimo ganador a Edmundo González, sino porque la cantidad de gobiernos que reconocen a este último como presidente electo crece día a día.

Por ejemplo, se dio un paso muy importante en esta última dirección: el gobierno de Estados Unidos reconoció de manera oficial a González como mandatario electo de Venezuela y, de paso, exigió que se respete el resultado electoral del 28 de julio.

Se trata de un revés político muy grave para la espuria estrategia de la dictadura que apostó en los últimos meses por ganar tiempo para desgastar a la oposición, debilitar las protestas democráticas y dilatar el bloque de presión internacional contra su continuidad en el poder.

Es claro que la decisión tomada por la Casa Blanca seguramente fue consultada con el equipo de empalme del presidente electo Donald Trump, quien ya había advertido que la democracia debe volver a Venezuela.

Cada vez queda más claro que es insostenible la polémica postura del gobierno Petro, contrario a lo exigido por sendas proposiciones del Senado y la Cámara, en torno a no reconocer el triunfo de González y seguir esperando que Maduro presente unas inexistentes actas electorales que comprueben su, también inexistente, triunfo en las urnas.