No se sabe qué termina siendo más grave: el informe del Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media (Sineb), del Ministerio de Educación, según el cual en 2023 más de 725.563 estudiantes de primaria y secundaria perdieron el año académico en Colombia o que el Gobierno, la academia, el sindicato de docentes y el país en general, no hayan declarado una alarma nacional ante una noticia tan preocupante.

Las cifras son impactantes: esos 725.000 ‘rajados’ implican que el nivel de repitencia del año creció cuatro veces entre 2019, antes de la pandemia, y el 2023. La tasa respectiva pasó, entonces, de 1,9% a 8,1% en ese lapso.

Esta circunstancia se torna más crítica si se tiene en cuenta que, a la par de la cantidad creciente de alumnos que no aprueban el grado lectivo, los índices de deserción a nivel de escuelas, bachillerato e incluso universidades han crecido de forma sustancial. El mismo informe sostiene que la tasa de retiro de alumnos es de 3,7%, lo que implica que en 2023 más de 335.000 niños y adolescentes no continuaron sus estudios básicos.

Por otra parte, el desempeño de los estudiantes colombianos en pruebas internacionales y estandarizadas como las PISA, que miden el rendimiento en materia de matemáticas, ciencias y lectura crítica, ha venido descendiendo en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, cuyo impacto en la calidad educativa −como conclusión ya global− fue más lesivo de lo esperado.

Cuesta comprender que esto ocurra en un país que lleva varios años con la educación como el rubro con mayor destinación de recursos en el presupuesto general de la nación, incluso por encima de los gastos en defensa.

El titular de Educación, Daniel Rojas, que parece más imbuido en la actual crisis ministerial y de gobernabilidad, debería darle una explicación al país al respecto, más aún después de rendir informes que hablan de un aumento de cobertura, calidad y acceso a todos los niveles de instrucción en Colombia.