La represión violenta a los opositores y la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela se continúa agravando, sobre todo por la reacción del régimen dictatorial a las protestas por el fraude a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. El lunes, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que ya investiga al gobierno autoritario por delitos de lesa humanidad cometidos en 2017, advirtió que está monitoreando esta nueva crisis de violencia. Y ayer, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, señaló que el clima de miedo aumenta debido a las continuas detenciones arbitrarias y al uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades chavistas. El comisionado consideró especialmente preocupante que se detenga, acuse o impute a tantas personas por incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. Precisó que “el derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación”.