Tras 50 días de paro judicial, en el que miles de audiencias y otras diligencias han sido aplazadas y un gran número de personas no han podido resolver su situación judicial, trasladadas a penales o incluso acceder a la excarcelación, ya en el Congreso se empezaron a escuchar voces que sugieren al Gobierno que comience a evaluar la posibilidad de que se acuda a un estado de excepción para hacer frente a la crisis, puesto que se está vulnerando el derecho a una justicia rápida y eficaz.
Hoy arranca la negociación del aumento del salario mínimo para el próximo año. Según trascendió en los pasillos de la Casa de Nariño, las apuestas están divididas en el gabinete en torno de si el titular de la cartera de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, podrá lograr un acuerdo en la Mesa Tripartita (Gobierno, sindicatos y empresarios) para dicho incremento de la remuneración básica que devengan más de cuatro millones de trabajadores en el país.
“Ni riesgo”. Esa fue la respuesta que dio un alto funcionario del Gobierno al ser consultado por un periodista de EL NUEVO SIGLO en torno de si en medio de la preocupación por el impacto en las finanzas del Estado que tendrá la caída de los precios del petróleo, no se había pensado en retirar o aplazar la reforma tributaria.
Una vez más los problemas asoman en la izquierda. A once meses de los comicios regionales y locales todo hace prever que irán a las urnas no menos de tres colectividades, a saber: el Polo, Unión Patriótica y Marcha Patriótica. A ello se suma que en la Alianza Verde está ya la mitad del petrismo, en tanto que la otra anda buscando algún partido que la acoja.
Lo que mal comienza, mal acaba. Esa fue la conclusión que sacaron varios senadores de la Comisión I al analizar las razones por las cuales se hundió esta semana en esa célula legislativa el proyecto de acto legislativo que abría la posibilidad de que los gobernadores y alcaldes se pudieran reelegir en los comicios de 2015 por un período de dos años largos, hasta el 2018.
Una visita al proyecto Hidroeléctrico Sogamoso realizó el vicepresidente Germán Vargas Lleras, durante su periplo el jueves por Santander, en el marco del cual también sobrevoló un tramo de la vía Bucaramanga- Barrancabermeja.
“Una encuesta”. Esa fue la respuesta que un alto dirigente de La U le dio a un periodista deEL NUEVO SIGLO cuando se le preguntó en torno de si esa colectividad le daría un aval el exvicepresidente Angelino Garzón para aspirar a la alcaldía de Bogotá o de Cali. Según la fuente consultada “… en estos momentos hay dudas, pero si aparece otra encuesta en donde Garzón aparezca primero o segundo, el tema se resolverá”.
Una muy alta fuente de la Unidad Nacional le reveló a EL NUEVO SIGLO cómo avanza el borrador de la estrategia para definir un candidato a la Alcaldía de Bogotá. La idea, como se sabe, es presentar un aspirante único de la Coalición para enfrentarlo muy posiblemente a otras de coaliciones, una de izquierda y otra de derecha, jalonada por el uribismo. Hasta ahí no hay mayor novedad.
A raíz de las polémicas que han surgido en torno de qué delitos pueden o no ser considerados como de lesa humanidad, lo que implica que no correrán el riesgo de prescripción de la acción penal, se radicaría en las próximas semanas un proyecto de ley que pondrá una especie de marco regulatorio para esos casos.
Un total de cien reflexiones, resultado de un ejercicio preventivo adelantado por la Procuraduría General de la Nación con el análisis, ponderación y reflexión sobre los elementos que conforman el Sistema Nacional Ambiental, fueron presentadas esta semana al país, en el marco del encuentro del Ministerio Público y el SINA, que se llevó a cabo en Villavicencio.
La posibilidad de que el senador Roy Barreras llegue a la presidencia de La U es medianamente alta.
El debate político de marca mayor se está cocinando en el Congreso. Se afirma en los corrillos que varios de los parlamentarios uribistas quieren poner en la palestra la política minera del gobierno Santos y que para ello están apoyándose en expertos en el tema y exministros de ese gobierno.