¿REFORMA A LA VISTA? Tras las dos reuniones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores ‒la semana pasada y la presente‒, a las que no fueron la mayoría de los expresidentes por estar en desacuerdo con la postura del presidente Petro sobre Venezuela, distintos analistas internacionales consideran que esa figura debe ser redimensionada, tanto del punto vista constitucional como legal. Plantean para ello varias alternativas. Una primera sería presentar un acto legislativo mediante el cual se establezca que por lo menos una vez al semestre la Casa de Nariño y la Cancillería deben convocar a la Comisión para informar a los expresidentes, excancilleres y congresistas de las comisiones segundas de Senado y Cámara cómo se está desarrollando la estrategia política exterior del gobierno de turno.

COMISIONES II TAMBIÉN. Otra de las propuestas que están sobre la mesa, según conoció un periodista de EL NUEVO SIGLO, se refiere a que en dicha reforma se establezca también que la convocatoria de la Comisión Asesora no solo sería por iniciativa exclusiva de la Casa de Nariño. Se contemplaría que, por mayorías calificadas de las comisiones segundas de Senado y Cámara, que constitucionalmente son las encargadas de tratar los temas de relaciones internacionales, se podría solicitar al Gobierno que cite una reunión de la Comisión Asesora. Esto con el fin de aumentar la capacidad de control político del Congreso sobre la política internacional del gobierno de turno, sin que ello lesione la autonomía del Ejecutivo para manejar este tema.

¿POLÍTICA MACHISTA? Se le preguntó a uno de los más veteranos congresistas su opinión respecto a qué había pasado en Colombia en estos 70 años de voto femenino. “En su momento nuestro país fue uno de los primeros en Latinoamérica en permitir la participación política de las mujeres, pero hoy es una de las pocas naciones del subcontinente que todavía no ha tenido a una presidenta…”, indicó en charla off the record con este Diario. Puntualizó que no creía que en la política colombiana hubiera machismo y trajo como colación que en lo corrido de este siglo fueron elegidas ya dos vicepresidentas, Marta Lucía Ramírez y Francia Márquez.

PULSO EN EL PACTO. El proceso para la creación del partido de la centroizquierda que reemplazará la coalición del Pacto Histórico, que ya no podrá presentarse como tal en los comicios parlamentarios de 2026, va avanzando, según se evidencia en un informe publicado en la edición del viernes pasado por este Diario. Sin embargo, cuando se le preguntó a uno de los parlamentarios petristas al respecto, respondió que había un “quisquilloso codo a codo” entre varios partidos y dirigentes, que más que estar interesados en la conformación de la nueva colectividad, lo que estaban buscando era posicionarse menor de cara a la sucesión del presidente Petro en la Casa de Nariño.

APARTANDO LUGAR. Con esas palabras un dirigente del Centro Democrático explicó lo que pasó esta semana cuando los senadores Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal expresaron abiertamente que tienen la intención de ser precandidatos presidenciales en 2026 por el uribismo. “... No veo nada raro ni tampoco creo que sea una competencia tempranera, me parece simplemente que están apartando su lugar en el partidor de las precandidaturas del Centro Democrático, como ya está ocurriendo en otros partidos y movimientos… Estamos a 17 meses de las consultas internas interpartidistas”.

UN DEBATE EN SERIO. En medio del inicio de las manifestaciones de los camioneros por el alza en el precio del diésel que el Gobierno aplicará por tres semestres consecutivos, en ese gremio consideran que hay asuntos que deben analizarse de forma muy detenida. “... En el tema del transporte de carga hay muchas cosas que no se pueden dar por sentadas... Por ejemplo, no son todos los camioneros los que están protestando, tampoco son todas las empresas generadoras de carga las que han dicho que no tienen margen de acción para reajustar los fletes... Lo que pasa es que aquí hay una cantidad de gremios de distinto tamaño y representación, pero todos se quieren abrogar la vocería completa del sector… Una cosa es que paren los camioneros en Bogotá o Medellín, que pedirle lo mismo a los del suroccidente del país, que vienen de una seguidilla insufrible de bloqueos en la vía Panamericana”, explicó un dirigente gremial el viernes pasado.

PULSO A LA VISTA. Un debate de alto vuelo asoma en el Congreso respecto a cuál debe ser el límite de velocidad vehicular permitido en Colombia, dependiendo del tipo de vía. Según conoció un periodista de este Diario, se está preparando un proyecto de ley para aumentar la velocidad de tráfico en las autopistas de tercera, cuarta y quinta generación. Esto bajo la tesis de que se trata de infraestructura vial moderna, de doble o triple calzada, razón por la cual es procedente permitir una mayor velocidad. Obviamente se generará un gran debate, sobre todo tras las estadísticas de accidentalidad vial del primer semestre de 2024, que aumentaron frente a igual lapso del año pasado.

MONITOREO AL MILÍMETRO. Una de las prioridades del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tras el acuerdo al que llegó con el sector financiero para irrigar 55 billones de pesos adicionales en créditos a sectores claves para la reactivación económica, es que los distintos bancos e instituciones tienen un plazo corto para dar a conocer cuáles serán esas líneas de préstamos flexibles que activarán. Se hará un seguimiento detallado para vigilar que efectivamente se cumpla lo pactado, con bajas tasas de interés y condiciones más favorables a las que se están aplicando hoy por hoy.

BAJO LA LUPA (I). La Procuraduría y la Contraloría generales están adelantando las indagaciones respecto a por qué los equipos que se adquirieron en los últimos años por parte del Inpec para bloquear la señal de los teléfonos celulares en las principales cárceles del país, con el fin de frenar las llamadas extorsivas y otras actividades delincuenciales, no han funcionado como se dijo cuando fueron adquiridos.

BAJO LA LUPA (II). "... Lo que se está investigando es por qué si en los contratos de adquisición de esos equipos de inhibición de señal de telefonía celular los proveedores aseguraron que era posible bloquear las llamadas al interior de los penales sin que esto afectara las comunicaciones de las comunidades que viven alrededor de las prisiones, tan pronto como empezaron a funcionar se evidenció que lo prometido por los proveedores no era cierto y que el bloqueo de señal era indiscriminado... Si se hace una sumatoria de la cantidad de presupuesto público invertido en la mayoría de prisiones con este tipo de equipos, muchos de los cuales han tenido que ser desactivados por las acciones judiciales interpuestas por las comunidades afectadas, se encuentra que el daño al erario fue millonario”, le dijo a este Diario un alto exfuncionario del Inpec.