La demanda billonaria que centenares de campesinos, hacendados y particulares impusieron contra el Estado exigiendo una indemnización por los daños causados por la ruptura del Canal del Dique y el anegamiento de una extensión región del Atlántico a comienzos de este año, ya preocupa a las autoridades nacionales no sólo por el monto que están pidiendo los afectados (tres billones de pesos) sino porque uno de los argumentos de los abogados de los quejosos es un caso que ocurrió en 1984 con esta misma obra de infraestructura y allí la Nación terminó siendo condenada. 

 

Demanda del Dique (II)

 

El pleito, que ya pasó la etapa de conciliación, y obviamente no la hubo, será llevado al consejo de ministros y lo más seguro es que el Estado, dado que todavía no se ha creado la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, evalúe la posibilidad de contratar un pool de abogados externo que represente a las entidades públicas en el pleito. La argumentación oficial se basará en que la temporada invernal del año pasado sobrepasó todas las previsiones y estándares históricos climáticos, y por lo tanto, así como pasa con las tragedias causadas por la fuerza de la naturaleza, era imposible calcular sus efectos y el nivel de daños. Por lo mismo el Estado no puede ser culpado por acción ni omisión en el caso del Canal del Dique.

 

Reserva costeña

 

A propósito de los off the record del miércoles sobre el futuro de algunos de los salientes gobernadores y alcaldes, un veterano senador hizo llegar a esta sección un comentario sobre la “reserva partidista presidencial y vicepresidencial de los costeños” para 2014. Según el parlamentario, que pidió el anonimato, mientras Alejandro Char (que deja la alcaldía barranquillera con una imagen muy alta) es la figura costeña más prominente para Cambio Radical, el senador Armando Benedetti quiere proyectarse como tal en La U, mientras que el ex procurador Edgardo Maya o el mismo Eduardo Verano de La Rosa (que sale de gobernación de Atlántico) suenan como cartas liberales fuertes a escala regional. Por el lado de los conservadores, no se sabe si el ahora embajador en Argentina, Carlos Rodado, insista en 2014 en una eventual precandidatura conservadora (aunque fue jefe de debate de Santos). 

 

Más cambios 

 

En los pasillos de la Casa de Nariño y la Cancillería se rumora que los cambios en la nómina diplomática seguirán dándose antes de terminar este año. En los últimos tres meses, el Gobierno ha designado titulares en varias embajadas y se sabe que algunos de los actuales titulares alistan maletas para regresar al país, ya sea porque en privado les han insinuado que es hora de ir pensando en la renuncia, o porque tienen interés en trabajar con los nuevos gobernadores y alcaldes que se elegirán el 30 de octubre y entrarían a ejercer en enero próximo.

 

Atados de manos

 

La impotencia del Gobierno para evitar que los congresistas que están condenados por parapolítica sigan abusando de los permisos para salir de prisión por lapsos no mayores a 72 horas cuando han cumplido una porción de su pena y observado “buen comportamiento”, también se siente en la Corte Suprema de Justicia, en donde los magistrados son conscientes de que es muy poco el margen de acción que tiene el alto tribunal para impedir o restringir esas excarcelaciones temporales. Si bien es cierto que las condenas no sólo tienen el componente de la pena de prisión y las multas, sino también la interdicción de derechos políticos al recluso, sólo cuando hay una prueba fáctica e irrefutable de que el preso está violando esa restricción se podría evidenciar una falta al Código Penitenciario y anular los permisos. Antes de ellos, nada se puede hacer.