Al cumplirse tres años del fallo de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, que cercenó a Colombia más de 78 mil kilómetros cuadrados de mar territorial en los alrededores del archipiélago de San Andrés y Providencia, varios sectores de la población de la isla se preguntaban al cierre de la semana si no ha faltado una mayor vigilancia de la Casa de Nariño sobre el nivel de cumplimiento del plan de choque de inversión social lanzado por el Gobierno tras la lesiva sentencia. Se afirma entre varios dirigentes políticos que la primera parte del plan de choque, que significó el anuncio de inversiones por más de 600 mil millones de pesos entre 2012 y 2014 sólo se vino a culminar este año y que las nuevas promesas gubernamentales no alcanzan a suplir las necesidades de ese territorio insular.

Promesa incumplida (I)

Y hablando de aniversarios, el año pasado por estas mismas fechas el presidente Santos le pidió a su partido, La U, que impulsara un referendo para que los colombianos pudieran decidir en las urnas si los violadores de niños debían recibir como castigo la cadena perpetua. El anuncio presidencial fue hecho durante un evento partidista y como homenaje a la fallecida senadora Gilma Jiménez, quien trabajó en la defensa de los derechos de los niños. Un año después el referendo sobre cadena perpetua continúa siendo una promesa pendiente y ni siquiera se recogieron las firmas, como tampoco se radicó la respectiva iniciativa en el Congreso.

Promesa incumplida (II)

Otro de los temas pendientes de La U es la llamada “Ley de Veteranos”. En ese mismo cónclave partidista de hace un año Santos le pidió a su partido empezar a trabajar en un proyecto de ley que, una vez aprobado y en cuanto se lograra la paz en el país, se convirtiera en una Ley de Veteranos que brindara beneficios especiales a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, como una forma -dijo el Jefe de Estado- de darles gracias a estos héroes que han librado una guerra irregular, ardua y prolongada. Incluso dijo que una ley de esa naturaleza no sería “muy costosa”, pero sí les brindaría beneficios a los miembros de la Fuerza Pública como, por ejemplo, prioridad en el acceso a universidades, descuentos en supermercados y muchos otros. Calculó los beneficiarios de la futura norma en dos millones de colombianos, es decir, los más de 400 mil miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, con  sus respectivas familias. A hoy ese proyecto de ley tampoco ha sido debatido en el Congreso.

¿Jefe único?

En las toldas del Partido Verde hay quienes consideran que dados los últimos desencuentros de pronunciamientos entre algunos de sus copresidentes y voceros, lo mejor sería ir pensando en una especie de jefe o jefa única que sea la voz cantante en materia política. Obviamente los nombres de Antonio Navarro y la senadora Claudia López son los que encabezan la prematura baraja.

Diálogo azul

LOS SENADORES Roberto Gerlein y Hernán Andrade, conservadores, hablan en la plenaria del miércoles pasado sobre la polémica por la suspensión del trabajo parlamentario un día antes, en paralelo al partido de la selección Colombia contra Argentina. Los senadores hablan con base en la nota de la sección “enfrentado” que publica este Diario. /Juan Sebastián Cuéllar